La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó el pedido de reapertura de la causa judicial por el naufragio del BP Repunte, ocurrido el 17 de junio de 2017 frente a las costas de Chubut. Con esta decisión, el tribunal confirmó el archivo del expediente que había sido dispuesto el año pasado por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los familiares de las víctimas.
El Repunte, propiedad de la empresa marplatense Ostramar S.A., se hundió en medio de una tormenta a unas 36 millas náuticas al norte de Rawson. El siniestro provocó la muerte de diez tripulantes y se convirtió en uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la pesca argentina.
Tras el cierre del expediente en primera instancia, los familiares de las víctimas apelaron la decisión judicial con el objetivo de que la investigación continuara. Sin embargo, la Cámara Federal resolvió confirmar el archivo, lo que implica que, por el momento, la causa no será reabierta.
“Para nosotros es el segundo hundimiento del Repunte”
La decisión judicial fue recibida con profunda indignación por parte de las familias de los marineros fallecidos. En un comunicado difundido públicamente, expresaron su rechazo a la sentencia y cuestionaron los fundamentos del tribunal.
“Para nosotros, este fallo representa el segundo hundimiento del Repunte. Si el 17 de junio de 2017 el mar se llevó la vida de nuestros hijos, padres y hermanos, hoy es el Poder Judicial el que intenta sepultar la verdad y la posibilidad de justicia”, señalaron.
Según manifestaron, la resolución judicial constituye “un golpe totalmente inesperado” y evidencia “la falta de voluntad para juzgar el naufragio con más muertes en la historia de la pesca argentina”.
En su pronunciamiento, la Cámara Federal sostuvo que el buque contaba con certificados de seguridad vigentes y consideró que los responsables empresariales actuaron dentro de lo que la jurisprudencia denomina “riesgo permitido”. También aplicó la figura de la “prohibición de regreso”, entendiendo que los armadores e inspectores no pueden ser responsabilizados por lo que ocurre una vez que el barco zarpa.
Los familiares rechazaron duramente ese enfoque y sostuvieron que la decisión judicial se apoya en argumentos formales que, a su entender, dejan sin analizar aspectos centrales de la investigación.
“Para los jueces, un sello en una oficina vale más que la realidad de un barco que era una trampa mortal”, afirmaron, al señalar que los certificados habrían sido obtenidos con datos incorrectos sobre la estabilidad del buque.
También cuestionaron que se hayan considerado irrelevantes pericias técnicas elaboradas por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), las cuales —según indicaron— advertían sobre el estado estructural de la embarcación y su falta de aptitud para la pesca de langostino; (por la alteración de esfuerzos por el uso de tangones afectando la estabilidad).
A su entender, la decisión de no avanzar hacia un juicio oral impide que esas pruebas sean debatidas públicamente y limita la posibilidad de determinar responsabilidades.
Ante el cierre de la instancia judicial en el país, los familiares adelantaron que buscarán llevar el caso a instancias internacionales.
Según anunciaron, presentarán el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), al considerar que el Estado argentino no garantizó una investigación adecuada.
“El Estado ha fallado en su deber de investigar y sancionar la muerte de diez trabajadores”, sostuvieron.
A casi nueve años del hundimiento del Repunte, el caso continúa generando debate dentro del sector pesquero y entre los trabajadores del mar. Para las familias de las víctimas, el cierre de la causa representa un nuevo golpe en una lucha que, aseguran, seguirá vigente.
“No buscamos venganza, solo exigimos justicia para que estos hechos no queden impunes y se puedan evitar en el futuro”, afirmaron.
