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    Lógica más sentido común, a favor de la industria naval

    PescarePor Pescare18 de mayo de 20174 Minutos
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    El disenso no debe significar rechazo sino una oportunidad para darnos más diálogo, encontrar nuevas soluciones y avanzar.
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    Por Miguel Ãngel Sánchez*
    Carlos Pellegrini decía que «no puede haber gran Nación, si no es Nación industrial, que sepa transformar la inteligencia y actividad de su población en valores y riqueza colocar a la industria nacional en condiciones de poder luchar con la extranjera».
    Sin comprensión ni responsabilidad no hay industria. Pero sin inversiones ni financiación y sin mercado, tampoco.
    Nuestra historia más reciente nacía en el 2013, cuando se presentaba en Diputados un proyecto de ley que unía en un mismo plexo normativo a la Marina Mercante y a la Industria Naval. El debate tomó diversas formas, métodos e intensidades. Sin embargo, a pesar de tanto, algo sí funcionó: la perennidad del tema. Cambió el gobierno nacional, pero el Estado sigue siendo el mismo y nuestro pedido también.
    El año pasado, Senadores aprobó simultánea y unánimemente los proyectos de ley de Marina Mercante y de Industria Naval, y recientemente los diputados se reunieron para retomar esta cuestión. El Poder Ejecutivo también está trabajando, desde los ministerios de Producción, Transporte y Economía. Entendemos que aquí están las últimas observaciones que entre todos deberemos saber superar. La no coincidencia no debe significar rechazos sino una oportunidad para darnos más diálogos, encontrar nuevas soluciones y avanzar.
    Las mejores leyes no son las deseables sino las que son útiles porque tienen una lógica y un sentido común básico (incentivos fiscales, créditos, leasings, fondos, etc.) para poder enfrentar tanto las realidades que se nos imponen en el mundo como, a la vez, alentar y facilitar las inversiones de los armadores (privados y públicos) para construir en los astilleros argentinos.
    Nosotros no podemos obligar a los armadores a que construyan sus embarcaciones en nuestro país. Esto depende de su responsable decisión, pero también de las ventajas que el Estado, como otros, sepa ofrecerles. Sí tenemos una necesidad común y complementaria: ambos podemos desarrollar mejor nuestras empresas en la medida en que el mismo Estado nos ofrezca posibilidades ciertas para generar más empleo, más inversiones, y más valor agregado.
    Ejemplo
    El Ministerio de de Industria, Energía y Turismo del Reino de España define sin disimulos en su página web a la construcción naval como «una industria de síntesis, que fabrica un producto singular de elevada tecnología, adaptado a los requisitos exigidos por cada armador, con un elevado valor unitario y largos períodos de construcción, muy sensible a los ciclos económicos, que opera en un mercado con exceso permanente de capacidad y enormemente competitivo, y que no puede valerse de los mecanismos de la OMC.
    En este entorno, los astilleros necesitan apoyo para incentivar la contratación de buques de armadores internacionales en nuestros astilleros y su nivel de competitividad internacional por medio de las actuaciones que impulsan la mejora mediante proyectos de  I+D, innovación e inversión.
    Con estos fines y objetivos, se ofrece la posibilidad, a los potenciales armadores de buques, préstamos en condiciones más ventajosas que las que se pueden obtener en el mercado. Los créditos pueden concederse por entidades de financiación, oficiales o privadas, separadamente o mediante formación de consorcios hasta el 80% del valor base del buque determinado por la Dirección General de Industria y Pyme. El periodo máximo de amortización es de 12 años contados a partir de la fecha de entrega del buque. El Ministerio subvenciona la diferencia entre el tipo de interés de referencia a largo plazo de la entidad financiadora y el tipo de interés del crédito concedido, con un límite en la subvención de un punto porcentual». Rotundo.
    Con una industria naval mundial dominada por los astilleros asiáticos y con una Europa incapaz de competir, optaron por aplicar hacia adentro el sentido común a través de una serie de normas consecuentes que les permitiera preservar sus fuentes de empleo, inversiones, cadenas de valor, industrias, y flota, y, a la vez, mantener, para afuera, otros tipos de discursos y exigencias.
    El viejo sistema de bonificaciones (Tax Lease) que utilizan para «competir» en precios Francia, Holanda, Alemania, España, etc., ha dado resultados. La Xunta de Galicia aplica un nuevo sistema de arrendamiento fiscal para los astilleros que ha permitido la contratación de 40 buques por un valor total de 1.500 millones de euros.
    En Argentina somos cientos de ingenieros navales, trabajadores, talleres, proveedores, astilleros, tripulantes, armadores, marinos, prefectos, portuarios, estudiantes, docentes, investigadores, profesionales, técnicos a los que sólo nos queda apelar a que se aplique la lógica y el sentido común. Son éstos nuestros últimos fundamentos y primeros motivos para que el país de los 8.400 kms de costas fluviales y marítimas, tenga su propia flota mercante, su propia industria naval, y sus propias leyes.
    (*) Coordinador de la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval Argentina y miembro de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin).

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