Los valores de exportación de corvina y pescadilla nuevamente en la mira de la Afip

Los envíos de corvina y pescadilla en sus formatos “entera/congelada” vienen siendo monitoreados de cerca por la Dirección de Fiscalización de Exportaciones, órgano que depende de la Afip.
De acuerdo a información que hizo circular la Dirección, se pretende establecer un control específico sobre las empresas ligadas a las exportaciones de estos recursos. ¿El objetivo? Verificar posibles esquemas de subfacturación.
El dato pudo ser corroborado por Pescare.com.ar tras consultar a dos despachantes de aduana locales: “A partir de un informe técnico de corvina con datos de 2013, sé que están revisando los valores muy detalladamente”, confirmó uno de ellos.
Entre otros aspectos, el trabajo de seguimiento hace foco en las exportaciones para la posición arancelaria de corvina P A. 0303.89.10.990J, en los tamaños entre 500 y 1.000 gramos, destacando 1014 destinaciones por un valor FOB total de 53,4 millones de dólares.
Aunque en función de la importancia por volumen, el análisis se centra en la mercadería enviada a Camerún, Congo, Benin, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Angola, Brasil, China, Israel y Vietnam. “Para pescadilla seguramente ya estarán trabajando en un informe técnico similar”, apuntó la otra fuente consultada.
Es necesario tener en cuenta que los precios promedios analizados en el informe corresponden a un valor que no incluye los derechos de exportación; es decir, no es el precio Free On Board (FOB), sino la base imponible sobre la cual se liquidaron retenciones.
El informe recomienda no aceptar como referencia valores inferiores a los se describen a continuación, ya que estos conformarían valores corrientes de mercado; aunque todavía no se publicó normativa alguna en esa dirección.

Antecedentes
Vale señalar que los precios de referencia para estas especies nunca fueron normados. Sí se intentó fijar en mayo pasado un “protocolo de valor” con valores FOB en dólares por kilo para distintos tamaños de corvina y según el destino de las exportaciones.
En base a esos precios, la Aduana les exigía a los exportadores que documentaban por debajo de ese nivel abonar la diferencia de derechos o constituir una garantía. Sin embargo, la medida no tenía sustento legal, ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial, y como consecuencia, sólo estuvo vigente dos meses.