La reciente y polémica asignación de 5.000 toneladas de langostino por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP), en una sesión realizada el jueves 22 de junio, ha desatado un tsunami de críticas y acusaciones de favoritismo dentro del sector pesquero.
En un encuentro virtual este viernes, representantes de cámaras empresariales de la Patagonia, cámaras bonaerenses y empresas independientes se reunieron vía Zoom para debatir las controvertidas decisiones tomadas en el seno del CFP. El foco de la indignación: el Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP), instaurado en diciembre de 2022, que establece una distribución considerada por muchos como «arbitraria» y «a dedo» de 5.000 toneladas anuales de langostino, extendiéndose hasta la temporada de 2028 inclusive.
La comunidad empresarial no escatimó críticas hacia los miembros del CFP, señalando que el proceso de asignación careció de transparencia y fue manejado con una opacidad alarmante. Las entidades han manifestado su intención de revisar el expediente para fundamentar sus objeciones, especialmente respecto al ingreso de barcos sin historial de captura de langostino, una maniobra descripta con absoluto tono irregular donde se especula que un oscuro ex funcionario distrital de Mar del Plata intentan oficiar de valijero por su amistad con un empresario local mentor de la negociación, en un rumor que no nos consta, pero que por estas horas, en los muelles se afirma.
Presiones y Manejos Turbios
El escándalo tiene sus raíces en una movida política del 15 de diciembre de 2022, cuando el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presionó al CFP, presidido por Carlos Liberman, para asegurar un cupo especial de langostino para su provincia. Justificó su demanda alegando que desde 2018, Chubut y Santa Cruz recibían cupo social como compensación por tener vedado el golfo San Jorge para la pesca del crustáceo. Rodríguez consiguió lo que buscaba: el mismo día, el CFP aprobó por unanimidad la creación del FAFP con una asignación de 5.000 toneladas sin mayor resistencia pro parte del subsecretario y presidente del CFP.
A pesar de que la Resolución CFP Nro.23/2022 establecía que la asignación se realizaría después del 15 de agosto de cada año, la repartición de las cuotas se aceleró la semana pasada, generando suspicacias y críticas sobre la «urgencia» de este reparto.
Rechazo Generalizado y Sospechas
Empresas y cámaras empresariales, tanto patagónicas como bonaerenses, han manifestado su descontento, argumentando que esta medida incrementa injustificadamente el esfuerzo pesquero, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso. La asignación a 22 barcos seleccionados bajo criterios cuestionables ha dejado un sabor amargo en el sector, especialmente porque no hubo una convocatoria abierta y transparente. Las críticas apuntan a la participación de figuras vinculadas al poder y a la exclusión de otros actores clave, como las plantas procesadoras.
En Chubut, el malestar es palpable y en Mar del Plata alarmante. Se sostiene que si el representante provincial, Awstin, no hubiera dado su consentimiento, por el reparto de 1200 tn para la flota amarilla de Chubut, el reparto no habría beneficiado mayoritariamente a la flota bonaerense y a sus «amigos». La turbidez del proceso ha sembrado dudas sobre la transparencia y honestidad de la administración pesquera, con algunos describiendo la situación como la fiesta de fin de ciclo y el regalo de Papa Noel, en referencia a los actuales administradores de la pesca que estarían aprovechando sus últimos meses en el cargo para «cocinar» beneficios para ciertos intereses de campaña.
Este escándalo ha encendido los ánimos en el sector, con reuniones y conversaciones que se tornan cada vez más tensas y acaloradas. La próxima semana promete más confrontaciones, mientras el horno sigue encendido y el malestar crece.
