Pese a las reiteradas advertencias de la Corte Suprema de Justicia, la Argentina persiste en una práctica judicial tan errática como corrosiva: la aplicación de criterios dispares y discrecionales para calcular indemnizaciones laborales. La inercia normativa y el activismo judicial están conformando una tormenta perfecta donde confluyen inflación desbocada, juicios eternos, fórmulas indexatorias abusivas y un entramado legal disfuncional que convierte cada sentencia en una ruleta rusa que puede quebrar a una empresa.
El problema no es nuevo. Pero hoy adquiere tintes dramáticos. Lo advirtió la Corte dos veces en menos de un año, al declarar arbitrarios los fallos Oliva y Lacuadra, donde se ordenaban pagos indemnizatorios con intereses superiores al 8000% y 20.000% respectivamente. Y lo volvió a subrayar al cuestionar el uso de fórmulas que no solo distorsionan el resarcimiento sino que destruyen cualquier noción de proporcionalidad.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lejos de tomar un camino de coherencia institucional, persiste en el caos. Sus diez salas aplican hasta seis fórmulas diferentes para calcular la actualización de montos: algunas usan el IPC con un adicional de hasta el 6% anual; otras aplican el CER, el Ripte o combinaciones tan creativas como insostenibles. En este laberinto jurisprudencial, lo único certero es la incertidumbre.
Empresas condenadas al abismo
La consecuencia de este desmadre no se mide solo en cifras. Se mide en quiebras, despidos preventivos y una parálisis del empleo privado que ya roza lo patológico: la Argentina no crea puestos registrados desde 2012. Las pequeñas y medianas empresas —el esqueleto del tejido productivo— sobreviven bajo amenaza constante. Saben que cualquier desvinculación laboral, incluso aquella que responde a una causa justificada, puede escalar en los tribunales hasta convertirse en una indemnización impagable.
Basta con repasar algunos casos del sector pesquero, donde algunas indemnizaciones escalan hasta $400 millones después de años de aplicar una maraña de índices indexatorios inentendibles desde el punto de vista económico.
En todos los casos, el patrón se repite: fallos que aplican anatocismo es decir, la aplicación de interés sobre interés, es la práctica de capitalizar los intereses vencidos, es decir, sumarlos al capital original para que a su vez generen nuevos intereses. suman costas y honorarios alocados, y arrojan cifras desconectadas de la realidad económica. Lo que debía ser una reparación justa se convierte en una confiscación encubierta.
El fracaso del sistema actual
El punto más crítico de esta maquinaria kafkiana fue el Acta 2764, dictada por la Cámara en 2022, que habilitó el recálculo de intereses ya devengados, lo que en la práctica constituye anatocismo —una figura expresamente prohibida por el Código Civil de Vélez Sarsfield y rechazada por los principales cuerpos jurídicos del país. En lugar de corregir esa desviación, un año después la misma Cámara propuso la fórmula CER + 6% anual, una solución que apenas disimuló el abuso anterior.
Nada de esto sería tan grave si el sistema tuviera al menos un mínimo de previsibilidad. Pero no: cada fallo es un tiro en la oscuridad. Las empresas desconocen con qué fórmula serán juzgadas, cuánto tiempo durará el juicio y qué cifra final deberán afrontar. En este contexto, pensar en contratar nuevo personal es, para muchas pymes, una osadía suicida.
¿Reforma o simulacro?
El Gobierno nacional, consciente de esta bomba de tiempo, ha impulsado una reforma laboral que intenta modernizar el sistema de indemnizaciones. Entre las propuestas más resonantes está la creación de un Fondo de Cese Laboral, inspirado en el modelo de la UOCRA. Allí, los empleadores realizarían aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador, que podría cobrar en caso de despido, renuncia o jubilación. Una idea sensata en términos de previsibilidad, pero aún incipiente y resistida por parte del sindicalismo tradicional.
La reforma también incorpora cambios en los causales de despido con justa causa, lo que permitiría a las empresas desvincular trabajadores sin abonar indemnización si demuestran perjuicios concretos, bloqueos, amenazas o conductas injuriosas. No obstante, sin una revisión integral del régimen judicial, cualquier modificación legal corre el riesgo de ser reinterpretada, revertida o neutralizada en los estrados por jueces que operan con total autonomía y un sesgo ideológico arraigado.
Una cancha inclinada
La percepción del mundo empresario es clara: el fuero laboral se ha transformado en una jurisdicción paralela, donde los principios generales del derecho ceden ante una lógica tutelar que presume culpa empresarial incluso ante la más mínima irregularidad. Como graficó el Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr.Guillermo Lipera, «los empleadores son visitantes en una cancha inclinada«.
Los defensores del sistema argumentan que estas cifras siderales se evitarían si no hubiera incumplimientos. Pero eso desconoce una realidad: el marco laboral argentino está diseñado para sancionar de manera desproporcionada incluso errores administrativos menores, y castigar con la misma vara tanto al evasor deliberado como al pequeño emprendedor que comete un desliz en la liquidación salarial.
En definitiva hoy, la Argentina enfrenta un dilema de fondo: o redefine su justicia laboral hacia un esquema moderno, equilibrado, previsible flexible a la realidad de la oferta y demanda de empleo, o continuará incubando un régimen de litigiosidad que desalienta la inversión, castiga al que produce y promueve un modelo extractivo en lugar de un ecosistema de trabajo digno y sostenible.
Lo ha dicho ya la Corte, y lo grita a diario la realidad: seguir con este sistema de indemnizaciones es una forma elegante de arruinar empresas, desalentar el empleo y condenar al país a la estéril repetición de su fracaso. ¿Hasta cuándo?.
