El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, presentó una acción judicial ante la Justicia Federal para frenar la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia, al considerar que la medida avanza sobre competencias provinciales, vulnera el régimen federal y carece de sustento constitucional.
La presentación judicial busca la declaración de inconstitucionalidad de la resolución nacional y solicita, además, una medida cautelar urgente para evitar la consolidación de efectos que, según el Ejecutivo fueguino, podrían generar daños económicos y laborales de difícil reversión.
Desde el oficialismo nacional indicaron que, a partir de mediados de 2025, la ANPyN comenzó a recibir denuncias provenientes de trabajadores portuarios y del sector empresario local, vinculadas al deterioro de la infraestructura, falta de inversiones sostenidas y presuntas inconsistencias financieras en la administración del puerto. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, fundamentó la intervención del Puerto de Ushuaia al señalar que «se detectó un presunto desvío de fondos por 6.000 millones de pesos, además de otras irregularidades vinculadas a la infraestructura y el estado edilicio«.En ese marco, sostienen que las autoridades provinciales estaban al tanto de esos planteos.
Ese cúmulo de observaciones derivó en inspecciones técnicas y, posteriormente, en la decisión de avanzar con una intervención administrativa sobre el área de infraestructura portuaria.
El gobernador Gustavo Melella rechazó de manera categórica los argumentos utilizados por el Gobierno nacional y calificó la medida como una “intervención encubierta”, a su entender incompatible con el marco constitucional y el principio de autonomía provincial.
El mandatario negó la existencia de desvíos de fondos, desinversión o irregularidades contables, y aseguró que los recursos generados por la operatoria portuaria son reinvertidos en el propio sistema y se encuentran auditados. En ese sentido, cuestionó que, si existían sospechas de delito, no se haya recurrido directamente a una denuncia penal.
Melella advirtió además que este tipo de decisiones sientan un precedente institucional delicado, al habilitar —según su lectura— la posibilidad de que el Estado nacional avance sobre administraciones locales sin un proceso judicial previo.
En su presentación, la Provincia sostiene que la resolución de la ANPyN desconoce el Convenio de Transferencia de 1992, mediante el cual la Nación otorgó a Tierra del Fuego el dominio y la administración del puerto, y que la intervención implica una apropiación indebida de facultades que no le corresponden al organismo nacional.
El escrito también advierte que el esquema implementado por la intervención podría generar un manejo financiero por fuera del control provincial, con impacto directo sobre los recursos locales y potencial riesgo para la continuidad laboral en el sector portuario.
Por ese motivo, el Ejecutivo fueguino solicitó una medida cautelar inmediata, con el objetivo de suspender los efectos de la resolución mientras se sustancia el proceso judicial.
El Puerto de Ushuaia cumple un rol estratégico para la logística regional, el turismo antártico, la actividad pesquera y el abastecimiento de la provincia. La controversia entre Nación y Provincia abre ahora un escenario de tensión institucional, con implicancias directas en la administración portuaria y en la previsibilidad para los actores económicos que operan en el extremo sur del país.
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, ambas partes mantienen posiciones contrapuestas sobre el alcance legal de la intervención y el futuro esquema de administración del principal puerto fueguino.
N.de R.: Agradecemos especialmente al equipo de Difusión de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por el vínculo permanente con nuestro medio, la predisposición sostenida y la colaboración informativa que facilita el acceso a contenidos y comunicaciones de interés público.
