Lejos del consenso que requiere una iniciativa de este tipo, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales presentaron en Casa de Gobierno el proyecto de ley para implementar dos nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP).
Se trata de las áreas Yaganes y la ampliación de Namuncurá-Banco de Burdwood que con su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas llevaría la superficie marina costera protegida a 155.918 km2.
Del acto de presentación tomaron parte el ministro de Ambiente, Sergio Bergman; el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Eugenio Bréard; y el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
“Este constituyen el primer paso para lograr la protección del 10 por ciento del Mar Argentino”, informaron las autoridades tras la presentación.
En el mismo comunicado apuntan que Yaganes representa el 0,23 por ciento del esfuerzo pesquero a nivel nacional y sumará a la protección marina costera más de 69 mil km2; mientras que Burdwood; el 0,81 por ciento de la actividad pesquera con una superficie de más de 28 mil km2.
Oposición en la industria
El origen de la medición de ese impacto no está claro, no fue especificado. “Avanzar con esto es una locura. Están queriendo tocar áreas donde se pesca merluza y calamar sin el respaldo técnico necesario y sin consenso”, expresó un actor de la industria ante Pescare.com.ar.
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Otra fuente consultada recordó que la propia FAO pone reparos ante proyectos de esta naturaleza: “Las AMP mal estructuradas y con cuya ejecución se persiguen fines demasiado ambiciosos llevarán a menudo a cometer errores resultantes de usos inapropiados, de un diseño imperfecto o de una aplicación defectuosa, o de estos tres fallos a la vez”, concluye un trabajo del organismo de Naciones Unidas llamado “Ordenación Pesquera”.
Según la FAO, es necesaria una planificación cuidadosa, un diseño científicamente fundamentado y un enfoque de gestión eficaz. Además, recuerda que las AMP repercuten tanto en el ambiente biológico como en las personas, en este caso sobre las miles de personas que tienen a la actividad pesquera como sustento.
En el caso argentino, el proyecto de ley en cuestión fue elaborado por Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, en colaboración con distintos organismos públicos.
“Este compromiso de creación de AMP es el resultado de un proceso de búsqueda de consensos para una política de Estado de conservación y uso racional de los ecosistemas marinos, que incluyó un amplio diálogo intersectorial y participativo”, argumentaron ayer en Casa de Gobierno.
Sin embargo, ningún representante del sector pesquero tomó parte de ese proceso, ni fue consultado formalmente. Tampoco se les otorgó la posibilidad de compartir un estudio sobre el eventual impacto en la actividad extractiva. El Inidep también quedó afuera.
¿Dos autoridades?
Por otro lado, asoma la debilidad legal del proyecto. Es el Consejo Federal Pesquero el organismo encargado de fijar las medidas de manejo que tocan al sector. No puede haber dos autoridades en esta materia, se parte un error conceptual grave.
