El acuerdo, suscripto en junio de 2024 por la entonces canciller Diana Mondino, busca establecer mecanismos de protección y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, como el denominado “Agujero Azul”, situado más allá de la milla 200 en el Mar Argentino.
Este tratado, oficialmente conocido como BBNJ (por sus siglas en inglés: Biodiversity Beyond National Jurisdiction), permitiría crear áreas marinas protegidas en alta mar, donde actualmente operan sin regulación flotas extranjeras, mayormente asiáticas, que pescan sin restricciones y arrojan residuos contaminantes. Aunque Argentina no tiene soberanía sobre esas aguas, sí padece las consecuencias de la sobrepesca y la contaminación que generan estos buques, especialmente en las costas de la Patagonia.
Pese a la relevancia del acuerdo, su entrada en vigencia requiere la ratificación de al menos 60 países. Hasta el momento, solo 21 lo hicieron, entre ellos Chile. Argentina, en cambio, no ha remitido aún el tratado al Congreso para su tratamiento legislativo.
En este contexto, Francia ha comenzado a ejercer presión diplomática para que el país avance en la ratificación. El interés francés se vincula con la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se celebrará en junio en la ciudad de Niza. El gobierno de Emmanuel Macron aspira a que el tratado esté vigente para entonces y ha intensificado gestiones con países particularmente afectados por la actividad pesquera ilegal o no regulada.
Mientras tanto, los buques extranjeros siguen extrayendo sin control especies como calamar y merluza en el borde del Mar Argentino, un espacio rico en recursos pero carente de normativa internacional efectiva. La ratificación del BBNJ representaría un paso clave para revertir esta situación y reforzar la defensa del ecosistema marino del Atlántico Sur.