En un tono firme y sin ambigüedades, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, delineó el rumbo institucional que el Gobierno nacional se propone consolidar a partir de diciembre: una nueva etapa de reformas estructurales, centradas en los regímenes laboral, previsional y de coparticipación fiscal.
Aunque diciembre de 2025 aún parezca una meta muy lejana para un sector pesquero urgido de respuestas inmediatas, el ministro proyecta que un Congreso con mayor presencia oficialista permitirá destrabar reformas clave, mediante una agenda legislativa con quórum propio que habilite la sanción de leyes fundamentales para el mundo del trabajo.
El anuncio tuvo lugar en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde Sturzenegger expuso ante los principales referentes del empresariado nacional e internacional. Allí, sostuvo que el verdadero debate reformista se habilitará con la nueva composición legislativa surgida de las elecciones de octubre. «El 10 de diciembre se abre una ventana decisiva: vamos a reactivar la palanca del Congreso para impulsar las reformas libertarias«, afirmó, en una disociación entre los tiempos de la necesidad del sector industrial productivo y el legislativo-ejecutivo gubernamental.
Entre los ejes estratégicos, el ministro hizo foco en la necesidad de desarticular la rigidez normativa del mercado laboral argentino. Cuestionó el esquema centralizado de negociaciones colectivas de trabajo y lo contrastó con modelos descentralizados como el alemán. “No puede tratarse igual la productividad en Milán que en Calabria. Lo mismo ocurre entre distintas regiones de nuestro país. Nuestro sistema actual desconoce esas diferencias esenciales”, remarcó.
Aunque el ministro afirmó que el Estado no impondrá soluciones, sino que ofrecerá un marco legal para que los privados definan condiciones laborales según su realidad productiva, desde distintos sectores advierten una contradicción de fondo: al delegar la iniciativa a las empresas y gremios, el Gobierno aparenta deslindar responsabilidades, cuando en los hechos sigue siendo la Secretaría de Trabajo —órgano estatal— quien debe homologar los convenios colectivos y validar esas paritarias.
Sturzenegger también subrayó la urgencia de modernizar el sistema educativo, cuestionando las restricciones actuales al acceso digital en el ámbito público. «Tenemos una educación pública que no puede ofrecer contenidos digitales porque está prohibido hacerlo. Esto es insostenible en la era del conocimiento«, señaló.
En materia fiscal, propuso repensar la estructura tributaria desde una lógica de gasto. “No se puede comenzar una discusión pidiendo rebajas impositivas sin discutir antes la reducción del gasto. Pedir menos impuestos sin ajustar el gasto es simplemente trasladar la carga de un contribuyente a otro”, argumentó.
Sobre la coparticipación federal, adelantó que se abrirán debates pero delegó el detalle técnico a la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
Finalmente, y en un mensaje directo al sector privado, convocó a los empresarios a asumir un rol protagónico en la transformación: “Los necesitamos como socios de la motosierra. Solo con ustedes podremos bajar impuestos de manera sostenible”.
Lamentablemente, en el entramado de negociaciones que delinean el porvenir del régimen laboral, el sector pesquero vuelve a ser marginado, como si su gravitación económica y geoestratégica no mereciera asiento en la mesa de las grandes decisiones. Esta exclusión sistemática revela, una vez más, la alarmante carencia de una visión integral —económica, política y soberana— que reconozca a la pesca como un actor clave en la arquitectura productiva nacional.
En su intervención, también hubo espacio para diferenciar el proyecto oficialista del legado kirchnerista, al que acusó de haber “encerrado al país” y bloqueado las reformas que hoy permiten iniciar un sendero de estabilización.
La hoja de ruta está trazada. El oficialismo apuesta a capitalizar su capital político tras las elecciones para rediseñar, desde sus cimientos, la arquitectura institucional de la Argentina, habría que ver si el andamiaje pesquero e industrial tiene sustento para compatibilizar los tiempos del entramado gubernamental a sus inmediatas necesidades.
