La detección reciente del buque extranjero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, realizando maniobras de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) volvió a poner en primer plano el uso de banderas de conveniencia, un sistema que favorece la opacidad operativa, debilita los controles y potencia un negocio multimillonario a escala global.
De acuerdo con estimaciones internacionales, aproximadamente el 15% de la flota pesquera mundial opera bajo banderas de conveniencia o directamente con identidad de bandera desconocida. Este fenómeno no solo impacta en la sustentabilidad de los recursos marinos, sino también en la seguridad marítima, las condiciones laborales y la capacidad de los Estados para ejercer control efectivo sobre sus espacios marítimos.
El episodio más reciente involucró al pesquero Bao Feng, identificado navegando con bandera de Vanuatu, una de las matrículas de conveniencia más utilizadas por segmentos de la flota china de aguas distantes. La embarcación fue detectada realizando maniobras y velocidades compatibles con actividad de pesca dentro de aguas bajo jurisdicción argentina.
Este tipo de situaciones expone el nexo entre las operaciones ilegales y los países que ofrecen servicios de registro baratos y con escasa fiscalización técnica. Obtener una bandera de conveniencia puede costar apenas unos pocos cientos de euros, mientras que el negocio global de la pesca ilegal mueve cerca de 1.000 millones de euros anuales.
En el borde externo, opera de manera casi permanente una concentración de buques extranjeros que navegan sobre la línea imaginaria que separa la ZEEA de las aguas internacionales.
Dentro de la ZEEA solo pueden pescar buques de bandera argentina —muchos de ellos con participación de capitales extranjeros, pero habilitados y sujetos a la legislación nacional—, mientras que en el límite exterior se despliega una flota mayoritariamente extranjera, con fuerte presencia de embarcaciones subsidiadas y controladas por el Estado chino. Esta dinámica incrementa la presión sobre los recursos migratorios y eleva el riesgo de incursiones ilegales.
Las banderas de conveniencia permiten a los armadores evitar controles estrictos en materia de seguridad, estándares laborales y obligaciones fiscales. Los países que ofrecen estos registros suelen contar con capacidades limitadas de inspección, lo que habilita escenarios de mantenimiento deficiente, tripulaciones con menor nivel de capacitación y marcos laborales más laxos.
Además, la trazabilidad de la propiedad real de los buques se vuelve difusa, dificultando la aplicación de sanciones y la cooperación internacional frente a infracciones reiteradas.
Hace aproximadamente un año, la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos (FMC) advirtió sobre los riesgos laborales y de seguridad asociados al uso de banderas de conveniencia. El organismo señaló que estas matrículas permiten eludir controles fundamentales y generan altos costos sociales.
“El uso de estas banderas debilita la seguridad de la cadena de suministro marítimo y representa una amenaza para la infraestructura portuaria y la vida de los trabajadores embarcados”, alertó la FMC, subrayando que la combinación de bajos costos de registro y fiscalización limitada favorece accidentes, explotación laboral y prácticas ilegales.
La reiteración de incursiones ilegales, el crecimiento de flotas de aguas distantes y la expansión de las banderas de conveniencia colocan a la Argentina frente a un desafío estratégico: reforzar los sistemas de vigilancia, profundizar la cooperación internacional y consolidar una política sostenida de protección de los recursos pesqueros.
En un escenario donde la tecnología permite detectar patrones y maniobras sospechosas en tiempo real, el problema excede lo operativo y se inscribe en una disputa geopolítica por el control y la sustentabilidad del Atlántico Sur.
