El mismo relata:
“En relación al proyecto de mayoría que se presentará para debatir el Proyecto de Ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, consideramos que se debe recordar que, ante las críticas unánimes de todos los sectores que recibió el proyecto referido al tema Pesca, el Poder Ejecutivo envió una modificación al mismo.”
Describiendo los hechos describen que: “El Gobierno admite en esa nota de elevación que ‘es sano escuchar, corregir, aprender’, y en base a ello, al referirse a la pesca, dice que ‘un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde. A título de ejemplo las regalías en langostinos son de alrededor 0.3% y los de merluza hubbsi son de alrededor el 0.15%. Este es el problema que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras’”.
“No tiene en consideración que por ejemplo el langostino es una especie que no se encuentra cuotificada, por lo cual hasta que se logre realizar la misma va a ser imposible licitarla y en relación a la especie merluza, tampoco tiene en cuenta que si el valor que se paga es bajo, ello es, como veremos a continuación, por exclusiva culpa de la ineficiencia del Estado.”
El comunicado expresa también: “Con la finalidad de mejorar la recaudación, modifica un sistema que no está cuestionado por ninguno de los operadores del sector, tanto sean empresarios como trabajadores, ni tampoco por las provincias con litoral atlántico, que conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional tienen representación en el Consejo Federal Pesquero, que, según la ley actualmente vigente, la ley 24.922, es el encargado de definir la política pesquera nacional.”
“Pero lo grave es que plantea como método para lograr una mejor recaudación el licitar las cuotas de captura, al mejor postor, sin tener en cuenta, como lo dispone el Art. 27 de la ley actual, que para poder obtener una cuota de captura, es necesario primero contar con un permiso de pesca y luego superar la aprobación que realiza el Consejo Federal Pesquero evaluando las inversiones realizadas, la mano de obra ocupada, el promedio de capturas legales realizada por la empresa, el promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados por la misma y además, verificar si la empresa tiene sanciones por incumplimiento de la legislación pesquera.”
La exhaustiva descripción de la situación indica que “Todo eso se deja de lado y se reemplaza por una licitación para lograr una mejor recaudación. Pero demostrando que el que elaboro el proyecto no leyó la Ley Federal de Pesca, no tiene en cuenta que esa misma ley dispone que el Consejo Federal Pesquero es que el establece los derechos de extracción y fija los cánones por el ejercicio de la pesca, lo que demuestra que si el Estado considera que hasta ahora la pesca no brindo regalías convenientes para el mismo, ello ocurre por su propia culpa o negligencia ya que el Estado tiene cinco votos sobre 10 posibles en el Consejo Federal Pesquero y doble voto en caso de empate.”
A su vez la Cámara se pregunta en el envío: “¿Si el Estado tiene esas facultades, porque no las ejercita en el marco de la ley que no está cuestionada?”
“Porque intenta cambiar un sistema en el cuál las cuotas de captura se otorgan por mérito y cumplimiento y se intenta reemplazar ese otorgamiento por una licitación al mejor postor, sin que se obligue a ese oferente a tener inversiones en barcos y el plantas en tierra y además tener un importante nivel de ocupación de mano de obra argentina.”
Apuntando directamente sobre quien o quienes confeccionar el proyecto, CAPIA sostienen en el comunicado: “No tuvo en cuenta el autor del proyecto lo que indica el Art. 1, de la Ley 24.922, cuando expresa claramente que ‘La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina’”.
“Por otra parte, es importante recordar que no se puede pescar sin límite para aumentar la recaudación, ya que se puede pescar hasta el límite que a tal efecto determina el Consejo Federal Pesquero en base a la información científica que le brinda el INIDEP.”
“Pero además, las modificaciones ahora propuestas también demuestran que no se han tenido en cuenta los otros artículos de la Ley Federal de Pesca que se mantendrían vigentes, ya que al modificar las atribuciones y competencias del Consejo Federal Pesquero y de la autoridad de aplicación, lo hace con un criterio que solo logrará que ni el Consejo Federal Pesquero y la autoridad de aplicación, sepan dentro de que ámbito se deberán desempeñar”, continúa en la descripción.
“Y ha olvidado considerar todo lo que la pesca, sin intervención alguna del Estado y compitiendo en todos los mercados del mundo logro que las exportaciones argentinas superen los U$S 1.800.000.000.-, por año, que por esas exportaciones las empresas abonen retenciones, esto es un impuesto por exportar, que en promedio puede calcularse en un 5% lo que significan U$S90.000.000.- por año, además de haber realizado millonarias inversiones en plantas y barcos en todo el litoral atlántico y generando trabajo en forma directa para más de 40.000 personas y en forma indirecta para más de 80.000, a lo que se debe agregar además, lo que las empresas abonaron por la adjudicación de las cuotas y los cánones de extracción que se abonan todos los años por las capturas realizadas-“, mostrando los números tangentes de la pesca argentina.
“Todo ello nos lleva a afirmar, que si el proyecto original era malo, el proyecto que ahora se propone es también nefasto para la actividad y debemos destacar que, solo a partir del momento que se presentó un proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, modificando el otorgamiento de las cuotas de captura por un sistema de licitación, se causó un daño gravísimo a toda la actividad pesquera y también a la industria naval, ya que ningún operador pesquero continuará con los proyectos de inversiones o de construcción de barcos si no tiene certeza de si va a poder mantener las actuales cuotas de captura que tiene o si las mismas podrán pasar a un mejor postor, al que, el proyecto de ley no se le exige todas las inversiones, ocupación de mano de obra, etc., que se le exigieron a los armadores nacionales.”
“Por ello, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina queda a la espera de que al producirse el debate parlamentario de la ley, todos los legisladores que entendieron las razones que se le brindaron para considerar totalmente inconveniente el proyecto presentado, cumplan con su palabra y voten rechazando en su totalidad todo lo referido a la pesca”, concluye el comunicado público de CAIPA.
