Se aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorpora la “Ficha Limpia Pesquera”, en un debate que expuso tensiones políticas y distintas miradas sobre el control y la administración de los recursos naturales.
La tragedia en el mar revela un hábito argentino: convertir el duelo en tribunal y la prevención en trámite; mientras tanto, la cadena completa sigue operando con tolerancias que nadie asume como propias.
La actividad pesquera comenzó 2026 con 92.853 toneladas desembarcadas y exportaciones por US$ 170 millones. El calamar lideró en volumen y el langostino en generación de divisas. Mientras tanto la retórica de una parte del sector pesquero congelador, queda expuesto casi al ridículo.
El INIDEP inició una campaña científica en el Área Adyacente a la ZEEA para estudiar ecosistemas, biodiversidad y recursos transzonales en la milla 201, una zona estratégica del Atlántico Sur.
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Con el proyecto ya sancionado, el debate se traslada a los tribunales y a la futura reglamentación, en un contexto de fuerte rechazo del sector marítimo.
La asignación surge de la Reserva Social provincial y se enmarca en un programa para recuperar la explotación del recurso y generar empleo, a pesar de ser un buque del segmento congelador. Todo presume que la pesca objetivo estaría orientada al calamar.
El expediente de Buenos Aires Pesca S.A. quedó plasmado en un acta con tonelajes, exclusiones y una secuencia administrativa clásica, extinción de autorizaciones vigentes y emisión de nuevas autorizaciones con límites cerrados.
Un puñado de compañías con integración y espalda financiera volvió a empujar el libreto de siempre, menos DEX, más beneficios y la amenaza de parálisis, mientras el Gobierno exhibió —con datos— que el mapa sectorial tiene ganadores estructurales y perdedores crónicos.







