A diferencia del Simape, Somu o Scionara que respaldan la iniciativa, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca está planteando fuertes críticas al reciente decreto presidencial que traza lineamientos básicos para la modernización de la flota pesquera.
La voz de la entidad la asumió su secretario general, Jorge Frías. Mediante una carta abierta dirigida al presidente, Mauricio Macri, el sindicalista manifestó el “malestar y preocupación” que genera entre sus afiliados la flamante normativa.
Uno de los principales cuestionamientos está vinculado al plazo de 20 años establecido para que progresivamente los armadores puedan ir renovando sus barcos. Según entiende Frías, es excesivo y no atiende la necesidad de dar mayor seguridad hoy a los tripulantes.
“Hoy día, el promedio de la flota de buques pesqueros en Argentina es de 45 años, lo que llevaría a pensar que para 2040 habrá en el caladero argentino buques que superen ampliamente los 60 años de antigüedad, contradiciendo así los plazos de antigüedad máxima fijados por el propio decreto”, expone en la misiva.
En este sentido, el sindicalista establece una línea directa entre la cantidad de años que puede acumular un pesquero con la posibilidad de que naufrague, sin considerar matices, mantenimiento, ni circunstancias propias de la navegación.
“No podemos admitir que este esforzado trabajo en el mar también incluya la muerte de los trabajadores y todo hace pensar que con una flota que en promedio supera los 45 años, si se prolonga sin modernizarse 21 años más, es de esperar que nuevos naufragios se sucedan”, proyecta.
Astilleros estatales
Por otra parte, sugiere que si la capacidad de los astilleros privados no es suficiente para atender la demanda que generaría un plazo menor al estipulado en el decreto, el Estado podría alentar el pleno funcionamiento en sus propios astilleros.
En tanto, Frías también reprocha que el decreto considere otorgar mayor porción de cuota a los nuevos buques: “Eso alteraría el régimen previsto en la Ley 24.922 que establece la Captura Máxima Permisible y la consecuente distribución de la misma entre todos los buques pesqueros”, subraya.
En lo que se vincula a las formas de financiación, criticó que permisos y cuotas puedan ser considerados en garantía para la toma de crédito
“… Los recursos son propiedad del Estado Nacional y, no solo nos preocupa por ello, sino también porque el recurso en manos de armadores pesqueros nos permite predecir nuestra estabilidad laboral, y no si estos permisos terminan en manos de entidades financieras o bancarias”, lanza.
Por último, el gremialista pide que el decreto quede sin efecto y que se discuta en el Congreso los proyectos ya ingresados referidos a la industria naval, pesquera y a la renovación de la flota en general.
