La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de los directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca (Coomarpes), imputados por contaminación ambiental en el puerto de Mar del Plata. Con esta decisión, se agota un nuevo intento de frenar el proceso judicial por el vertido de sustancias tóxicas al mar.
El tribunal resolvió declarar inadmisible, por mal fundado, el recurso extraordinario interpuesto por la defensa particular de Salvador Pennisi, Rubén Darío Burkhard, Vicente Antonio Galeano y Jorge Antonio Boccanfuso. La sentencia impuso además las costas del proceso a los acusados.
Los imputados buscaban revertir el fallo que dejó sin efecto la homologación de un acuerdo de reparación integral —considerado irregular por la querella— y que ordenó continuar la sustanciación de la causa en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
El expediente se inició el 25 de febrero de 2016, tras detectarse el vertido de efluentes tóxicos desde la planta de harina de pescado de Coomarpes hacia el mar a través de un desagüe pluvial en la playa pública del puerto. La investigación se encuadró en los artículos 55 y 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con imputaciones a los mencionados directivos. Oportunamente, en
En 2024, el tribunal marplatense había homologado un acuerdo que preveía una compensación económica de 180 millones de pesos para financiar obras cloacales en el puerto. Sin embargo, la querella, impulsada por Roberto Maturana, cuestionó la medida por carecer de aval técnico y por excluir su participación.
La Cámara de Casación coincidió en que la reparación ambiental debe ser efectiva, integral y participativa, y advirtió que no se había acreditado el cese de la contaminación ni presentado estudios técnicos que justificaran el monto ofrecido.
Con el rechazo del recurso extraordinario, la defensa de los acusados pierde una nueva instancia y la causa queda firme para continuar en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Allí se deberá resolver en profundidad sobre las responsabilidades penales y ambientales, con especial atención al cumplimiento de la Ley de Residuos Peligrosos y al derecho constitucional a un ambiente sano.
