La relación entre el sector petrolero y la pesca argentina y uruguaya ha estado marcada por tensiones, conflictos y, sobre todo, un desequilibrio que afecta gravemente a la pesca, una actividad esencial para miles de familias y para la sostenibilidad ambiental.
Desde Uruguay, el sector pesquero alza la voz con respecto a operaciones sísmicas en aguas donde se practican operaciones de pesca, y exponen la crítica situación vivida en nuestro país durante el 2013.
Pescadores uruguayos, esgrimen que el caso del Golfo de San Jorge, en Argentina, y las experiencias de la pesca uruguaya frente a los intereses petroleros son testimonios de cómo las externalidades negativas de una industria pueden amenazar la existencia de otra. Entiéndase por externalidad negativa a las acciones de consumo o producción que tienen un impacto negativo en terceros. Son un tipo de fallo del mercado, ya que las decisiones de un individuo, grupo o sector no son las mismas que las del conjunto de la sociedad.
El caso del Golfo de San Jorge: Implicancias sísmicas en la pesca
En el Golfo de San Jorge, las prospecciones sísmicas realizadas entre 2012 y 2014 marcaron un antes y un después en la actividad pesquera. Estas exploraciones submarinas, destinadas a identificar reservas de petróleo, generaron impactos severos: las capturas se redujeron en un 40% y los especímenes capturados mostraron tallas promedio mucho menores. Aunque hubo una leve recuperación en 2018 y los tamaños de las especies se acercaron a los niveles de 2013 en 2019, los años de pérdida fueron devastadores para los pescadores locales y sus comunidades artesanales costeras.
Un capitán de Caleta Olivia, relató cómo la pesca en la región se tornó inviable durante ese período, obligando a muchos a dejar la actividad o buscar alternativas en un contexto económico y social ya precario.
Uruguay: Batallas jurídicas y la arrogancia del sector petrolero
En Uruguay, el conflicto entre la pesca y el petróleo tiene un capítulo particularmente oscuro. Desde 2017, las empresas pesqueras locales enfrentan un multimillonario juicio contra ANCAP, el ente estatal de energía, en un litigio que involucra también a grandes multinacionales. Este enfrentamiento ilustra la lucha desigual entre los pequeños y medianos actores del sector pesquero y el poderío económico y político de las corporaciones petroleras y sus aliados estatales, que a diferencia de Argentina, estas prospecciones directamente se hacen en zonas de pesca a menos de 90 metros de profundidad en aguas de rada exterior al Río de la Plata.
La pesca uruguaya ha sufrido de manera directa las consecuencias de las actividades petroleras. Además de las restricciones impuestas por las prospecciones sísmicas, los pescadores han visto cómo sus zonas de trabajo se reducen debido a las «zonas de fondeo y alijos» utilizadas por buques petroleros y comerciales, y por los cables submarinos que cruzan su territorio pesquero. En ambos casos, los pescadores deben respetar restricciones que no se aplican a otras flotas extranjeras, lo que revela un trato desigual y una falta de respeto hacia la pesca local.
Las externalidades negativas: El costo que nadie asume
En economía ambiental, las “externalidades negativas” describen los costos que una actividad genera para terceros, sin que estos costos sean asumidos por los responsables. En el caso del petróleo, las prospecciones sísmicas, las zonas de exclusión y los cables submarinos representan claros ejemplos de estas externalidades. Las empresas del sector no internalizan estos costos; prefieren trasladarlos a otros sectores, como la pesca, que terminan pagando con pérdidas económicas y sociales.
Si el sector petrolero tuviera que asumir estos costos de manera directa, muchas de sus actividades perderían rentabilidad o, mejor aún, se verían obligados a implementar prácticas menos dañinas. Por ejemplo, los cables submarinos podrían enterrarse a una mayor profundidad para eliminar el riesgo que representan para los pescadores, pero esto implica un costo adicional que las empresas prefieren evitar.
Un país sin investigación pesquera
El caso de las prospecciones sísmicas en Uruguay es particularmente alarmante. En un país que carece de un buque de investigación propio desde hace más de cuatro años, no existe una línea de base que permita evaluar el estado de los recursos pesqueros. Esto significa que las decisiones sobre actividades como las prospecciones petroleras se toman sin datos científicos actualizados, dejando a los recursos marinos en una situación de indefensión total.
A pesar de estas carencias, ANCAP y las empresas petroleras continúan con sus actividades, confiando en la impunidad que les otorgan las estructuras de poder. Como argumentan algunos pescadores, «corren con el caballo del comisario«.
La pesca: Un recurso renovable que debe ser protegido
A diferencia del petróleo, un recurso finito y contaminante, con impacto en otros seres vivos en estado reproductivo, larval y juvenil, la pesca maneja un recurso renovable que, si se gestiona correctamente, puede sostener a las comunidades costeras durante generaciones. La explotación del mar debe ser compatible entre sectores, no una lucha en la que uno destruye al otro. El desarrollo económico no puede justificarse si implica destruir la base económica y social de miles de familias.
Los pescadores, que enfrentan las consecuencias directas de estas actividades, seguirán luchando por su derecho a trabajar y proteger un recurso que es de todos. Pero esta pelea no debe recaer únicamente en ellos. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad garantizar que la actividad petrolera respete la pesca, el medio ambiente y la equidad entre todos los participantes de la vida productiva y económica uruguaya.
