La Municipalidad de General Pueyrredón ordenó la clausura preventiva de la planta procesadora de pescado, ubicada en Pescadores al 1200, luego de constatar que la empresa utilizaba equipos con amoníaco sin la habilitación correspondiente, una sustancia altamente tóxica que representa un riesgo para la salud y el ambiente.
“Se constató que los equipos no contaban con la habilitación necesaria para su funcionamiento, por lo que se decidió la clausura preventiva”, explicó Marcelo Cardoso, subsecretario de Inspección General. Las actuaciones por la irregularidad administrativa fueron elevadas al Juzgado de Faltas de turno, donde continuará el proceso legal.
La medida ocurre en medio de un conflicto laboral creciente. La quincena pasada la empresa despidió a 13 trabajadores en dos tandas. Ante los despidos, los empleados tomaron la planta ese mismo jueves en señal de protesta.
Este viernes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde la empresa comunicó que había despedido con causa a la totalidad de sus operarios, alcanzando un total de 34 trabajadores cesanteados.
Las partes acordaron una nueva audiencia para el martes 3 de junio, con la intención de buscar una solución al conflicto.
Soledad Juárez, delegada gremial de la planta, afirmó que “no esperábamos que la situación se agravara de esta manera. La mayoría de los trabajadores tiene más de 15 años de antigüedad y estamos tratando de encontrar una solución que los beneficie”.
Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) denunciaron que los despidos fueron injustificados y expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores.
Este episodio expone con crudeza el eslabón más frágil de una cadena productiva tensionada por una ecuación económica cada vez más exigente. En un contexto donde la rentabilidad depende de una eficiencia quirúrgica, un orden operativo sin fisuras y una disciplina financiera sostenida, no todas las empresas logran estar a la altura. La falta de cumplimiento en estos pilares no solo compromete la viabilidad de las unidades productivas, sino que arrastra consigo a quienes menos margen de maniobra tienen: los trabajadores. Cuando la precariedad estructural se combina con un escenario macroeconómico inestable y variables operativas inflexibles, el desenlace más probable es el deterioro acelerado del tejido laboral. Si no se introducen correctivos urgentes, la deriva no sólo continuará, sino que podría profundizar en el corto plazo hacia varias empresas en comprometida situación.
La clausura de la planta y el despido de la totalidad del personal dejaron al descubierto una situación crítica tanto en lo laboral como en lo sanitario. Mientras el gremio busca respuestas ante lo que considera un accionar arbitrario por parte de la empresa, las autoridades municipales insisten en la necesidad de garantizar condiciones seguras de trabajo y cumplimiento normativo. El caso quedó ahora en manos de la Justicia de Faltas, y se espera una pronta resolución sobre el futuro de la planta y sus trabajadores.