La Secretaría de Pesca provincial elevó a la Legislatura una exposición detallada sobre la secuencia de hechos que desembocó en la frustrada operación con Profand y en el inesperado regreso de Red Chamber al manejo de los bienes expropiados de ex Alpesca.
En un gesto que descomprimió tensiones y sorprendió incluso a parte de la oposición, el secretario de Pesca de Chubut, Dr.Andrés Arbeletche, acudió este martes a la Legislatura de esa provincia para responder en detalle las consultas formuladas sobre la concesión y el manejo de los bienes de la ex Alpesca.
Lejos de esquivar el debate, Arbeletche se presentó por voluntad propia y llevó consigo una carpeta voluminosa con documentación respaldatoria, dando respuesta a dos pedidos formales de informes. Según confirmaron a este medio en comunicación con el Secretario, «todo el material quedó registrado en Mesa de Entradas para ser distribuido entre los legisladores«, garantizando así el acceso pleno a la información requerida.
El documento sostiene que no existió una rescisión con Red Chamber, sino que el contrato firmado en 2014 simplemente llegó a su vencimiento natural y no fue renovado por la Provincia debido a lo que calificó como un deficiente cumplimiento de la empresa a lo largo del vínculo.
Según explicó el titular de la Secretaría de Pesca de la provincia de Chubut, que se destacó por solvencia, conocimiento de la causa, claridad y certeza, dio origen a la explicación dando a entender que una vez descartada la renovación con Red Chamber, se avanzó en un acuerdo con Profand que preveía un arrendamiento por veinte años, con continuidad del personal, un canon anual y la obligación de mantener activa la unidad productiva tanto en tierra como en el mar. Sin embargo, ese contrato nunca pudo ponerse en marcha porque la Prefectura Naval Argentina rechazó la inscripción de los nuevos documentos necesarios para transferir los buques, lo que impidió completar la operatoria prevista.
Al no existir esa inscripción, la Subsecretaría de Pesca de la Nación tampoco pudo reconocer los permisos de pesca a nombre de Profand, lo que desarticuló todo el esquema proyectado.
El informe enviado a los legisladores de 107 páginas de extensión, detalla que Prefectura consideró que la finalización del contrato con Red Chamber no estaba registrada de manera adecuada y exigió la presentación de títulos y certificados originales para avanzar con las bajas correspondientes. La autoridad Marítima también señaló que no está obligada a acatar resoluciones provinciales sin el cumplimiento previo de los requisitos formales que exige la normativa nacional. Mientras tanto, para el Estado provincial el vínculo con Red Chamber había finalizado, pero para los organismos federales seguía vigente hasta 2027.
La consecuencia fue un escenario inconciliable. Profand quedó a cargo de la planta y del personal, pero sin la posibilidad de operar la flota y sin acceso a permisos, mientras que Red Chamber conservaba los buques aunque ya no tenía responsabilidad sobre la dotación. Esa fractura entre tierra y mar violaba la propia ley de expropiación, que exige la unidad económica completa para asegurar la continuidad industrial.
La Provincia argumentó que la caída del contrato con Profand se dio por una imposibilidad sobrevenida, contemplada en el artículo 955 del Código Civil y Comercial, que establece que un acuerdo puede extinguirse cuando su cumplimiento se vuelve materialmente imposible sin culpa de las partes.
El Gobierno aclaró que la falla no provino de Profand ni generó costo para el Estado, sino que fue consecuencia directa de la negativa nacional a inscribir los buques y habilitar los permisos.
En ese marco, la Provincia concluyó que no tenía herramientas administrativas para forzar la validez del contrato, ya que tanto Prefectura como la Subsecretaría de Pesca de la Nación sostenían la vigencia del vínculo con Red Chamber hasta 2027. Por ese motivo, sostuvo que no había margen para avanzar en un modelo productivo alternativo.
El informe presentado, mas la exposición de Arbeletche en la legislatura de la provincia, expresa que el retorno de Red Chamber a los activos de Alpesca no respondió a una decisión política del Ejecutivo chubutense, sino a la imposición jurídica resultante del reconocimiento nacional de los contratos vigentes. Según la exposición, Prefectura no avaló la operatoria proyectada por el Gobierno y al no existir un acuerdo formal inscribible, la única vía posible fue volver al esquema anterior.
El regreso de la empresa, sostiene el Gobierno, fue la consecuencia de un entramado de trabas federales que hicieron inviable ejecutar el contrato con Profand de acuerdo a derecho. La Provincia concluyó que, sin buques, sin permisos y sin reconocimiento nacional, la operación no podía prosperar y la única alternativa era regresar al punto de partida para evitar una paralización total de la actividad.
