Se trata de los permisos otorgados en la provincia de Chubut durante la gobernación de Mariano Arcioni y en la gestión de Gabriel Aguilar como Secretario de Pesca de esa provincia. Algunos califican el otorgamiento como “escandaloso”. Se dieron permisos y las resoluciones nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Días atrás el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dictó una Resolución vinculada a la causa por la presentación de una empresa pesquera con asiento en Chubut, contra la Secretaría de Pesca de esa provincia, por una acción de amparo que revocó una sentencia.
La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia aceptó la revocatoria contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew donde se rechazaba el recurso de apelación, haciendo lugar a la apelación por parte de la empresa que presentó el mismo.
Del mismo modo, el Tribunal le exigió a la Secretaría de Pesca que pongo a disposición todos y cada uno de los actos administrativos que comprenden las decisiones que se tomaron en la gestión del Secretario anterior (Gabriel Aguilar), aunque quien deba responder ahora es la nueva gestión de la cartera de pesca.
El punto en cuestión por parte de la empresa denunciante es la forma en que se otorgaron una docena de permiso de pesca provinciales para las aguas jurisdiccionales de la provincia del Chubut, los que fueron otorgados de manera directa y que están desde el propio otorgamiento bajo sospechas, algo que fue cuestionado por el nuevo gobernador chubutense Ignacio Torres y el actual titular de Pesca Andrés Arbeletche.
Días atrás, el Dr. Arbeletche, en diálogo con PESCARE manifestó que “estamos haciendo lo que el Gobernador dijo desde el primer día que íbamos a hacer en relación a los nuevos permisos que habían creado la Nueva Ley de Pesca de la Provincia”.
“Esa Ley de Pesca, de la que nosotros tenemos una opinión negativa en cómo fue la génesis de la misma: el último día de la Legislatura mientras se discutía la reforma a la Ley Electoral, a la una de la mañana, sin que nadie sepa. En definitiva, la Ley crea los permisos pero no los aplica, el que los aplica es el Secretario de Pesca, la Autoridad de Aplicación a través de una Resolución”, expresó a esta Editorial el funcionario.
En lo que muchos consideran como una situación escandalosa por la forma, se encuentran los ya “famosos” VACOPA (permisos para pescar “Variado Costero Patagónico), algo que se han sostenido con el tiempo y que siempre son cuestionados dado que eran permisos “experimentales” pero que son utilizados desde hace más de quince años para la pesca extractiva habitual y que de manera directa las anteriores gestiones en el área de pesca provincial renovó sistemáticamente.
La solución que se vislumbra es el pago de esos permisos como una manera de darle un viso de legalidad a tan conflictivo tema, dinero que sería destinado al área educativa de la provincia de acuerdo a los propios dichos del gobernador chubutense.
El capítulo que sigue es la exhaustiva mirada sobre una impresionante cantidad de fojas que tienen los distintos expedientes y que son materia de cuestión por parte de la Justicia. Sin embargo, de los seis VACOPA que hay, ahora sólo cuestionan uno, otorgado el año pasado a la empresa Cabo Vírgenes, que es la única que tiene planta en tierra y emplea a más de 500 personas. De los otros cinco, no hay comentarios; casi todos están en manos de un grupo local que lideran cuestionados y reconocidos empresarios.
