El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha emitido una contundente denuncia sobre el presunto vaciamiento de la pesquera Cabo Vírgenes SRL, ubicada en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.
La organización sindical se ha dirigido al Secretario de Pesca de la Provincia, Andrés Arbeletche, para expresar su profunda preocupación por la continuidad laboral en la empresa y exigir acciones inmediatas para proteger los empleos.
STIA ha acusado a Cabo Vírgenes SRL de llevar a cabo un “vaciamiento claro” que pondría en riesgo los puestos de trabajo de los empleados. Según el sindicato, la empresa estaría implementando una serie de maniobras y acciones, con el respaldo de organismos del estado provincial, que generan incertidumbre sobre la estabilidad laboral en la región. El sindicato denuncia que estas maniobras están diseñadas para desmantelar la empresa sin considerar el impacto en los trabajadores y sus familias.
El pasado 22 de julio, se realizó una reunión en la Secretaría de Trabajo de Rawson, donde se discutió la intención de Cabo Vírgenes SRL de acordar 40 convenios de retiro voluntario, en línea con lo establecido por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Además, la empresa expresó su intención de presentar un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo, lo que añade más preocupación sobre el futuro de la planta y sus empleados.
Irregularidades en la Transferencia de Permisos de Pesca
STIA y el Gobernador de Chubut han denunciado irregularidades en la transferencia de permisos de pesca. Según el Gobernador, existen acuerdos espurios relacionados con la concesión de licencias a Ecoprom y Cabo Vírgenes SRL. A pesar de estas denuncias, se ha procedido a transferir un permiso de pesca a La Escalerona SA mediante la resolución Nro. 18/2024, sin considerar el impacto en los puestos de trabajo en Rawson. Este procedimiento ha generado sospechas adicionales sobre la transparencia y la equidad en el proceso.
STIA sostiene que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en mantener los puestos de trabajo, ya que esto forma parte de los principios de la Ley Provincial de Pesca. El sindicato ha criticado la inacción del gobierno y acusa a los funcionarios de complicidad en el proceso de vaciamiento de la empresa.
En respuesta, STIA ha anunciado que “no permitirán la generación de un pasivo social como resultado de estas acciones y que denunciarán cualquier irregularidad que lleve a la pérdida de empleo”.
La situación de Cabo Vírgenes SRL y la denuncia del STIA reflejan una creciente preocupación por la estabilidad laboral en la región. Se espera que el gobierno provincial tome medidas decisivas para abordar esta crisis y garantizar la protección de los trabajadores afectados.
