Como advirtió, con crudeza, un mandatario argentino, cuando un problema perdura en el tiempo, más que un problema suele ser un negocio. El descarte —la expulsión deliberada al mar de capturas que “no cierran” por especie, talla, bodega o precio— encaja con precisión en esa lógica, una práctica persistente, costosa para el recurso y socialmente corrosiva, que se vuelve posible cuando los incentivos y los controles se alinean para que siga ocurriendo.
El descarte es un sacrilegio, es no saber administrar la abundancia, es tirar por la borda alimento tan necesitado en un alto porcentaje de ciudadanos.
El descarte no es un hecho anecdótico ni un exceso aislado, es la manifestación más visible —y por eso más perturbadora— de una calificación estructural en la pesca, cuando el mar entrega un mix de especies y tallas en abundancia, pero el mercado, la operatoria y los incentivos económicos premian la selección extrema y penalizan todo lo demás. En ese desajuste, lo que no “cierra” en bodega, en planta o en precio termina expulsado por la borda, por el trancanil. El resultado es doblemente corrosivo, daña el recurso y erosiona la legitimidad social de una actividad que, por definición, debería sostener empleo, abastecimiento y divisas.
Que estas escenas emerjan en un país que opera sobre uno de los mayores caladeros salvajes y naturales del planeta no las vuelve excepcionales; las vuelve inaceptables. Y, justamente por su gravedad, conviene decirlo con claridad el descarte es condenatorio, sí, pero no es patrimonio exclusivo de un buque, de una empresa ni de un segmento. Se observa —en distintos grados, con distintos disparadores— en fresqueros y congeladores, en pesquerías multi propósito, en mareas donde la composición de la captura se corre hacia especies no objetivo, o cuando la rentabilidad empuja a “afinar” la bodega con aquello que maximiza el retorno por tonelada y por día de mar.
¿O acaso este año, con la fiebre del calamar, no hay buques pesqueros que estaban parados durante 6 o 7 meses en muelle y ahora bajo la pesca objetivo de merluza, salen a buscar calamar?, ¿está mal?; absolutamente no y por el contrario generan más trabajo, divisas y valor agregado argentino al mundo, mientras no se descarte la especie de menor valor y que además es comercial, pero…..como quien tiene que controlar mira para otro lado, todo es posible en la viña del Señor.
El episodio que detonó la discusión pública en estos días vuelve a colocar el tema en primer plano por su componente penal y por el nivel de exposición. El SOMU de Mar del Plata presentó una denuncia en el fuero federal y, en paralelo, una actuación administrativa ante la Prefectura Naval Argentina, señalando maniobras de descarte de merluza a bordo de un buque fresquero de altura mientras operaba en aguas nacionales.
En este punto, corresponde mantener el estándar que exige cualquier análisis serio: se trata de hechos denunciados que deberán ser acreditados o descartados por las autoridades competentes, con prueba y debido proceso. Pero aun si el expediente terminara circunscripto a responsabilidades individuales, el debate de fondo ya quedó abierto: el descarte no nace de un video; el video, en el mejor de los casos, apenas ilumina un hábito que durante décadas se mantuvo en penumbra.
La raíz del problema no se resuelve con moralina. Se resuelve con sistema, con decisión política, control y fiscalización, hoy inexistente y remunerada. Porque en el mar —a diferencia de una línea industrial— no es posible garantizar “recipientes estancos” por especie, la captura se da en un entorno biológico dinámico, con variaciones diarias de distribución y abundancia. Por eso existen dispositivos de selectividad, marcado y control de artes, buenas prácticas de captura y manipulación, y protocolos de manejo pesquero que buscan minimizar la captura incidental y el descarte, epro que en la practica no se llevan adelante.
Pero la selectividad es una promesa técnica, no un conjuro, reduce, no elimina. Y cuando la presión comercial exige quedarse “solo con lo que paga”, la ingeniería queda subordinada a la conveniencia.
El descarte, además, no es solo una cuestión ambiental. Es un hecho socialmente obsceno por el contraste que impone, mientras la inseguridad alimentaria y la precariedad golpean a centenares de miles de familias a minutos de cualquier centro urbano, se pierden toneladas de proteína en el mar, sin trazabilidad, sin destino, sin valor social. Esa imagen no solo compromete a quien descarta; compromete a toda la cadena que se beneficia cuando la discusión se reduce a un escándalo de coyuntura y no a un rediseño de incentivos y controles.
Mucho se habló de las cámaras a bordo. 8 cámaras a bordo terminan con estas prácticas, pero siempre aparecen problemas para instalarlas, incluso buques que generan en cada marea millones de dolares, aducen que tiene un costo elevado (que no alcanza a los 8000 dolares). Volvemos a la frase y disculpas por lo reiterativo, cuando un problema persiste en el tiempo, más que un problema es un negocio. Las pruebas a la vista. No hace falta escribir mucho más.
Aquí entra en escena el control público. En la arquitectura regulatoria existe la figura del inspector embarcado, concebida para registrar capturas, verificar cumplimiento y promover sumarios cuando corresponda. Sin embargo, el sistema padece dos fallas que el sector conoce —y comenta— con una naturalidad inquietante.
La primera es operativa: hay barcos que, aun contando con condiciones para el embarque de observadores o inspectores, terminan navegando sin ellos (liberados) por decisiones administrativas, criterios discrecionales o insuficiencia de cobertura.
La segunda es más corrosiva porque no es técnica sino ética: la persistente circulación de versiones sobre arreglos informales previos al embarque, pagos para reducir exposición a infracciones o evitar consecuencias, y una cultura de tolerancia selectiva que vuelve voluble la fiscalización y este en un negocio. Subrayemos lo obvio, son denuncias y rumores que deben probarse; pero su mera permanencia en el tiempo revela un problema de confianza institucional. Y cuando el control se percibe negociable, el incumplimiento se vuelve rentable.
El caso reciente agrega otra capa de complejidad, la política de asignaciones y cupos sociales. Cuando una provincia gestiona volúmenes “en atención a cuestiones de máximo interés social”, esa decisión carga con una responsabilidad adicional, no alcanza con asignar; hay que asegurar que el uso del recurso sea consistente con el interés invocado y además, no se traslade a otras provincias porque precisamente la naturaleza y espíritu social es para el desarrollo de los pueblos ribereños que la pidieron. Si la cadena de valor termina asociada a prácticas que el sentido común repudia —descarte, subdeclaración, distorsión del objetivo de captura y traslado a otras localidades a miles de kilómetros—, el argumento social se desnaturaliza y se transforma en un riesgo reputacional para todos, administración, Consejo y beneficiarios. La pesca no se defiende con discursos; se defiende con coherencia entre asignación, control y trazabilidad.
Tampoco es sano que el debate se agote en un juego de indignaciones selectivas. La industria conoce, desde adentro, que muchos repudios públicos conviven con tolerancias privadas. Es el peor de los mundos, se condena al adversario, se justifica al propio, y se preserva el statu quo. Ese mecanismo no depura; encubre. Y el descarte prospera en entornos donde la hipocresía es funcional, permite seguir operando “como siempre” mientras se arroja a un actor a la hoguera para dar por saldada la discusión.
Si el objetivo es reducir el descarte de manera verificable, el camino es técnico y político a la vez. Se requiere cobertura efectiva de observación a bordo donde sea pertinente, protocolos de evidencia robustos, sanciones previsibles y proporcionales, y —sobre todo— transparencia, datos de captura y descarte, reportes consistentes, auditoría cruzada y trazabilidad que no se limite a lo que finalmente llega a puerto. Complementariamente, el monitoreo electrónico (cámaras y sensores) dejó de ser ciencia ficción en pesquerías comparables, puede ser incómodo, pero es más incómodo sostener un sistema que depende de la discrecionalidad y del silencio.
Y hay un punto que rara vez se aborda con frontalidad, si la normativa penaliza tanto la captura incidental que obliga a “hacerla desaparecer” para evitar consecuencias, el sistema termina incentivando el descarte clandestino. La regulación debe castigar el descarte, sí, pero también debe permitir gestionar el bycatch con herramientas realistas, sin empujar a la clandestinidad.
La pesca argentina funcionó durante décadas bajo una lógica de opacidad: “cuanto menos se vea, mejor”. Solo hace falta preguntar alejado del puerto a la opinión pública que piensan del sector, las pruebas quedan a la vista. Esa era terminó. No porque alguien lo haya decidido, sino porque la tecnología y la sensibilidad social lo impusieron. La única salida que protege a la actividad —a largo plazo— es reconocer que el descarte no se combate con comunicados ni con escraches, sino con reglas estables, controles no negociables y un sistema que no premie la trampa.
Cámaras a bordo, un cuerpo de inspectores dotado de severidad técnica y de estricto apego a la ley —con presencia efectiva y sostenida en cada unidad de flota—, y un régimen sancionatorio verdaderamente disuasivo, que incluya multas ejemplares y la inmovilización de buques por períodos superiores a treinta días, podrían constituir un sendero razonable para que conductas aisladas no desentonen al margen de la normativa vigente. De ese modo, se evitaría, además, que los dispositivos de control y fiscalización queden expuestos al descrédito institucional o exponiendo a funcionarios de control y fiscalización al ridículo o en el mejor de los casos, a un marco formal menos lucrativo.
Si el mar es patrimonio, la responsabilidad es necesariamente compartida, pública y privada a la vez. Y si el recurso pertenece a todos, el descarte —por definición— representa una pérdida social que asume la comunidad en su conjunto, aunque recae con especial injusticia sobre quienes obran correctamente, bajo la ley y el reglamento. Son ellos quienes, por la inconducta de unos pocos, quedan atrapados en la sombra de una práctica indeseable que no define a la totalidad del sector.
