No es la primera vez que el representante bonaerense ante el Consejo Federal Pesquero, Francisco Di Leva, da un paso en falso en el ejercicio de su función, pero su último desacierto parece haber quebrado el límite de tolerancia que respira el sector.
El pasado viernes, el joven licenciado en comercio exterior estampó su firma en la Resolución 14/16, que excluye a la flota arrastrera de la pesca objetivo del calamar pese a la historia que pueden exhibir esos barcos en la pesquería.
De más está decir que la mayoría de los arrastreros tienen asiento en Mar del Plata, núcleo de la actividad en la provincia de Buenos Aires. Por tal razón, desde las cámaras no comprenden el apoyo que le dio Di Leva a la 14/16.
Parte de ese “asombro” fue puesto de manifiesto en la reunión que los empresarios mantuvieron ayer con el ministro provincial de Agroindustria, Leonardo Sarquís, en la sede del Consorcio Portuario.
“Hubo duras críticas para Di Leva”, reconoció una fuente consultada por este medio. Sarquís debió escuchar el malestar que genera la débil posición ejercida por la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero desde comienzos de año.
Otras instancias complejas
Vale recordar que el propio Di Leva respaldó la Resolución 5/16, la cual liga el volumen de merluza hubbsi acumulado en la Reserva de Administración al puerto de asiento. La norma le dio prioridad de recepción a los buques de la Patagonia, perjudicando los intereses de Mar del Plata.
Tiempo después, con la flota local atravesando una crisis de rentabilidad mayúscula, convalidó un aumento en los Derechos de Extracción que superó el mil por ciento.
Luego, con la acumulación de sumarios mal aplicados por la Subsecretaría de Pesca de la Nación estalló el conflicto de los armadores costeros. Sólo la intervención de la gobernadora María Eugenia Vidal evitó que regalaran pescado en la banquina chica. A Di Leva se lo vio poco participativo del diálogo.
Ayer, Sarquís se comprometió a revisar lo actuado en materia pesquera y corregir el rumbo; pero no pudo soslayar el desgaste de su funcionario. “Nadie duda de las buenas intenciones de Di Leva; pero con lo del calamar volvió a quedar expuesto”, señaló otra voz del sector.
Luego, describió su manera de trabajar casi como una sentencia: “La dinámica de esta actividad exige mínimos consensos, diálogo permanente con los actores y por Mar del Plata se lo ve poco. Manejar las cosas desde Capital Federal hace todo más difícil”.
Los armadores entienden que el representante de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero volvió a equivocarse al apoyar una norma que golpea a la industria local.
