En el mediodía del 6 de mayo pasado, el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo volvió a ser escenario de una batalla que ya acumula más de un naufragio. Las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente; y Justicia del Senado reabrieron el expediente S-775/24, impulsado por la senadora Edith Terenzi pero concebido años atrás por el entonces diputado —y hoy vicegobernador chubutense— Gustavo Menna, para crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SATPA).
Menna vende el proyecto como respuesta a una “conciencia ambiental creciente” y a consumidores dispuestos a pagar un plus por la ruta transparente del filete que llega a sus platos. El relato seduce: cada kilo de merluza o langostino etiquetado con geolocalización, arte de pesca y nombre de la empresa y barco que lo captura. El problema es que esa postal nórdica ya existe en versión operativa: se llama SiFIPA, funciona desde 2022 y hasta acaba de digitalizar las actas de descarga para que los inspectores carguen datos en tiempo real desde el muelle.
Resulta especialmente preocupante que esta iniciativa sea promovida desde sectores que, amparados en la retórica de lo “trazable” y lo “protegido” bajo el paraguas ambiental, intentan extender su injerencia desde una provincia sobre jurisdicciones nacionales. A través de figuras como biodiversidad, Áreas Marinas Protegidas y otras herramientas de gestión ambiental, se busca incidir de manera creciente sobre la actividad pesquera de escala nacional —particularmente aquella de base marplatense— que opera más allá de las aguas provinciales. El riesgo de este enfoque es evidente: la proliferación de normativas con bajo sustento operativo y escasa articulación interjurisdiccional puede derivar en un entramado regulatorio que no fortalece la trazabilidad, sino que entorpece la operatoria legítima más allá de la milla 12, afectando directamente la competitividad y la previsibilidad del sector. Para muestra, solo hace falta un botón: mire lo que sucedió en materia pesquera cuando intereses foráneos al sector y de sesgo medioambientalista y proteccionista incidieron en la política pesquera española. No se puede pescar sin antes pasar por Bruselas, proliferando así un marco propicio para que la ya ociosa flota viguesa tome como única alternativa la pesca en FAO-41, aguas aledañas a la ZEEA y a Malvinas.
El texto que hoy vuelve a discutirse, y esta semana podría subir a tratamiento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, repite un pecado original: superpone competencias, multiplica formularios y fragmenta la autoridad entre SENASA, provincias y un nuevo satélite burocrático, además de empoderar a ONG de profunda raíz conservacionista, proteccionista y medioambientalista en el control de una actividad primaria y extractiva.
El sector lo ve como un déjà vu de 2024, pero ocupado por luchas intestinas de carácter competitivo y laboral con el SOMU, no deja ver una pelea de fondo que puede ser el inicio de un knock out lamentable, evitable y posterior, cuando el mismo proyecto encalló dos veces por falta de quórum. No fue un accidente: gremios, frigoríficos, armadores y cámaras representativas de todos los segmentos del universo laboral advirtieron que el SATPA replicaba —con mayor rigidez y costo— controles que el SiFIPA ya realiza sin drama tecnológico ni administrativo, aunque con algunas falencias de control operativo, que hoy se intentan corregir y que han generado fugas como consecuencia de una actividad que llegó a un quebranto de importancia.
La prensa especializada lo puso en términos descarnados: “embates disfrazados” que prometen transparencia pero encarecen cada maniobra encubierta y cada trámite en tierra, justo cuando la pesca opera con márgenes “apretados hasta el hueso” tras subas impositivas y derechos de extracción “a la estratósfera”, además de mercados internacionales que retrajeron precios, consolidando un marcado quebranto desde lo operativo.
Desde la platea política, el marplatense Maximiliano Abad teme que otro corsé regulatorio sea la estocada final para un complejo exportador que ya perdió rentabilidad por aranceles externos y gasoil en dólares. “La pesca no tiene un problema de rentabilidad, sino de supervivencia”, recordó la semana pasada en el Senado.
En la vereda opuesta, organizaciones no gubernamentales de origen proteccionista y medioambientalista —cuyo objetivo es sumarse a la posibilidad de acercarse a una caja de jugosos intereses— subrayan que la trazabilidad no es un lujo caprichoso, sino un salvoconducto contra la pesca ilegal y los abusos laborales en alta mar. El dilema no es el “qué”; es el “cómo” y, sobre todo, el “quién”: ¿hará falta un Leviatán normativo para auditar lo que ya se rastrea electrónicamente? ¿O simplemente será una nueva posibilidad de acceder, a través del control y la fiscalización, a otros intereses ocultos?
Detrás del discurso verde late una puja federal más terrenal. Chubut, propietaria política del proyecto, aspira a proyectar su peso sobre aguas nacionales y cadenas logísticas ajenas. No sorprende que la resistencia crezca en Mar del Plata, donde la concentración de flota y plantas procesadoras temen que la trazabilidad se convierta en ariete fiscal, aduanero, ambiental y sanitario antes que en pasaporte comercial.
La votación de esta semana entrante no dirimirá el fondo de la cuestión —nadie decente discute la trazabilidad—, pero sí definirá si Argentina elige perfeccionar un sistema vivo, operativo y que demostró capacidad y oferta para satisfacer la trazabilidad deseada, o levantar un palacio normativo nuevo sobre cimientos frescos, con fuerte participación de organismos foráneos a pesca y cercanos al ambientalismo. La industria no reclama impunidad: exige reglas que no la ahoguen mientras compite con subsidios asiáticos y demandas europeas.
Si el Senado ignora esa realidad marítima, pesquera, productiva, procesadora e industrial, y sucumbe a la tentación de legislar por redundancia, habrá confundido transparencia con papel carbónico. Y los peces, esos que no entienden de decretos ni de narrativas épicas, seguirán esquivando redes idénticas… pero cada vez más caras.
Y, como siempre, esta es solo una mirada entre muchas posibles. Tal vez no coincida con la suya, estimado lector, y esa es precisamente la riqueza del pensamiento libre: usted está a un solo clic de encontrar argumentos más afines a su sensibilidad o convicciones. Pero sería ingenuo suponer que el mundo se ordena según cuatro puntos cardinales o que el arco iris se agota en solo siete colores. La complejidad del presente exige algo más que certezas cómodas; requiere conciencia crítica y disposición a ver más allá de lo evidente. Lo aquí planteado queda, entonces, expuesto al juicio del lector atento, con la humilde sugerencia de no subestimar lo que ocurre —ni dilatar la comprensión de su alcance.
Buen domingo para todos.
Por DMC.
