En pleno corazón de la zafra, cuando cada hora de navegación se traduce en millones para una de las industrias más sensibles del país, la flota pesquera costera permanece amarrada. No es el mal tiempo ni una tormenta en el horizonte lo que impide zarpar, sino un conflicto sindical de fondo espinoso y consecuencias ya tangibles: barcos detenidos, plantas paralizadas y una cadena productiva al borde de una crisis profunda con fuerte impacto social.
El núcleo de la disputa es la negativa del Sindicato Único de Trabajadores del Mar (Suntma) a asumir las denominadas guardias de timón —una práctica histórica que consiste en cubrir el descanso del capitán durante la navegación. El gremio sostiene que tal tarea no corresponde al rol del marinero y, por lo tanto, no está dispuesto a asumirla bajo las condiciones actuales.
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) acusa al sindicato de imponer exigencias “al margen de los convenios vigentes”, comprometiendo la continuidad de la actividad. “No hay nada que negociar”, advirtió con firmeza su presidente, Juan Riva Zucchelli, quien considera que la exigencia sindical desconoce más de medio siglo de normativa respaldada incluso por el Código de Comercio.
El conflicto se vuelve dramáticamente visible: 33 barcos costeros —de una flota total de 54— se encuentran varados, y con ellos, cerca del 70% del suministro de materia prima a las plantas procesadoras. Más de 200 marineros y hasta 2.000 trabajadores indirectos han visto interrumpida su fuente laboral. “Hoy las plantas, sin pescado para procesar, están paradas y vacías”, resumió gráficamente la CIPU en un comunicado.
Las consecuencias económicas ya son cuantificables. Carlos Olivera, gerente de la empresa Novabarca —una de las principales afectadas—, estima pérdidas de ventas semanales de entre 5 y 6 millones de dólares. Tan solo en su firma, una operación de exportación de 2.500 toneladas por un valor de US$ 4,5 millones fue cancelada. Y lo peor, advierten, está por venir: si la paralización persiste, las pérdidas podrían escalar a 6.000 toneladas mensuales.
El silencio como estrategia
Mientras las cámaras empresariales expresan públicamente su preocupación, el sindicato guarda silencio. Consultados los dirigentes del Suntma prefirieron no hacer declaraciones hasta contar con una postura oficial consensuada y tras mantener conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Del otro lado del tablero, la industria busca un salvavidas en la interlocución con el gobierno. Reuniones con el MIEM, el MGAP, el MTSS y recientemente con la Secretaría de Presidencia y la Administración Nacional de Puertos han sido calificadas como “positivas”, aunque el problema de fondo aún no encuentra cauce.
Un conflicto que no admite demoras
El desacuerdo técnico sobre una función tradicional como las guardias de timón expone una tensión más profunda entre la tradición marítima y la evolución de los derechos laborales. Pero mientras la interpretación jurídica y sindical se disputa en tierra firme, el tiempo apremia en los muelles: cada jornada sin pesca erosiona no solo la economía de las empresas, sino también la estabilidad de cientos de hogares que dependen del flujo continuo de esta industria.
El conflicto pesquero, que podría parecer específico o técnico a primera vista, tiene dimensiones nacionales. Afecta exportaciones, ingresos fiscales, empleos y, en última instancia, la reputación de un sector clave en la matriz productiva del Uruguay. La negociación, aunque negada desde la cámara empresarial, parece inevitable. Porque si hay algo claro en este océano de incertidumbre es que ni el capital ni el trabajo pueden permanecer a la deriva.
Fuente: El País
