La crisis laboral en torno a la ex Alpesca volvió a tensarse después de la segunda audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo. El STIA —liderado por su secretario general, Luis Núñez— se presentó nuevamente, pero Red Chamber Argentina (RCA) volvió a faltar y, tal como había hecho días atrás, envió únicamente un escrito.
La empresa admitió que parte de los trabajadores fueron contratados como eventuales, justificándose en un presunto acuerdo firmado con el Gobierno del Chubut.
Para el sindicato, esa afirmación revela un cuadro alarmante. “Si existe un acuerdo de ese tenor, es nulo: el Gobierno no tiene injerencia en la relación laboral y jamás podría autorizar una modalidad prohibida por ley”, señalaron. La situación, remarcaron, constituye un perjuicio directo para los trabajadores y un intento por precarizar a quienes tienen décadas de antigüedad.
Según detalló el STIA, la empresa aseguró haber incorporado a 380 trabajadores como permanentes, aunque no los convocó a prestar tareas, mientras que otros 74 fueron registrados como eventuales sin ninguna justificación legal. Entre estos últimos figuran delegados, miembros de comisión interna y trabajadores sindicalizados, lo que para el gremio configura una persecución encubierta.
“Pasaron de permanentes a eventuales en apenas 40 días. No existe fundamento legal y es una maniobra que apunta a que pierdan su antigüedad, sus garantías y todos los derechos adquiridos”, remarcaron desde el sindicato. RCA, agregaron, intenta forzar que algunos se consideren despedidos para reducir la planta sin hacerse cargo de las obligaciones correspondientes.
El STIA insistió en que la responsabilidad política del Gobierno es mayúscula. El sindicato recordó que ya solicitó formalmente —en el marco de la Ley de Acceso a la Información— la entrega inmediata de toda la documentación administrativa y judicial vinculada a los convenios firmados.
Lo revelado por la empresa encendió aún más las alarmas: si existiera un acuerdo que habilita contrataciones eventuales para trabajadores con décadas de antigüedad, el Gobierno habría avalado una ilegalidad. “Si lo hicieron a sabiendas, es gravísimo; y si no lo sabían, la situación es igual de preocupante porque demuestra descontrol total”, advirtieron.
El sindicato también cuestionó que la Conciliación Obligatoria se convirtiera en un trámite sin efecto, porque la empresa no negocia ni corrige las violaciones denunciadas.
Otro punto central del reclamo es la falta de nominación de embarcaciones. Red Chamber no nominó las unidades que tiene autorizadas para operar dentro de la flota amarilla, pese a contar con cinco permisos vigentes.
Sobre este punto, Luis Núñez fue contundente: “Estamos pidiendo al Gobierno que exija que salgan a pescar, porque esto nos ocasiona problemas a nosotros y a los trabajadores del sector marítimo que no pueden salir. Nadie explica nada”. La ausencia de actividad mantiene paralizada la operatoria pesquera y agrava la situación laboral en tierra y en el mar.
El sindicato advierte que la precarización de trabajadores históricos, sumada a la falta de convocatoria y al ocultamiento de documentación, configura un intento de fraude laboral que buscaran probarlo en la justicia. Según adelantaron, luego del 18 se evaluará avanzar con medidas de acción directa si no hay respuestas concretas.
El STIA remarcó que los puestos de trabajo están protegidos por ley y por el último contrato firmado por la Provincia, que expresamente exige garantizar la estabilidad y continuidad del personal. Para el gremio, la obligación del Gobierno es clara: hacer cumplir la normativa, custodiar los derechos laborales y exigir a la empresa que normalice de inmediato la situación contractual.
“Esto no puede seguir así: los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de acuerdos políticos y empresariales que nunca se transparentan”, concluyeron desde la conducción sindical.
En este marco, casi imposible de emprender cuando todos los días hay una nueva denuncia, el gremialismo vuelve a exhibir su costado más regresivo y corporativo que en lugar de comprender la excepcionalidad técnica, jurídica y administrativa del proceso en curso, irrumpe con reclamos que, siendo legales y con verosimilitud argumental, resultan absolutamente inoportunos, funcionales al bloqueo de la actividad.
No se cuestiona los derechos consagrados, pero sí la decisión política de anteponer la pulseada sectorial a la puesta en marcha plena del esquema productivo, todas las semana con una nueva denuncia, cuando la planta apenas comienza a reactivarse y reorganizarse con un gran esfuerzo, incluso del sector obrero.
Así, la dirigencia sindical termina operando como un máquina de impedimentos antes que de tutela, transformando cada instancia de reconstrucción en un nuevo frente de conflicto y relegando a los trabajadores —aquellos a quienes dice representar— a la incertidumbre permanente sobre su verdadera fuente de sustento, que la empresa produzca y la actividad finalmente funcione.
Y desde el sector empresario, a sabiendas de esta situación, también podría cooperar en ser lo suficientemente formal para evitar estos contratiempos. Alineando, capital, inversión, esfuerzo y trabajo, a un modelo que funcione sin tantas pujas y de forma forzada, que en definitiva atentan con su propia estrategia de desarrollo.
Todo muy difícil cuando la política partidaria trata por encima de los verdaderos derechos de sus afiliados. El saber no ocupa lugar en la mente humana, los problemas, sí, y es imposible afianzarse y crecer cuando se derrocha energía en pujas con tenor sectorial.
