La Prefectura Naval Argentina interceptó un remolcador de bandera chilena Beagle, transportando a un pesquero taiwanés, el Am Fong 136 a reducida velocidad, los cuales navegaban sin autorización de nuestro país, uniendo la ruta desde las Islas Malvinas hasta el puerto uruguayo de Montevideo, en un operativo que marca la eficiencia del control y supremacía sobre el espacio marítimo de nuestro país por parte de la Autoridad Marítima argentina.
El operativo fue llevado a cabo por el guardacostas GC-28 “Prefecto Derbes”, el cual se encuentra afectado como otras embarcaciones, al control de los desplazamientos de embarcaciones en la Zona Económica Exclusiva argentina.
La embarcación de la Autoridad Marítima, a través de lo reportado por el Centro de Tráfico Marítimo, detectó que ambas embarcaciones estaban navegando desde las islas, atravesando aguas argentinas y sin contar con la autorización requerida por las leyes argentinas, como ocurre con las aguas de todos los países.
De acuerdo a lo que pudo conocer PESCARE, los barcos se encontraban a unas 245 millas náuticas de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, en maniobras compatibles con un remolque por parte de la embarcación de menor porte.
La intervención se fundamentó en el Decreto 256/10 y la Ordenanza 01-10 de la Prefectura Naval, que exige autorización previa para buques que transitan entre puertos en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o que transportan mercaderías entre estos destinos.
La polémica surge a través de la consideración de las autoridades chilenas quienes sostienen que “según la normativa, los buques no violaban ninguna Ley argentina ya que no tenían como destino final ni provisional un puerto argentino en el continente. Además la actuación de la Prefectura Naval Argentina en aguas internacionales, sin que los buques estuvieran explotando recursos, podría constituir una infracción a la libertad de navegación, derecho consagrado internacionalmente”.
Desde Chile, a través del gobierno de Gabriel Boric, se anunció que la Cancillería de su país, está reuniendo documentación con antecedentes en torno al incidente en el que el guardacostas argentino interceptó al remolcador de bandera chilena en aguas internacionales “en ruta entre islas Malvinas y Montevideo, por operar desde el archipiélago británico sin el correspondiente aval argentino”, en una expresión cuasi provocadora al mencionar a las islas como “archipiélago británico”.
La ministra vocera del gobierno chileno Camila Vallejo manifestó al respecto: “nosotros siempre tenemos una relación fluida con los países vecinos y estamos en permanente comunicación.”
“En estos momentos, la Cancillería está haciendo el trabajo de recabar todos los antecedentes sobre el caso. Vamos a tener un pronunciamiento cuando la Cancillería termine de hacer toda esa revisión para que ustedes tengan una información clara, certera y oficial y para dar también mayor tranquilidad”, dijo también Vallejo.
Por su parte, de acuerdo a lo que indican las normativas internacionales, las autoridades argentinas de la Prefectura Naval, notificaron a los capitanes de los buques infractores, por incumplir el mencionado Decreto, al haber operado en las Islas Malvinas, sin el correspondiente aval del gobierno argentino.
