Un juez federal de Estados Unidos respaldó a los reguladores del país al bloquear la importación de merluza negra capturada en aguas cercanas a las Islas Georgias del Sur, una zona protegida próxima a la Antártida. La medida, que extiende una prohibición existente sobre embarcaciones con licencia del Reino Unido, se enmarca en un conflicto diplomático internacional vinculado al incumplimiento de acuerdos de conservación por parte de Rusia.
La sentencia, emitida por el juez David Seymour Leibowitz en Florida, desestimó la demanda presentada en 2022 por la empresa Southern Cross Seafoods, registrada como empresa en Texas en junio de ese mismo año. Indica que su domicilio es una vivienda frente al mar, en un suburbio de Houston, propiedad de los dos propietarios registrados de la empresa, Daniel y Jerry Thomas, que alegaba haber sufrido daños económicos por la decisión del gobierno estadounidense de bloquear las importaciones. La empresa había recibido dos cargamentos de merluza negra provenientes de la compañía pesquera británico-noruega, Argos Froyanes, muy comprometida en
El conflicto se remonta a 2021, cuando Rusia comenzó a rechazar sistemáticamente los límites de captura establecidos por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA), un organismo que funciona por consenso entre 26 países desde hace más de cuatro décadas. La negativa rusa, interpretada por muchos como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Vladimir Putin para obstaculizar la cooperación internacional, paralizó la aprobación oficial de las cuotas anuales recomendadas por científicos para la pesca en la subárea 48.3, al sur del Océano Atlántico.
“Esta lamentable situación no tiene precedentes”, escribió un alto funcionario del Servicio Nacional de Pesca Marina de EE. UU. en una carta a Southern Cross, en la que se denegó su solicitud de agosto para importar lubina congelada. “Plantea nuevas cuestiones legales y políticas, e implica cuestiones delicadas de política exterior”.
En respuesta, el Reino Unido decidió establecer de forma unilateral su propia cuota de captura —más baja que la propuesta originalmente— y emitir licencias para pescar en la zona próxima a las Islas Georgias del Sur, un territorio que también es reclamado por nuestro país. Esta decisión fue criticada tanto por autoridades estadounidenses como por organizaciones ambientalistas, que alertan sobre el riesgo de sobrepesca y el debilitamiento de los mecanismos internacionales de gestión pesquera.
“Permitir que una nación no acuerde un límite de captura y luego pueda explotar el recurso sin restricciones va en contra del espíritu y los objetivos expresos de la CCRVMA”, escribió el juez Leibowitz en su fallo.
Actualmente, la merluza negra procedente de esta región ya no está disponible en Estados Unidos, aunque aún puede ser importada desde áreas donde no hubo objeciones rusas, como las autorizadas por Australia o Francia.
Desde el sector ambiental celebraron la resolución. Andrea Kavanagh, directora del programa antártico de Pew Bertarelli Ocean Legacy, destacó que “permitir que cualquier país se saltee los límites acordados pone en peligro uno de los últimos ecosistemas marinos intactos del planeta”.
Sin embargo, representantes de la industria pesquera estadounidense cuestionaron la medida. Gavin Gibbons, de la National Fisheries Institute, advirtió que bloquear el acceso a este recurso no mejorará la sostenibilidad pesquera y podría afectar el empleo y los precios de los alimentos en EE. UU.
