Europa se enfrenta a un colapso demográfico sin precedentes. La tasa de natalidad se ha desplomado a niveles alarmantes, situándose muy por debajo del umbral necesario para garantizar el reemplazo generacional. Mientras que la estabilidad poblacional requiere un promedio de 2,1 hijos por mujer, la realidad en muchos países europeos está lejos de esta cifra:
- España: 1,16 hijos por mujer.
- Italia: 1,20 hijos por mujer.
- Alemania: 1,36 hijos por mujer.
- Hungría: 1,56 hijos por mujer (la más alta de Europa del Este).
Ante este escenario crítico, los países han optado por dos modelos radicalmente distintos:
Modelo España: basado en la sustitución migratoria, con inmigración masiva como solución rápida. En este esquema, se otorgan ayudas mínimas a los nativos, se mantienen impuestos elevados y el debate sobre la crisis de natalidad se evita deliberadamente.
Modelo Hungría: centrado en el apoyo directo a las familias, con incentivos económicos para los padres, reducción de impuestos y una fuerte promoción de la natalidad. Este modelo no solo reconoce el problema, sino que actúa de manera decidida para revertir la tendencia.
España: una solución artificial al declive demográfico
España registra la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, con apenas 6,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Para hacer frente a esta crisis, ha apostado por una política de inmigración masiva, facilitando la llegada de extranjeros a través de fronteras abiertas, procesos de regularización y acceso inmediato a servicios públicos y ayudas sociales. Esta estrategia permite un rejuvenecimiento artificial de la población, pero también genera nuevos desafíos, como la falta de integración, tensiones culturales y el aumento del gasto público.
En España, tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), son prestaciones de naturaleza económica social, articulada como un complemento social para paliar la situación social del país, algo así como los planes sociales por estas latitudes.
Las cifras son claras:
- Un joven africano recibe 1.103,28 euros en ayudas públicas (entre RGI y PCV) sin necesidad de trabajar.
- Un joven español que trabaja y madruga obtiene 1.048,19 euros de salario mediano.
Los criterios de asignación de ayudas, basados en el número de hijos, la renta y el desarraigo, desfavorecen a las familias nativas, mientras que benefician a comunidades migrantes con tradiciones de familias numerosas y baja incorporación al mercado laboral.
A esta situación se suma un contexto social en el que las políticas y discursos dominantes desincentivan la formación de familias. La prioridad del hedonismo, la promoción de estilos de vida sin compromisos y la propagación de ideologías que fomentan la separación entre hombres y mujeres han contribuido al descenso continuo de la natalidad con su impacto de manera significativa en el complejo y dinámico escenario del consumo de alimentos cuando son de origen importados y en un segmento premium.
Hungría: apuesta por la familia
Mientras tanto, Hungría ha adoptado un enfoque diametralmente opuesto, destinando un 5% de su PIB a fomentar la natalidad y fortalecer la familia, frente al exiguo 1,5% que dedica España. Algunas de sus medidas incluyen:
- Préstamos sin intereses de 28.000 euros a parejas jóvenes que se casan, perdonados si tienen varios hijos.
- Exención del impuesto sobre la renta de por vida para mujeres con tres o más hijos (dos a partir de 2026).
- Subsidios para la compra de vivienda y vehículos familiares.
- Permisos parentales extendidos hasta tres años, con apoyo financiero.
- Financiación de tratamientos de fertilidad en lugar de fomentar el aborto.
- Exención de IRPF para menores de 25 años, facilitando la emancipación y la formación de familias.
Los resultados comienzan a notarse: Hungría ha logrado frenar la tendencia descendente, aumentando los matrimonios y reduciendo la tasa de divorcio. La política de apoyo a la natalidad está funcionando, demostrando que con estrategias adecuadas, la caída demográfica puede revertirse y donde los indicadores de mayor consumo de proteínas brutas intentan revertir la tendencia persistente a la baja.
Impacto en el consumo
El principal problema estructural que afronta Europa recibe escasa atención política y mediática. Mientras la tasa de natalidad experimenta una caída vertiginosa, las soluciones viables son relegadas en favor de estrategias de corto plazo y modelos demográficos insostenibles. En este contexto, el destino del continente depende de decisiones fundamentales: fomentar la natalidad y la estructura familiar o continuar en la senda de la sustitución migratoria. Esta disyuntiva impacta directamente a los mercados globales, en especial a los países con una participación clave en el comercio mundial de alimentos.
La crisis demográfica en Europa no solo altera la composición social y económica del continente, sino que también ejerce una fuerte incidencia sobre la demanda de bienes esenciales, entre ellos, la proteína marina. La disminución sostenida del consumo y la consecuente caída en los precios no responden a un fenómeno pasajero del mercado, sino a un cambio estructural de mayor profundidad. La baja demanda refleja una transformación social de amplio espectro que afecta la dinámica del comercio internacional.
Particularmente, la drástica caída en la tasa de natalidad en países clave como España, Italia y Alemania ha provocado un estancamiento poblacional y un acelerado envejecimiento de la sociedad. Esta situación ha alterado significativamente los patrones de consumo, generando efectos preocupantes para la industria pesquera y los países abastecedores de productos marinos. La interrogante que surge es si las empresas pesqueras podrán adaptarse a esta nueva realidad o si, por el contrario, la tendencia bajista consolidará una menor demanda estructural, afectando la sustentabilidad del sector.
El desplome del consumo de pescado en Europa
Históricamente, España ha sido uno de los principales consumidores de pescado en la Unión Europea; sin embargo, su consumo per cápita ha descendido a 19,8 kg/año y sigue en declive. Italia y Francia, aunque con cifras más elevadas, también evidencian signos de retracción en la demanda. Este fenómeno contrasta con el caso de Japón, donde el consumo se mantiene en niveles altos (45,2 kg/año), gracias a políticas estratégicas de fomento al sector pesquero y la limitación espacial para desarrollar otras industrias agroganaderas.
Recién publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los últimos datos indican que han bajado a 18,16 kilos por persona al año, un tercio menos que los 27,20 que consumían hace doce años atrás. Ademas, se puede observar en las series históricas recientes, que el modelo ha mutado de consumo de peces blancos entre los que se destaca la merluza, por pescados de cultivo como el salmón rosado de origen escandinavo y chileno.
A lo largo del último año, el consumo de productos pesqueros ha registrado una contracción significativa en sus distintas presentaciones. Las compras de pescado fresco experimentaron una caída del 4,4%, mientras que las de productos congelados descendieron un 5,1% y las conservas se redujeron en un 3,5%. Entre las especies más afectadas por esta tendencia destacan la merluza y la pescadilla, con un retroceso del 11,6%, seguidas del atún y el bonito, que disminuyeron un 10,2%, y la dorada, cuya demanda se desplomó en un 23,1%.
En contraposición, algunas especies han mostrado un comportamiento positivo en el mercado, el salmón creció un 8,9% y la sardina y el boquerón aumentaron un 5,3%, consolidando su presencia en la preferencia de los consumidores.
Por su parte, el segmento de mariscos, moluscos y crustáceos también reflejó una tendencia a la baja, con una reducción del 3,4% en los productos congelados y una caída aún más pronunciada del 6,8% en los frescos.
El informe, publicado por el Ministerio, también evidencia una disminución del 3,5% en la demanda de conservas de pescados y moluscos, reflejando un ajuste generalizado en los hábitos de consumo dentro del sector. Si a este puntual escenario, se le suma la disminución de la tasa de crecimiento natalicio, en el largo plazo; las posibilidades futuras del sector exportador, tienen un techo con sesgo bajista asegurado.
Riesgos para los países exportadores
Para los países abastecedores de proteínas marinas, la inacción europea ante la crisis demográfica y la retracción del consumo de pescado supone un desafío económico de gran magnitud, es por eso que la falta de demanda persiste, hay un escenario de fondo pronunciado, distinto a una simple caída como consecuencia de factores tecnicos puntuales.
La falta de políticas de estímulo al consumo y la reducción progresiva de la demanda ponen en riesgo la estabilidad del comercio internacional, afectando a productores, distribuidores y comercializadores. Además, los valores de mercado ajustados y la ausencia de incentivos agravan el desinterés del productor primario extractivo y manufacturero, particularmente en nuestro país, donde los costos, por desajustes de índole financieros, monetarios y tributarios, limitan la competitividad del sector.
Si esta tendencia persiste sin medidas correctivas, las exportaciones a Europa podrían verse afectadas de manera irreversible, obligando a los países proveedores a diversificar sus mercados y replantear sus estrategias comerciales. En este contexto, resulta evidente que los actores del sector pesquero y manufacturero argentino busquen medidas para recomponer su estructura de costos, o mudar su exportaciones hacia destinos mas competitivos, -si los hubiere-, promoviendo estrategias que garanticen la sustentabilidad del comercio de bienes del segmento marino.
El panorama es incierto y los datos sugieren que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes para revertir esta situación estructural. Europa enfrenta una encrucijada demográfica y económica que requiere soluciones concretas y efectivas puertas adentro de cada país con su propia problemática. Para los países proveedores de mercaderías y/o bienes de consumo, este es un momento que obliga a ajustar sus estructuras de costos, mejorar la calidad de sus productos y explorar nuevos mercados con mejores perspectivas de consumo.
La inacción y la dependencia de las ayudas gubernamentales no constituyen una opción viable. En Argentina, el proceso de desregulación estatal ha reducido la intervención del Estado al mínimo, evitando inmiscuirse en asuntos económicos privados. Sin embargo, el sector pesquero ha sido la excepción: desde el inicio del mandato de Milei, se encuentra bajo un escrutinio constante y sometido a una elevada presión tributaria. Esta situación le impide alcanzar un equilibrio sustentable, comprometiendo tanto su rentabilidad como su viabilidad económica. El panorama, lejos de mejorar, luce y se proyecta sombrío por un largo tiempo.
