La reunión contó con la participación del Gobierno Nacional a través de la vice Secretaria de Trabajo de la Nación, Dra.Claudia Testa, los gobernadores de Santa Cruz y Chubut, Claudio Vidal e Ignacio Torres; dirigentes de sindicatos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales; representantes de las cámaras empresariales del sector, y los intendentes Juan Raúl Martínez, de Puerto Deseado, y Gustavo Sastre, de Puerto Madryn y representantes de CAPeCA, CEPA y CAPIP.
Martínez destacó la importancia de la pesca para su comunidad y afirmó: “Puerto Deseado vive de la pesca”. Además agregó que “el conflicto actual es entre actores privados, pero como representantes de comunidades netamente pesqueras no podemos mantenernos al margen. Nuestra gente necesita que la actividad vuelva a ponerse en marcha”.
Por parte del SOMU, el Secretario General Raúl Omar Durdos y el Secretario de Pesca Ángel Juan Navarro expusieron la urgente necesidad de que los marineros pescadores puedan volver a trabajar, enfatizando que “los marineros no deben ser la variable de ajuste”. Asimismo, destacaron la disposición del Estado Nacional para colaborar en la solución del conflicto, para que los barcos puedan salir cuanto antes.
Según informaron desde el SOMU, el Ministerio de Capital Humano comunicó a las cámaras empresarias que, comprendiendo la crítica situación del sector, está dispuesto a facilitar la adhesión al Decreto 633/2018, que exime a las empresas de ciertos pagos fiscales por un período inicial de tres meses, con posibilidad de extensión; aunque desde la más refinada jurisprudencia, el mismo no aplicaría sobre los CCT según la propia CSJN en un fallo declarando la inconstitucionalidad de ese decreto, específicamente en relación a que los sindicatos pueden reclamar los aportes patronales acordados en convenciones colectivas sin necesidad de contar con el consentimiento individual de los trabajadores.
Además, se propuso homologar acuerdos salariales con un porcentaje no remunerativo, que alivie la carga fiscal para las empresas, pero que a su vez sea considerado en el 100% del salario, garantizando que los ingresos de los trabajadores por cada viaje no se vean afectados.
La enmienda propuesta se revela como un gesto superficial, incapaz de abordar el núcleo estructural de una crisis que asfixia a un sector golpeado por la erosión sistemática de su rentabilidad operativa. Lejos de ser una solución de fondo, constituye apenas un paliativo ineficaz frente al deterioro sostenido de los precios internacionales y la alarmante pérdida de competitividad. Mientras no se emprendan reformas profundas que encaren las causas reales del colapso económico en esta actividad productiva, cualquier corrección legislativa será, en el mejor de los casos, un maquillaje normativo sobre una herida abierta que sigue supurando.
Aunque se difundió de manera informal en círculos gremiales, se conoció que, en el marco de negociaciones intensas, los gobernadores e intendentes expresaron su profunda inquietud ante la posible magnificación del conflicto hacia el terreno social, llevando incluso a extremar los mecanismos de alerta frente a manifestaciones susceptibles de alterar el orden público en los principales núcleos manufactureros de sus respectivas provincias y ciudades.
En este contexto, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11 horas, momento en que las cámaras empresariales presentarán sus respuestas y posibles alternativas para avanzar en un acuerdo que cada día se lo ve más difícil, por lo pronto.
El gobernador Claudio Vidal, remarcó: “Nuestro objetivo es claro, reactivar la actividad pesquera”. Sin embargo, admitió que “aunque se plantearon propuestas concretas para sostener el empleo y garantizar la continuidad de la actividad en condiciones justas para todos, todavía no se llegó a un acuerdo entre todas las partes”.
Las miradas están puestas en la próxima reunión, donde la solución al conflicto parece dilatarse. No obstante, se espera avanzar en las negociaciones para que la flota retome su actividad lo antes posible, garantizando así el sustento de las comunidades y familias que dependen directamente de la pesca.
