La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) ha manifestado su profunda preocupación frente a la posible disolución de la Administración General de Puertos (AGP). En un comunicado oficial, el gremio subrayó la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los manejos administrativos y financieros que han llevado a la institución a una situación crítica antes de tomar cualquier decisión definitiva. Este anuncio llega en un contexto de incertidumbre para numerosos trabajadores de planta permanente, quienes enfrentan la amenaza de despidos masivos.
Según APDFA, desde 2020 la AGP ha estado bajo la dirección de un grupo de funcionarios vinculados a la militancia política, entre quienes se encuentran Diego y Leonardo Salón, José Beni —designado interventor en ese período— y Verónica Piñero. El gremio denunció que estas personas implementaron un plan destinado a aislar y perseguir a empleados que no se alinearan con sus intereses.
APDFA también acusó a estos dirigentes de incorporar un número significativo de empleados sin criterios profesionales claros, priorizando lazos personales y otorgándoles cargos de jefatura o gerencia. Estas acciones no solo incrementaron innecesariamente la plantilla, sino que también consolidaron un esquema de poder que contribuyó al deterioro de la institución.
En un intento por ampliar su influencia, miembros de la Lista Verde y Blanca —afín a los citados dirigentes— buscaron controlar el gremio APDFA. Pese a una campaña con significativos recursos y un notable incremento del padrón de afiliados, fueron derrotados en las elecciones de 2022. Tras esta derrota, según denunció APDFA, comenzaron a amenazar y extorsionar a empleados para que se desafiliaran del gremio, promoviendo la afiliación a un sindicato que carece de representatividad en el sector portuario.
En enero de 2024, el presidente Javier Milei designó a Gastón Benvenuto como nuevo interventor de la AGP. Entre sus primeras medidas destacó el despido de 160 trabajadores de planta permanente, muchos de ellos con más de dos décadas de antigüedad. APDFA atribuyó esta decisión a una “lista negra” elaborada por Diego Salón. Aunque el gremio logró la reincorporación de 14 trabajadores mediante acciones judiciales, la situación de los restantes permanece incierta.
“Nos sorprendió enormemente que el interventor designado, quien se suponía venía a ordenar la AGP, confirmara en sus cargos a los responsables de estos desmanejos, otorgándoles incluso mayores atribuciones”, expresó el gremio. Esta situación se agravó con la designación de José Beni como jefe de asesores, un movimiento que generó indignación entre los trabajadores afectados.
En términos financieros, APDFA denunció que la gestión de estos dirigentes transformó a la AGP, antes superavitaria, en una entidad con un déficit superior a los 40 millones de dólares. “Quienes han perseguido a los trabajadores y manipulado la AGP deberían rendir cuentas ante las autoridades y la justicia”, enfatizó el gremio.
APDFA advirtió que una eventual disolución o fusión de la AGP con otro organismo no resolverá los problemas estructurales si no se lleva a cabo previamente una depuración profunda y una investigación rigurosa sobre las irregularidades denunciadas.
Finalmente, el gremio ratificó su compromiso de luchar por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos injustamente y por el esclarecimiento de los hechos que han afectado tanto la estabilidad laboral como la integridad de la AGP.