Por una parte los legisladores dicen no haber recibido la información sobre la deuda que pretenden cobrar o condonar, aunque de acuerdo a especulaciones, dicha condonación sería del 50%, algo que están evaluando a través de las tres comisiones que abordan el tema.
A esta altura es casi una obviedad decir que el “fuego cruzado” continúa. Sin ir más lejos, el presidente del bloque oficialista Mario Pais, comentó que “el gobernador fue coherente porque cuando se sancionó la Ley fue vetada y luego insistida por la oposición. Al inicio de su gestión remitió un proyecto donde pretendía derogar el FAP y que se incrementan las alícuotas relacionadas con el sector pesquero. En aquella oportunidad no hubo consenso de los diputados y ese proyecto no se trató. Su postura fue siempre la misma”, señaló Pais, a la vez que agregó que “se requirió información al secretario de Pesca (Aguilar) y no remitió con detalle la deuda total. Si se plantea la condonación de una deuda lo mínimo que puede requerir un diputado es saber de qué deuda hablamos, es esencial. Si hay urgencia el secretario ya mismo tendría que estar enviando la información. Conceptualmente hay muchos diputados que están de acuerdo con la derogación porque hay planteos jurídicos sin sentencia firme, pero una cosa es la cuestión conceptual y otra muy distinta es el análisis concreto de cuánto es la deuda a condonar”, remarcó el legislador.
Quien se mostró más dura en sus dichos y sin escatimar críticas, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, apuntó directamente sobre el secretario de Pesca Gabriel Aguilar, por ser parte del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, algo que en su momento explicó a través de PESCARE.
“Lamentablemente nunca tuve una comunicación. Lo recuerdo cuando era abogado del SUPA y sigue siendo de un gremio el cual, en diferentes situaciones, lo tuve en veredas contrarias. No quita que no tengamos que defender los derechos de los trabajadores de Camarones, que son del SUPA, pero el secretario no es el mejor amigo de la gestión. Hay intereses compartidos que se ven a las claras, no puede haber alguien que este dividido en diferentes opiniones y con diferentes participaciones”, sostuvo categórica Loyola en diálogo con nuestros colegas de Jornada.
“Camarones cobró parte del impuesto porque hicimos las presentaciones legales y recibimos el capital en nuestras cuentas. Es perjudicial perder el FAP, pero la voluntad política era que no haya conflictos, como me dijeron algunos intendentes. La pesca tiene que dejar algo en las localidades para que lo administren y vuelva al recurso”, manifestó Loyola.
Entre los reclamos que hizo la intendenta de Camarones manifestó que “es importante reconocer la deuda. Camarones necesita que se abone lo que se está adeudando. Si bien fue uno de los únicos municipios que pudo hacer una presentación y recaudar parte del FAP, en caso de derogarla, se pierde un recurso económico y es muy complicado en estos tiempos. Debe haber concejales que estén de acuerdo, porque sacar un recurso económico es para discutirlo. A los concejales no les pareció pensar que un 70% del presupuesto se puede llegar a cortar. Eso hizo ruido y hay que seguir debatiendo. No tengo doble discurso y siempre dije que el FAP era muy importante para Camarones, para el pasivo ambiental que genera la pesca. Es una discusión que tendrá que dar los legisladores con las personas interesadas. No entiendo porque otros municipios no han cobrado el FAP, hasta hoy es un recurso genuino que tenía que ingresar a las arcas municipales. A Camarones se le adeudan más de 137 millones de pesos, a eso tienen que condonar y después de ahí va dividido en dos partes a Provincia y al Municipio”, concluyó Loyola.
Por otra parte el bloque de diputados provinciales de Chubut de la UCR, que encabeza Manuel Pagliaroni y que integra María Andrea Aguilera, le solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Pesca del Chubut que informen sobre la aplicación del FAP en relación con los cajones de langostino descargados, lo abonado y lo adeudado por cada embarcación.
El pedido puntual fue sobre las descargas en los puertos chubutenses desde que entró en vigencia la Ley, para lo cual también pidieron los datos identificatorios de los armadores de los buques y sus respectivos permisos de pesca, sin dejar de lado que informen sobre los intereses que ha generado la deuda.
