La industria pesquera argentina formalizó ante el Gobierno nacional un pedido de intervención urgente para atender un cuadro de pérdida de competitividad, escalada de costos operativos y deterioro de la previsibilidad empresaria. La presentación fue realizada el 1 de abril de 2026 por Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina ante el subsecretario Juan A. López Cazorla, con un diagnóstico que expone la presión simultánea de los combustibles, la carga tributaria, los fletes internacionales y la debilidad de los mercados de consumo.
El documento organiza el problema con un criterio técnico y directo. Las cámaras describen una situación de vulnerabilidad extrema para una actividad exportadora que enfrenta un incremento sostenido de sus costos internos mientras compite en mercados internacionales cada vez más inestables. En ese marco, la nota sostiene que el cuadro actual compromete seriamente el desempeño de la actividad y la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo.
Uno de los ejes centrales del reclamo es el impacto de la crisis logística internacional. Según expone la presentación, el recrudecimiento de los conflictos bélicos en Medio Oriente alteró las rutas comerciales y provocó un aumento exponencial en el costo de los fletes para contenedores de 40 pies. Para un sector netamente exportador, ese mayor costo recorta márgenes, encarece el acceso a destino y agrava la presión sobre la rentabilidad de cada operación. El flete dejó de ser una variable accesoria y pasó a ocupar un lugar crítico dentro de la estructura económica de la cadena.
El segundo núcleo del planteo se concentra en los hidrocarburos. Intercámaras señala que desde el inicio de 2026 el precio local de los combustibles acumuló aumentos por encima de cualquier proyección razonable. La nota remarca que el gasoil constituye el principal costo operativo de la flota y que su evolución reciente impacta también sobre la logística interna. El texto añade un dato de fuerte peso sectorial: durante 2025 el gasoil habría acumulado una suba aproximada del 40%, frente a un IPC del 31,5%, mientras que sólo en el tramo recorrido de 2026 los incrementos ya habrían superado ese mismo porcentaje, de acuerdo con la información aportada por proveedores.
La presentación avanza luego sobre la composición impositiva del combustible, uno de los puntos más sensibles del reclamo. Allí precisa que el Impuesto a los Combustibles Líquidos representa el 15,8% del precio final y que el tributo al CO2 agrega otro 0,9%. Ambos gravámenes, además, se actualizan trimestralmente por inflación. Para las cámaras, esa indexación consolida una estructura de costos desacoplada de los precios internacionales de los productos pesqueros y presiona sobre un insumo central para la operatoria extractiva. La carga tributaria sobre el gasoil naval aparece así como un factor directo de estrangulamiento productivo.
En la segunda página del escrito, Intercámaras agrega que la recaudación derivada de esos tributos se diluye en una multiplicidad de destinos, entre ellos Tesoro, FONAVI, provincias, sistema previsional, infraestructura hídrica y transporte. En ese contexto, la entidad advierte que la actividad productiva queda expuesta a un nivel de presión que la ubica al borde del quebranto. La formulación conserva el tono institucional, aunque deja ver un punto de fondo: la ecuación pesquera absorbió una carga que el negocio ya no logra procesar con holgura operativa.
El tercer eje del diagnóstico apunta a los mercados de consumo. Las cámaras sostienen que la inestabilidad global afectó de manera directa la demanda de buena parte de los productos pesqueros argentinos. Como dato adicional, mencionan la retracción del turismo y de la gastronomía en Europa, una combinación que genera caída de la demanda e incertidumbre sobre la sostenibilidad de los precios de venta. Esa referencia completa una escena delicada: costos internos en alza, servicios logísticos más caros y compradores externos con menor dinamismo.
Sobre esa base, la petición presentada ante las autoridades nacionales incluye tres pedidos concretos. El primero solicita gestionar un mecanismo de alivio o exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo. El segundo propone establecer un plan de contingencia y previsibilidad en los precios de los hidrocarburos para el sector pesquero. El tercero reclama articular medidas de fomento a la exportación que compensen el incremento desmedido de los fletes internacionales. El documento no plantea observaciones generales; fija una hoja de ruta inmediata sobre los puntos que hoy condicionan la continuidad operativa.
La nota también incorpora una comparación internacional de fuerte valor estratégico. Intercámaras destaca que gobiernos como los de Francia y España, cuyas industrias pesqueras compiten con la argentina en los mismos mercados, activaron mecanismos de asistencia frente a la crisis global. La referencia ubica el reclamo argentino en un plano más amplio: el de una actividad exportadora que compite contra empresas y flotas respaldadas por políticas públicas de contención en sus países de origen.
El cierre del escrito ofrece la conformación de una mesa técnica de trabajo de carácter urgente para ampliar la información expuesta y avanzar en soluciones. La formalidad del planteo convive con un mensaje preciso. La pesca elevó al Estado un diagnóstico estructurado sobre costos, impuestos, logística y mercado. También dejó asentado que la magnitud del problema ya alcanzó a la producción, a las exportaciones, al empleo y a la sustentabilidad operativa de toda la cadena.
