En el marco del 122º período de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), que se realiza por estos días en Londres, la Argentina anunció oficialmente su intención de volver a ser miembro del Grupo “B” de la entidad.
La delegación local incluye la participación en el evento del jefe de la Prefectura, Eduardo Scarzello; el embajador ante la OMI, Holger Federico Martinesen; el jefe de la Armada, José Luis Villán y distintos oficiales asesores técnicos en la materia.
Nuestro país fue uno de los seis Estados fundadores que integraron el primer Consejo. Se trata, vale recordarlo, del órgano ejecutivo responsable ante la Asamblea. Está integrado por cuarenta Estados miembros, que son elegidos por un lapso de dos años.
Aunque con intermitencias, la Argentina participó del Consejo desde sus inicios hasta 2017, cuando quedó desplazada tras 34 años de labor permanente. Entonces se lo consideró un “fracaso diplomático” que ahora se intenta revertir.
La categoría “B” la integran los diez países con los mayores intereses en el comercio marítimo internacional; mientras que la “A” contiene a los diez Estados con los mayores intereses en la provisión de servicios marítimos, siempre a escala global.
Recepción a las delegaciones
Con motivo del lanzamiento de la candidatura argentina, la delegación de nuestro país ofreció una recepción a sus pares de la OMI en la residencia del embajador. En el encuentro se destacó la presencia del secretario general de la entidad, Kitack Lim.
Durante el acto protocolar y como sostén de la candidatura, Scarzello manifestó el compromiso e interés de la Argentina para seguir volcando esfuerzos por una navegación más segura, en mares más limpios y protegidos.
Por su parte, desde la Armada recordaron que son autoridad de aplicación del Convenio Internacional Sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR); y responsable de la formación y titulación de la gente de mar, en cumplimiento del Convenio STCW de la OMI.
La OMI es precisamente el organismo especializado de las Naciones Unidas en materia de seguridad y protección de la navegación. Además, trabaja para prevenir la contaminación, eje de debate en varios ámbitos.
Su función principal es establecer un marco normativo para el transporte marítimo, con lo cual es considerado un foro de trascendencia en las comunidades marítimas, especialmente para países ribereños como el nuestro.