Sin intentar hacer periodismo de periodistas, pero es claro como medio especializado aclarar algunos conceptos erróneos y ligeros que se toman abiertamente en distintos artículos que en las últimas semanas distorsionan la realidad del sector, que entre otras cosas, llevó al desarrollo sostenible del caladero argentino como leading case para FAO 2022 en su informe SOFIA, pero además aporta sustentabilidad a las sociedades portuarias industriales y procesadoras del perfil marítimo argentino de 5 provincias, que no es poco.
En reiterados artículos que se presentaron en matutinos de amplia tirada nacional muestran sesgadamente «cómo funciona el millonario negocio de la pesca, que el gobierno puso en la mira«. Un presentación acerca de una visión crítica , polémica y mal interpretada, sobre la industria pesquera argentina, resaltando la baja regalía que pagan las empresas pesqueras y el supuesto proteccionismo hacia las mismas. Sin embargo, este análisis omite varios aspectos cruciales que merecen una consideración más equilibrada y matizada.
El Valor de la Industria Pesquera
La industria pesquera argentina es un pilar fundamental de la economía nacional, generando ingresos significativos a través de la exportación y proporcionando empleo a miles de personas. En 2023, las exportaciones de productos pesqueros ascendieron a USD 1,757 millones, una cifra que, aunque menor comparada con la carne vacuna, sigue siendo sustancial para el país. La industria emplea a alrededor de 96,000 trabajadores, entre directos e indirectos, lo que subraya su importancia socioeconómica.
Regalías y Contribuciones Fiscales
En tamaño disparatado desde hace tiempo (precisamente desde el primer embate oficial de la implementación en la LEY Bases original del 27 de diciembre pasado) se argumenta que la regalía del 0,15% sobre la pesca en aguas argentinas es insuficiente, sugiriendo que las empresas primarias extractivas «no pagan nada» por los recursos que extraen. Esta afirmación es engañosa y simplista. La industria pesquera no solo paga esta regalía, sino que también está sujeta a múltiples impuestos y retenciones. Según datos del sector, se pagan aproximadamente USD 130 millones anuales en Derechos de Exportaciones. Además, el tributo conocido como DUE o Derecho Único de Extracción que oportunamente había quedado desfasado respecto a la inflación reinante puesto que toma su actualización del precio del litro de combustible cada 6 meses que, a raíz del último proceso inflacionario entre septiembre 2023 y marzo 2024, realmente había quedado muy retrasado, no obstante el sector aporta otros U$S 16 millones anuales; estando en estudio una suba sustancial que podría ubicarlo en U$S35 millones anuales, para hacer frente a demanda de distintas entidades que nutren sus arcas de este tributo a través del FO.NA.PE., como el INIDEP, la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina para solventar parcialmente gastos de patrullado del mar argentino, la Escuela Nacional de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y sobre todo, coparticipable a las 5 provincias del litoral marítimo argentino, nada menos.
La preocupación por los derechos adquiridos y las inversiones realizadas por las empresas pesqueras no es trivial. Las inversiones en flota, infraestructura y tecnología son significativas y necesarias para mantener la competitividad y la sustentabilidad del sector. Propuestas como la de licitar los permisos al mejor postor pueden desincentivar estas inversiones y poner en riesgo la estabilidad del sector. Además, la industria ha trabajado para mantener las prácticas de pesca dentro de los límites de sostenibilidad, asegurando que las especies no sean sobreexplotadas en un esfuerzo privado por encontrar el equilibrio entre lo biológico de la biomasa creciente y la sustentabilidad económica a lo largo de 15 años que permitieron recomponer la masa crítica de merluza, por ejemplo, desde 90.000 toneladas a las actuales 340.000 toneladas.
El temor a que empresas extranjeras, especialmente chinas y españolas, dominen el mercado es legítimo. Estos actores internacionales pueden ofrecer precios más altos por los permisos, lo que podría desplazar a las empresas nacionales y afectar negativamente la economía local. La preferencia por mantener las licencias dentro de un marco que proteja a los operadores nacionales es, por tanto, una medida sensata para salvaguardar los intereses económicos y laborales del país pero por sobre todo, para sostener homeostáticamente tres aspectos que la Ley Federal de Pesca 24.922 tuvo como pilar fundamental, lo biológico, lo social y lo económico, donde se logró interactuar entre la biomasa existente, eliminar la conflictividad social de los pueblos con incidencia marítima y la sanidad económica y financiera de las empresas, que hoy, no toman dinero del circuito financiero como consecuencia de haberse saneado un sector que siempre fue considerado problemático para el sistema financiero argentino, máxime cuando en el pais en los últimos 15 años no hubo disponibilidad de fondos del sector bancario, dedicado íntegramente a solventar las necesidades de un Estado gordo, que sacaba de juego la actividad privada.
En lugar de licitar los permisos de pesca, una solución más equilibrada podría ser el aumento gradual y razonable de los Derechos Únicos de Extracción, algo que con ahínco se estudia permanentemente dentro del seno de la propia Subsecretaria de Bioeconomía y el Consejo Federal Pesquero. Esto permitiría al Estado obtener mayores ingresos sin desestabilizar la industria ni desalentar las inversiones. Las empresas pesqueras han mostrado disposición a discutir aumentos en los tributos específicos como la Unidad de Pesca, lo que podría ser un camino viable para mejorar la recaudación fiscal sin recurrir a medidas extremas.
En resumen, varios artículos con la meticulosidad y particularidad de hacer daño en un sector que mantiene equilibrio y sesgos de crecimiento aun de espaldas a las políticas de los gobiernos pasados presentan una visión sesgada y alarmista de la industria pesquera argentina. Si bien es necesario discutir y revisar los mecanismos de regulación y contribución fiscal del sector, es crucial hacerlo desde una perspectiva equilibrada que reconozca la importancia económica y social de la pesca conforme al paradigma que brindó la Ley Federal de Pesca 24.922, así como los desafíos que enfrenta. La industria pesquera es una fuente vital de empleo y divisas para el país, y cualquier reforma debe buscar un equilibrio entre maximizar los beneficios fiscales y asegurar la sostenibilidad y competitividad del sector pero por sobre todo, respetar a rajatabla lo convenido conforme a derecho en la columna vertebral de la Ley 24.922.
