Entre el 30 de junio y el 24 de agosto, las autoridades isleñas de las Malvinas, llevarán adelante una consulta popular no vinculante para conocer la opinión de sus habitantes sobre la posible instalación de granjas industriales de salmón en aguas costeras. Las opiniones generaron polémicas mayusculas y contrapuestas entre sus habitantes.
La iniciativa, impulsada por la empresa Unity Marine, plantea la producción de hasta 50.000 toneladas anuales de salmón a partir de 2026, con miras a escalar hasta 200.000 toneladas. El proyecto ha generado preocupación no solo por su impacto ambiental en el frágil ecosistema del Atlántico Sur, sino también por el aprovechamiento de recursos naturales que forman parte del territorio argentino en disputa.
Unity Marine, con sede en las islas, es una sociedad conformada por la pesquera local Fortuna Ltd y la consultora danesa F-Land ApS, especializada en acuicultura. La empresa prevé una inversión inicial de 5 millones de libras esterlinas en una fase exploratoria y ya presentó una Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación se espera para finales de 2025.
El desarrollo de este tipo de actividad fue prohibido en 2021 en Tierra del Fuego, en base a los altos riesgos ecológicos que conlleva. En ese sentido, expertos y ambientalistas han advertido que la cría intensiva de salmones en jaulas flotantes puede alterar severamente los ecosistemas marinos, afectar a especies nativas y generar contaminación por residuos, antibióticos y parásitos.
Los planes incluyen la instalación de ocho centros de cultivo marino situados entre 3 y 7 kilómetros de la costa de isla Soledad, además de dos centros de cría de alevines con sistemas de recirculación (RAS), cercanos a Mount Pleasant y Puerto Nuevo.
El cronograma original de la consulta estaba previsto para abril-junio, pero fue reprogramado para disponer de más tiempo para elaborar la documentación y compartir experiencias internacionales, como una visita reciente a las Islas Feroe, donde también se desarrolla esta industria.
En la consulta, se ofrecerán distintas opciones, que van desde la prohibición total de la salmonicultura hasta su autorización con distintos niveles de restricción ambiental, incluyendo una alternativa basada en métodos de cría orgánicos.
El ex legislador electo y becario Chevening Michael Poole, hoy ligado al sector pesquero de las Islas Malvinas, publicó una carta abierta en Penguin News para templar el acalorado debate sobre la posible introducción de la acuicultura en el archipiélago. Poole reconoce que “En a la anunciada y esperada consulta sobre el potencial para una industria de acuicultura en las Islas Malvinas, hay un número de personas apasionadas, muchas de las cuales respeto ampliamente, pero que también estoy al tanto nunca serán convencidos que la acuicultura es una industria para nosotros aquí en las Islas.”
Aunque valora esas objeciones, advierte del peligro de que quienes ya tienen una postura férrea “ahoguen a quienes quieran entender las cosas algo mejor” durante el proceso informativo y de consulta que organiza el gobierno local. Poole cree que muchos ciudadanos confían en ese espacio para formarse antes de opinar y espera que se les respete ese derecho. Por último, lamenta haber sentido “alguna amenaza física” simplemente por declararse abierto al diálogo mientras aguarda información más sólida.
Una vez finalizado el proceso participativo, la Asamblea Legislativa isleña evaluará los resultados y definirá los próximos pasos. Aunque la votación no tiene carácter vinculante, podría influir en la aprobación definitiva del proyecto, que ha encendido las alarmas por sus implicancias ambientales y políticas.
