La fecha fue instaurada en el año 2017, más precisamente el 22 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las cifras son contundentes: la pesca ilegal, no declara y no reglamentada es responsable de la pérdida de entre 11 y 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivaldría en aproximación un perjuicio económico estimado de entre 10 mil a 23 mil millones de dólares.
Es indudable que la pesca brinda una combinación de cualidades y actividades, pasando desde el propio trabajo, pasando por el comercio, el bienestar económico, sin dejar de lado el ocio. La industria primaria extractiva es el inicio de un sinnúmero de otras tareas que traen aparejada la logística de un buque pesquero en si, pero el desarrollo y motor principal de otras industrias, como la manufacturera en el continente. La competencia desleal con fuerte incidencia en los mismos mercados mundiales de consumo llevan a que FAO intervenga fomentando la lucha contra la ilegalidad, el trabajo esclavo y sin derechos, la falta de compromisos internacionales con organismos que protegen la vida de los trabajadores a bordo, la abolición de derechos humanos en flotas al margen de la ley, entre otras cosas.
En un mundo donde el crecimiento poblacional es constante y el hambre es un denominador común en varios países, el pescado se ha convertido en un producto muy importante para conseguir la seguridad alimentaria, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la pesca sostenible donde se ven amenazados por actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas.
Ya desde 1995 la FAO adoptó el Código de Conducta para la Pesca Responsable, siendo este voluntario en sus adhesiones y exponiendo principios y estándares internacionales de actuación para prácticas responsables con el fin de asegurar la conservación efectiva, la gestión y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos, respetando convenientemente el ecosistema y la biodiversidad.
Desde el año 2009, la Conferencia de la FAO también adoptó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un documento vinculante que estipula medidas mínimas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Entre esas medidas se encuentra, entre otras, la posibilidad de que los buques que realizan esta pesca, no puedan realizar sus desembarques en los puertos, aunque a nivel mundial, como existe la pesca ilegal, también existen lugares de atraque irregulares.
Las estimaciones indican que 1 de cada 5 peces capturados proviene de la pesca ilegal o al menos irregular, hablándose de que miles de especies se exponen a la extinción, llevando por consiguiente una ruptura de los desequilibrios ecosistémicos.
El objetivo que lleva el número 14 en la Agenda propuestas para el no tan lejano año 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene trazados varios objetivos, entre ellos el de regular la forma efectiva las capturas de peces, o bien la sobrepesca, algo en lo que la Argentina desde hace no mucho tiempo, vienen implementando en forma terminante en pos de resguardar el recurso, que si bien pareciese infinito, no se puede pronosticar más allá de los cientos de estudios que se realizan para cuidarlo.
No es una mera acción de protección lo que realiza nuestro país en el Mar Argentino, sino que además de resguardar la Soberanía, con estrictos controles en la consabida milla 200, buscando la protección del recurso, las embarcaciones y los tripulantes.
Claro está que más allá de los esfuerzos de las Naciones Unidas para que no se presenten más situaciones ilegales, eso no alcanza, toda vez que existen miles de casos detectados pero que no llegan a los estrados del organismo internacional que nuclea al mundo; máxime, cuando desde la figura pública de los Estados que otorgan la bandera y las matriculas, alientan con subsidios a objetivos desdibujados que tienen mas carácter de geopolítico y estratégico, que industrial generador de alimento, encubriendo objetivos futuros por el dominio y control de aguas alejadas de sus costas.
