Hacia fines del año 2020 abrió las disertaciones de un seminario “Un abordaje sobre la Pesca Sustentable” el mayor lobista de la pesca Javier Garat, Sec. Gral. de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA); Pte. de la Coalición Internacional de la Asociación Pesquera (ICFA) y Pte. de Européche; quien se refirió, a la “necesidad de efectuar una pesca sostenible de modo de asegurar las especies, el ambiente marino y mejorar las condiciones de trabajo”.
Una meticulosa exposición que no alcanzó a convencer a algunos participantes de la pesca depredadora, descontrolada e ilegal (INDNR) que realizan los buques pesqueros españoles en la costa occidental africana y, en el Atlántico Sudoccidental, FAO41.
El Sr. Garat, que bien parecía un representante de alguna fundación ambientalista y sobreprotectora del mar argentino, desde 1989, los españoles, pescan en Malvinas, donde se extraen 250 mil toneladas de recursos pesqueros en ese territorio argentino, cuando la propia ONU. en 1976 por Res. 31/49 instó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a no innovar respecto a la situación imperante en el área.
Con importante juego de palabras, El Sr. Garat replicó que “los españoles no pescan ilegalmente en Malvinas”; desconociendo, lo que la propia Unión Europea entiende por pesca ilegal, lo que ellos facultan como si bastara que esos buques españoles pesquen en Malvinas sin permiso ni cuota argentina. Teniendo en cuenta, que España reconoce la soberanía argentina en Malvinas; que su gobierno tiene obligación como Estado de Bandera de controlar que sus buques no violen el derecho internacional y, cumplir con las exigencias del Reg. (CE) 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008 y modificatorios y, el Reg. (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/12/2017 y ampliatorias, sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores, amen de la firma del convenio C-188 OIT al cual España suscribió.
Se sabe que numerosa flota viguense, española al fin, opera, en modalidad arrastrera, con bandera española sobre la milla 200 y sobre aguas adyacentes a nuestras Islas Malvinas, a veces con bandera de conveniencia de Falklands Island, entendiéndose como una vulneración a la soberanía de nuestro país, que además, aplican una trazabilidad apócrifa, debido al recorrido donde la pescan en forma ilegal en territorio argentino (Malvinas) y no solo barren con nuestros recursos (que son considerados propios por ser especies migratorias, por ende del pais ribereño), sino que luego los ingresan a España, los reprocesan y comercialización en toda la Unión Europea como de origen español. Esto es lo que se llama “TRAZABILIDAD APÓCRIFA” ya que no están garantizadas todas las exigencias del Reglamento de la Comunidad Económica Europea sobre Pesca Ilegal No declarada y No Reglamentada, en especial sus ítems 7, 10 y 11, ya que no existiendo acuerdo con la Argentina no está garantizado el origen, la certificación, los eventuales transbordos, el uso de puertos y por supuesto los controles, etc.
El Renio Unido, que ha subsistido en Malvinas por la pesca (John Barton, director ilegal de Pesca en Malvinas, 2012); fundamentalmente con cerca de 2000 licencias otorgadas a buques españoles (más las concedidas a las sociedades mixtas británico-españolas) entre 1989 y 2021, cuyos productos finales, no solo compiten con las empresas argentinas, sino también con las españolas radicadas en Argentina y con los mismos mercados internacionales donde se comercializan estos productos.
Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal ya que los recursos migratorios pertenecen al país ribereño como indica el preámbulo y varios artículos de la CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son licenciatarios ilegales en Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la Res. ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina.
Los españoles son depredadores, verdaderos corsarios del siglo XXI, igual que los poteros chinos, a diferencia que tienen mejor prensa y la buena excusa de paises hermanos. Las licencias carnavalescas las utilizaron tanto los buques coreanos como españoles, ambos piratas del siglo XXI y, en la versión moderna, los barcos pesqueros españoles debieran ser calificados como ilegales cuando capturan sin acuerdo de Argentina en alta mar (CONVEMAR, Art. 101, inc. II; Artículos 4º; 21º inc. o) y, 22º de la Ley 24.922) los recursos migratorios originarios (los peces son semovientes) de la ZEE Argentina o cuando pescan en Malvinas sin permiso ni cuota argentina (Ley 24.922 Art. 2º; 21º inc. h) y o); 23º al 27º y Ley 26.389 Art. 27 bis), como ya hemos dicho. Esto para aclararle al Sr Garat como a algunos representantes de empresas españolas con intereses en Argentina, que pescan adentro y afuera de la ZEEA, que las empresas españolas pueden estar realizando para sus intereses económicos y comerciales una “pesca sustentable” pero no llevan adelante una “pesca sostenible” de modo de asegurar la disponibilidad a perpetuidad de las especies, teniendo en cuenta la integralidad del ecosistema y las necesidades de los países menos desarrollados, como claramente lo indica el Preámbulo de la CONVEMAR, además de ser ilegal.
Hoy, son varias las empresas de capital español radicadas en el país que ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas, que símil a años posteriores a la creación del Virreinato del Rio de La Plata, nos siguen vendiendo espejitos de colores; como «la empresa española Pescapuerta que habría cedido sus activos en 2015 (Reg. Púb. Com. Insp. Gral. Justicia, Chubut, 19/8/2015) a la empresa Estrella Patagónica (Continuidad Jurídica por cambio de denominación social. Dra. Marlene del Río) y con ello violarían la Ley 26.389 a partir de que el buque “Falcon” (con proa a Montevideo, para luego ir a Malvinas) inicie sus capturas en Islas Malvinas en 2021, situación, que se vendría repitiendo desde hace cinco años sin ningún tipo de sanciones para los cuatro barcos congeladores con los que esta última opera en el caladero argentino a merluza y langostino, “Anabella M”; “Carolina P”; “Mara l” y, “Pescapuerta V”; los que según el art. 2º de la misma Ley (que reformó el 28º de la Ley 24.922) deberían haber caducado automáticamente, a partir de las operaciones en Malvinas del Buque “Venturer” de la sociedad mixta Pescapuerta-Petrel Fishing.
La Ley Nacional de Pesca en su artículo 27 bis establece que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización) y eso incluye a aquellas firmas que trabajan en zona de exclusión, ilegalmente establecida por el GIF (Gobierno Islas Falklands)
Pescapuerta es una empresa española que en 1996 desembarcó en Puerto Madryn con su filial argentina dedicada a la actividad pesquera. Con los años fue creciendo su participación en el negocio y en el 2004 invirtió 12 millones de dólares para incorporar más barcos y una planta de reproceso en Ushuaia. Su representante de este lado del Atlántico es Buenaventura Lafuente Matos.
Ademas, y otro tema que no es menor y genera ruido dentro de la pesca, en este caso de langostino, es que muchas subsidiarias españolas, han gastado fortunas en dólares para algunos despropósitos sujetos a este recurso; este año las mermas desde noviembre son muy notorias y cercanas a un 30% en aguas provinciales, nulas en el Golfo San Matías y podría ser menor en aguas nacionales la próxima zafra, por lo que muchos dirigentes locales, están muy preocupados para justificar tamaña inversión con resultados muy magros y mucho menor a los esperados, por los que, ante la desesperación, a veces se vulneran las formas y las reglas, además del fondo de la cuestión.
¿Se puede obtener cuotas de captura en forma simultánea en la Argentina y licencias ilegales británicas en un territorio argentino ocupado en forma prepotente por el Reino Unido?
¿Es ésta la forma que los españoles cuidan los recursos en Gibraltar; en las aguas comunitarias; en las británicas; en las costas de África occidental y en el Atlántico Sudoccidental?
¿España de qué lado está, o vale todo?
Por otra parte, para que una flota pueda operar a 10000 millas náuticas de su puerto de origen o base, inexorablemente necesita de apoyo logístico para descargar sus capturas o bien para reabastecer sus tanques de combustible, amen del recambio de tripulaciones, ¿está bien que todo esto se produzca en Montevideo, Uruguay o en alta mar, pero con combustible uruguayo y con descargas de reefer’s en Montevideo?
Lobby y negocio deben ser analizados por las autoridades argentinas, que bien, por filosofía, por idiosincrasia y por convicción peronista, la esencia debiese ser siempre Nacional.
Argentina para los Argentinos.
Por Daniel M. Coluccio
