Ordenan revocar siete permisos de pesca. Se realizará una nueva licitación previo a estudiar pormenorizadamente de qué manera habían sido otorgados. Argumentan que hubo perjuicio económico. Ya lo había anticipado el propio gobernador.
El anuncio lo hizo el gobernador de la provincia del Chubut Ignacio Torres y es en referencia los permisos que fueron otorgados “entre gallos y medianoche” en una sesión de la legislatura provincial llevada a cabo el 22 de diciembre de 2022, mientras se modificó la Ley provincial de Pesca, con fundamentos dudosos y arbitrarios.
Esos “famosos” permisos habían sido otorgados durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, no descartando Torres que mantenga una reunión con los empresarios que se vieron beneficiados y adelantarles la decisión del gobierno provincial.
Sobre el particular PESCARE consultó al secretario de Pesca de Chubut, Dr. Andrés Arbeletche, quien adelantó: “estamos haciendo lo que el Gobernador dijo desde el primer día que íbamos a hacer en relación a los nuevos permisos que había creado la Nueva Ley de Pesca de la provincia».
“Esa Ley de Pesca, de la que nosotros tenemos una opinión negativa en cómo fue la génesis de la misma: el último día de la Legislatura, mientras se discutía la reforma a Ley Electoral, a la una de la mañana, sin que nadie sepa. En definitiva, la Ley crea los permisos pero no los aplica, el que los aplica es el secretario de Pesca, la Autoridad de Aplicación a través de una Resolución.”, describió Arbeletche.
Sobre los siete permisos tan mencionados, el funcionario explicó que “lo que encuentro sobre estos siete nuevos permisos que se crean, presentan dos inconvenientes, genera mayor esfuerzo pesquero y la falta de motivación del acto administrativo, porque carece de debida fundamentación”.
Puntualmente sobre el texto, Arbeletche narró que “dice algo así como: se reciben dieciséis proyectos pesqueros y consideramos que el mejore es ‘este, este y este’, sin explicar los motivos, sin establecer un puntaje, sin diferenciar porque un proyecto sí y otro no. Eso es un vicio administrativo”. Destacando desde esta columna la diplomacia inocencia del actual funcionario ante una irregularidad administrativa beneficiando a particulares desde la propia cartera de Pesca de esa provincia, acto absolutamente viciado y de nulidad, por cuanto se desprende de sus dichos, la carencia de justificativo, antecedentes y argumentos para el reparto del verdadero botín.
“Por el otro lado hay un problema que es el desequilibrio de las prestaciones a favor de la provincia. La Ley de Pesca nueva establece en su artículo 1 el máximo interés social de los recursos pesqueros, que se debe procurar al máximo interés. A su vez, la Constitución Provincial establece algo similar, donde dice que los recursos naturales tienen que tener un aprovechamiento integral para toda la sociedad, para todos los ciudadanos de la provincia”, continuó el abogado en su descripción de lo ya establecido.
Asimismo y ante la consulta de esta Editorial, el Dr. Arbeletche luego de hacer un análisis de la situación manifestó que: “lo que encuentro es que un permiso de pesca, que son tan valiosos y escasos, se otorguen solamente con el condicionamiento de que se contraten ochenta empleados, resulta inequitativo para la provincia. Es decir, tomar ochenta empleados está muy bien, pero no deja de ser algo que también uno necesita para poder explotar el permiso. Con lo cual al ver este desequilibrio hay un incumplimiento de la Ley.”
Toda la situación llevó a que tome intervención la Justicia. El mismo secretario de Pesca chubutense le solicitó al Fiscal de Estado, que en virtud del artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo declare la nulidad de oficio “de estas Resoluciones del secretario de Pesca, por ser lesivas al interés público. Al declararse la nulidad de un acto administrativo de una Resolución, la misma no crea derechos adquiridos, con lo cual no hay un derecho de propiedad que se esté afectando.”
El mencionado artículo 91 establece “sean lesivas al interés público y no hayan pasado más de cuatro años desde el dictado del acto administrativo. Ese es el primer paso. El segundo es que estamos creando un mecanismo por el cual se les dé un derecho de preferencia a las empresas que tienen los permisos, que lo hacemos para no perjudicar más la situación, porque las relaciones laborales ya están creadas”.
En el diálogo con PESCARE, el secretario de pesca chubutense, narró que “le damos un derecho de preferencia por un monto que va a ser un millón y un millón y medio de dólares y que si no lo quieren utilizar, el permiso se va a licitar a la empresa que cumpla con los requisitos de Ley. Es decir, tenga una planta en la provincia del Chubut, contrate ochenta empleados y oferte la suma más alta. La empresa que cumpla con eso se queda con el permiso. Tengo la esperanza que no vamos a llegar a eso y que las empresas van a optar por esta preferencia, esta opción de compra preferencial que le estamos otorgando”, concluyó el secretario chubutense, quien está empecinado en ordenar la pesca de Chubut, afortunadamente.
