La cuenta regresiva terminó, pero el conflicto recien empieza. Desde el 28 de diciembre, fecha que los afiliados señalan como vencimiento del mandato de la actual conducción del SOMU, el gremio quedó atrapado en una zona de indefinición, elecciones suspendidas por decisión judicial cuando el sufragio ya se había puesto en marcha, un fallo de cámara ratificando la solicitud, un pedido de prórroga presentado por el oficialismo y una expectativa inmediata porque la Justicia debería expedirse a más tardar hoy sobre cómo sigue el proceso, algo que ya anticipamos, no va a ocurrir.
El punto de quiebre fue la suspensión de las elecciones en pleno desarrollo. Esa decisión no congeló un trámite administrativo en condiciones neutras, sino que interrumpió un proceso ya iniciado, dejando abierto un escenario de disputa sobre la validez de los actos posteriores, la autoridad de la Junta Electoral y la conducción política que intenta sostenerse. En ese marco, afiliados sostienen que, pese a las notificaciones, se habría intentado continuar con el acto electoral y que el conflicto se profundizó por la vía judicial, con sanciones económicas vinculadas al incumplimiento de resoluciones. También circula entre las bases que el Ministerio de Trabajo no habría convalidado el proceso tal como se ejecutó, lo que agrega presión institucional, aunque el alcance exacto de esa posición depende de constancias judiciales formales.
Con el mandato señalado como vencido y el calendario electoral frenado, el pedido de prórroga del oficialismo se convirtió en el núcleo del conflicto. Si la Justicia lo concede, la conducción actual obtendría continuidad transitoria, pero bajo un nivel de cuestionamiento interno que exige garantías claras y un cronograma verificable. Si lo rechaza, el gremio entraría en una etapa de transición que debería asegurar administración mínima, funcionamiento operativo y convocatoria a elecciones con reglas reforzadas para evitar parálisis o disputas sobre la representación. Existe, además, un camino intermedio: una prórroga breve y condicionada, atada a plazos estrictos y obligaciones concretas de convocatoria y control.
Mientras el expediente avanza, el problema central se desplaza a la vida cotidiana del afiliado, la falta de información oficial. En las delegaciones y entre trabajadores se repite la misma pregunta, ¿qué está pasando con el gremio y quién va a informar?. La incertidumbre se potencia porque, sin una comunicación institucional que ordene el estado del mandato, el estado del proceso judicial y las responsabilidades administrativas, el vacío se llena de versiones cruzadas.
Esa ausencia de claridad se vuelve crítica cuando impacta en la obra social. Afiliados advierten sobre interrupciones vinculadas a la prestadora “Global” y señalan que podría haber un corte total por estos últimos días del 2025, un escenario que, de confirmarse, afectaría autorizaciones, consultas, tratamientos y cobertura. Aun cuando parte de esa información requiera verificación documental, el daño ya opera, cuando no hay comunicación oficial, la salud quedó en incertidumbre.
La resolución judicial que se espera para estas horas no solo definirá si hay prórroga o no. Debería, además, fijar un marco de gobernabilidad: quién administra, con qué límites y cuál es el camino cierto hacia elecciones. En paralelo, el sindicato tiene una obligación básica frente a sus afiliados: informar con precisión. Un comunicado que establezca la situación institucional, el estado del expediente, los canales de atención y el esquema de continuidad de la obra social no es un gesto de cortesía; es una necesidad para evitar que la crisis pase de lo jurídico a lo social.
En un gremio atravesado por denuncias, suspensión electoral y mandato discutido, el silencio también gobierna. Y, en este momento, gobierna mal. La salida no será solo un fallo: será una decisión capaz de ordenar reglas, fijar fechas y devolver previsibilidad a la representación sindical y a los derechos concretos de sus afiliados pero sobre todo, de fijar pautas salariales en vistas a la próxima temporada de pesca 2026.
