El Centro de Navegación es una asociación civil sin fines de lucro, que representa los intereses del transporte marítimo en aguas y puertos argentinos. Fue fundada el 9 de mayo del año 1900 y agrupa a empresas relacionadas con el transporte, la logística y los puertos, brindando asesoramiento, información, representación y formación académica, con el fin de mejorar la competitividad y eficiencia del comercio exterior de nuestro país.
La entidad tiene como objetivo general, el fomento de la navegación entre Argentina y el resto del mundo, desarrollando diferentes objetivos puntuales, como son la optimización de las condiciones operativas, la modernización tanto de los aspectos legislativos y documentales como de la infraestructura portuaria y logística, la promoción de inversiones, la unificación de procedimientos marítimos, la difusión de información del sector, el asesoramiento y la formación académica, tendiente a impulsar un mayor crecimiento económico.
El amplio informe a modo de agenda realiza un recorrido por los Puertos y vías navegables, Aduana, Ley de Transporte Multimodal, Restricciones cambiarias y tributarias, Fomento de la marina mercante y del cabotaje nacional, Acuerdos de reserva de cargas en el MERCOSUR, Medidas de control sanitario y ambiental, Medidas de control de seguridad, Cruceros y Gobernanza del Sector.
Desde la “Agenda” para el Comercio Exterior Argentino destacan que la economía argentina presenta un doble problema externo: exporta poco y debe mucho.
“El mundo desconfía del uso dado a los fondos recibidos, de la estrategia de inversión y de la capacidad del país de cumplir con sus compromisos, lo que ha generado un cese de las fuentes de financiamiento, agravando el problema. Desde 1975, el país solo representa el 0,4% de las exportaciones mundiales, prácticamente sin impacto en el globo”.
“Para aumentar la capacidad productiva y exportadora, debemos aumentar nuestros niveles de competitividad y, en este sentido, la logística es un capítulo central. En la Argentina, más allá de algunos avances de los últimos años en materia de energías renovables, la oferta energética es todavía dependiente de los recursos fósiles, al tiempo que la oferta de cargas está muy concentrada en el transporte carretero (caro y con externalidades en materia de congestión, contaminación y siniestralidad), en detrimento de medios de transporte alternativos, como el ferrocarril o el transporte por agua marítimo y fluvial, ya sea de cabotaje o internacional”, relatan en el documento de reciente publicación.
La Aduana, que en estos días volvió al tapete a raíz de varios allanamientos realizados en Mar del Plata y CABA, en virtud de posibles triangulaciones y subfacturación de empresas exportadoras, tiene un apartado especial, destacando que la función básica del organismo constituye en prestar el servicio de control del comercio internacional.
Realizaron desde el Centro de Navegación algunas propuestas de forma tal que la Autoridad pueda seguir cumpliendo con dicha misión, en forma más eficiente, modernizando y sistematizando los flujos de información y documentación y actualizando su normativa a la realidad de los avances operativos y tecnológicos, facilitando el intercambio del comercio y bajando costos para toda la cadena logística como lo es el Intercambio digital y la eliminación del formato papel; estandarización de los requerimientos y procedimientos en todos los puertos del país, donde destacando que motivado por la situación de pandemia del COVID-19, la realidad operativa del comercio exterior aceleró el proceso que ya existía, de migrar sus sistemas documentales eliminando el papel y la presencialidad hacia sistemas de transferencia electrónica de datos, o al menos de mínima, de digitalización de documentación (paperless), lo cual fue receptado por muchas autoridades en nuestro país, incluyendo la Aduana.
Además proponen el Fomento de la Marina Mercante y de Cabotaje Nacional, apoyando las iniciativas que permitan el crecimiento y fortalecimiento, siempre que estas actividades se traduzcan en emprendimientos que se realicen con inversiones genuinas, asumidas con capital a riesgo empresario, que, eventualmente, tengan acceso al crédito y/o alicientes impositivos -sin subsidios del Estado-, como herramientas idóneas para que sean impulsores de la reactivación deseada y necesaria para favorecer el desarrollo y fortalecimiento del transporte por agua y el crecimiento del comercio exterior argentino.
Resaltan en el documento sobre la Gobernanza del sector, que nuestro país debe integrar su planificación logística, portuaria y del transporte por agua como una Política de Estado, articulándola con la política económica, aduanera y cambiaria del país, de forma tal de facilitar e impulsar su comercio exterior en forma orgánica y armonizada.
“Hoy más que nunca, el sector reclama la creación de una Política Nacional del Agua que podría producir muchos beneficios para el país. Para ello, resulta fundamental la acción central del Ministerio de Transporte, por medio de la participación de funcionarios de carrera calificados, que garanticen criterios técnicos uniformes sostenibles en el tiempo que permitan potenciar el desarrollo logístico integral”.
“Ahora bien, por lo que refiere a acciones concretas de mejora del orden administrativo, respecto de la Administración General de Puertos SE (AGP), se recomienda dar por terminada su intervención y normalizar su funcionamiento. Por definición, una intervención tiene vocación temporal y no a perpetuidad. En el caso concreto, no hace sentido una intervención sostenida en el tiempo durante más de dos décadas.”
“Por otro lado, cabe reconsiderar el objeto y función central de la AGP con base en los postulados de la ley 24.093 y demás normativa aplicable, cual es ser el órgano administrador del Puerto Buenos Aires. Hoy en día, la misión principal de la AGP, que pasaría por sentar las bases de los pliegos para la relicitación del Puerto Buenos Aires, se ha viso desviada, debiendo cargar la AGP con la gestión de otros proyectos a nivel federal -entre otros, la concesión de la VNT), aprovechando la reconocida capacidad técnica de sus recursos humanos, pero que comprometen la capacidad de sus esfuerzos y patrimonio”.
