Ayer, 17 de marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 dictó una medida cautelar en la causa promovida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación contra el Estado nacional y resolvió suspender los efectos del acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la justicia del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802. La resolución quedó firmada por el juez Herman Mendel y abre, desde ahora, una nueva fase en un conflicto que combina constitucionalidad, organización del servicio de justicia, estabilidad laboral y distribución real de poder dentro del sistema judicial.
La decisión judicial no se limitó a observar un detalle de procedimiento. Lo que hizo fue interrumpir, con efecto inmediato y hasta sentencia definitiva sobre el fondo, una pieza central del rediseño institucional que venía impulsándose sobre la Justicia Nacional del Trabajo. El corazón de la cautelar está allí; el traspaso quedó suspendido antes de que pudiera consolidar efectos jurídicos y administrativos de mayor alcance. En términos prácticos, el fallo desactiva, de manera provisoria, la ejecución del acuerdo celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad para transferir competencias en materia laboral.
La presentación sindical había sido construida sobre un doble eje. Por un lado, cuestionó la validez constitucional de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802, del decreto 95/2026 y del propio acuerdo de transferencia. Por otro, pidió frenar cualquier acto destinado a instrumentar esa cesión de funciones. En la resolución, el tribunal reseña ese planteo con precisión: la organización actora sostuvo que el esquema aprobado compromete la estabilidad de los agentes judiciales, altera escalas y regímenes de carrera, y deja abiertas zonas decisivas —como incorporación de personal, condiciones laborales y estructura futura— para acuerdos posteriores, sin definición normativa suficiente. Esa indeterminación, lejos de ser secundaria, fue leída como una fuente concreta de afectación sobre la situación jurídica y funcional del personal. Según la notificación judicial, el expediente fue emitido el 17 de marzo de 2026 y corresponde a la causa 7097/2026. El documento enumera precisamente esos agravios: incertidumbre escalafonaria, modificación del régimen de ascensos y aumento de la carga horaria bajo el sistema de la Ciudad.
Allí aparece uno de los núcleos más sensibles de la controversia. La disputa no se agota en una cuestión de competencias; también se proyecta sobre la carrera judicial, la continuidad institucional del fuero y las condiciones concretas de trabajo de quienes sostienen el servicio. La resolución detalla que la parte actora describió un universo de aproximadamente 1.530 agentes y una litigiosidad que ronda los 732.730 expedientes entre ambas instancias, dimensión que el sindicato usó para argumentar que una transferencia de esta magnitud no puede ser tratada como un simple ajuste de organigrama. El expediente coloca así la estructura del fuero en el centro del litigio.
El otro gran capítulo del planteo estuvo dirigido al modo en que se sancionó y estructuró la medida. La resolución reseña que la acción invocó vicios en la convocatoria a sesiones extraordinarias, desborde respecto del objeto legislativo habilitado, subsistencia de la llamada “Ley Cafiero” como obstáculo jurídico, extralimitación en facultades delegadas, omisión del control bicameral y desviación del objeto del propio acuerdo. En ese marco, la demanda sostuvo que el Congreso había sido convocado para tratar legislación laboral de fondo y que, dentro de ese temario, terminó avanzándose sobre la disolución orgánica del fuero laboral nacional. Esa línea argumental también consigna que el sindicato denunció una selectividad institucional en la elección del fuero afectado, al no alcanzarse con la transferencia a otros ámbitos como el civil, comercial o criminal.
La cautelar, sin embargo, no se apoyó en todos esos argumentos con igual intensidad ni con definición final. Como corresponde a esta etapa del proceso, el juez examinó si existían los presupuestos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Y concluyó que sí. La resolución explica que, sin adelantar opinión sobre el fondo, el acuerdo adoptado el 9 de febrero de 2026 no habría observado el procedimiento especial previsto en el artículo 12 de la Ley 24.588, norma que el propio fallo recuerda como de jerarquía singular dentro del diseño constitucional de la autonomía porteña. A ello sumó una referencia decisiva: la reciente actuación de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que, en otra causa vinculada, había confirmado una cautelar al considerar configurada una “doble verosimilitud del derecho”. Ese antecedente fue incorporado como elemento de sostén para la medida ahora dictada.
En paralelo, el tribunal entendió acreditado el peligro en la demora. El razonamiento fue directo. De la sola lectura de los términos del acuerdo, en especial de su cláusula novena, el juez desprendió que existía una lesión actual e inmediata sobre el diseño institucional protegido por la Constitución y por la Ley 16.986. A eso añadió un factor agravante: la posibilidad de que nuevas vacantes o renuncias incrementaran día tras día la afectación sobre la estructura jurisdiccional y sobre el personal alcanzado. La lógica de la medida es clara; si la transferencia avanzaba mientras se discutía su validez, el daño podía volverse de difícil reversión.
La resolución cerró entonces con una orden de fuerte impacto: la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito. Además, libró oficio a la demandada para que produzca el informe previsto por la ley dentro de tres días. La decisión, en ese punto, no deja zonas grises. Lo que quedó frenado no es una consecuencia lateral del esquema, sino el acuerdo mismo en su operatividad integral.
Detrás del lenguaje técnico, el expediente deja ver una tensión de fondo que excede a esta causa puntual. La controversia toca una fibra histórica de la organización judicial argentina: quién conserva jurisdicción, bajo qué reglas se reordena un fuero y con qué límites puede rediseñarse una estructura que articula poder institucional, empleo público especializado y resolución de conflictos laborales de enorme escala. Cuando una cautelar detiene un traspaso de esta magnitud, lo que queda bajo examen no es sólo un convenio administrativo; queda bajo examen el modo en que se redefine una porción crítica del Estado.
En ese punto, el fallo firmado por Herman Mendel opera como un punto de inflexión. No clausura la discusión. La desplaza a una instancia más exigente, en la que deberán discutirse con mayor profundidad la validez del procedimiento elegido, el alcance de las competencias comprometidas y la legalidad de una transformación que, según el expediente, pretendía alterar no sólo el mapa jurisdiccional, sino también la base operativa y humana de la Justicia Nacional del Trabajo. Por ahora, el proceso quedó en pausa. Pero la disputa institucional que asoma debajo de esa pausa recién empieza.
Implicancias del fallo en la Ley de Modernización Laboral
En su efecto más inmediato, el fallo no anula la Ley de Modernización Laboral, pero sí suspende uno de sus engranajes institucionales más delicados; el traslado de la función judicial laboral nacional a la órbita porteña. Esa decisión altera la lectura política y jurídica de la norma, porque la ley deja de presentarse como un bloque compacto y empieza a exhibir zonas sometidas a litigio, revisión y eventual fractura, en definitiva muestra fisuras que atentan contra la contundencia de una ley gravitante para todo el complejo laboral argentino.
La consecuencia es doble. Por un lado, el Gobierno pierde capacidad de mostrar la reforma como un proceso lineal y consolidado. Por otro, sindicatos, estudios jurídicos y empresas quedan ante un escenario de transición incierta, donde el fuero laboral nacional sigue en pie, con su cultura judicial, sus prácticas y su lógica histórica de funcionamiento. La modernización, en ese punto, ya no avanza como un rediseño consumado, profundo, sino como una arquitectura discutida en tribunales.
En términos operativos, el impacto es concreto; no cambia el juez, no cambia el fuero y no cambia, por ahora, el sistema en el que seguirán tramitándose los conflictos laborales. Para el sector empresario, eso introduce un factor de inestabilidad sobre la previsibilidad regulatoria; para el sindicalismo, representa una señal que la reforma puede ser contenida por vía judicial; para el sistema político, implica que una ley recién sancionada ya carga con una objeción estructural sobre uno de sus capítulos más emblemáticos.
La implicancia de fondo es aún más profunda. Cuando una reforma laboral intenta alterar también el dispositivo que juzga las relaciones de trabajo, la discusión deja de ser sólo normativa y se vuelve institucional. Por eso, la cautelar no sólo congela una transferencia; también pone bajo examen el método, el alcance y la legitimidad del rediseño. La ley sigue vigente, pero ya no intacta. Quedó expuesta, condicionada y sometida al filtro decisivo de la Justicia.
