Este lunes se inició en Puerto Madryn el juicio oral contra dos responsables de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de haber vertido residuos pesqueros sin tratamiento previo en aguas del Golfo Nuevo. En el banquillo están Nadine Parry y Brahim Yoosef Vargas, este último a cargo del área de tratamiento de efluentes de la firma.
La investigación, encabezada por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, apunta a un episodio ocurrido en 2023, cuando —según la acusación— la empresa utilizó una cañería tipo “by pass” para volcar directamente al mar líquidos provenientes del procesamiento de langostino, sin pasar por tratamiento previo.
Los informes técnicos presentados durante las audiencias revelaron niveles de contaminación alarmantes: sólidos suspendidos 21 veces por encima del límite, demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 60 veces superior, amonio 25 veces más y Escherichia coli hasta 2.700 veces el máximo permitido.
Durante la primera audiencia ante la jueza Patricia Reyes, se expusieron pericias del Cenpat-Conicet y declaraciones de especialistas que describieron el impacto ambiental de la descarga. Los testigos de Ecología y Medio Ambiente, Policía y Policía Científica coincidieron en que el líquido rojizo de fuerte olor llegaba hasta el alambrado perimetral de la planta.
Entre las pruebas más relevantes se incluyeron mensajes internos entre los acusados. En uno de ellos, fechado el día de los allanamientos, se lee: “no podemos derivar más al bay pass”, lo que, según la Fiscalía, demuestra que los imputados tenían conocimiento de los vertidos y buscaban ocultarlos.
Durante la jornada del miércoles declararon testigos aportados por la defensa, entre ellos el arquitecto Daniel Blanchet, quien aportó una pericia sobre los sistemas de líquidos con colorantes utilizados para seguir el recorrido de los efluentes.
El caso se hizo público tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba un efluente de color naranja desembocando en el mar, lo que generó repercusión en la comunidad local y alertó a las autoridades ambientales.
No obstante, en el inicio de actuaciones en marzo de 2023 desde la empresa había aclarado la situación haciendo referencia en el marco de la causa penal que investiga un presunto daño ambiental en el Golfo Nuevo, la pesquera Conarpesa llevó a cabo una diligencia de prueba anticipada ante los tribunales de Puerto Madryn. El expediente se originó, tras el hallazgo de líquidos crudos vertidos en dichas aguas, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal, con toma de muestras y actuaciones que derivaron en la imputación de un directivo, el encargado de la planta de tratamiento de efluentes y, como persona jurídica, la propia compañía, bajo la figura de contaminación ambiental prevista en el Código Penal y la Ley 24.051 de residuos peligrosos. Conarpesa, no obstante, sostiene que los efluentes señalados no provenían de su planta, sino del caño troncal del parque industrial pesquero, utilizado por diversas empresas para el vertido de aguas previamente tratadas hacia la costa.
Este jueves a la mañana se realizará una inspección ocular en la zona de los vertidos para constatar las condiciones actuales y evaluar el impacto en el ecosistema marino. Los alegatos finales están previstos para el lunes, cuando la Fiscalía y la defensa presentarán sus conclusiones ante la jueza Patricia Reyes.