El conflicto que atraviesa el sector pesquero en Puerto Madryn continúa profundizándose, especialmente en las plantas procesadoras en tierra, donde persisten los reclamos por el retraso en el pago de salarios y se suman denuncias por prácticas empresariales irregulares. La situación se ve agravada además por la demora en el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales, que mantiene inactiva a gran parte del personal embarcado.
Una de las empresas más afectadas por esta crisis es Mirabella, que se encuentra atravesando un proceso preventivo de crisis con intervención judicial. La semana pasada, unas 65 personas con relación laboral permanente realizaron una protesta en el acceso a la planta. Reclaman el pago de la primera quincena de junio, que debía haberse acreditado dentro de los cinco días hábiles posteriores al 15 del mes.
“Venimos arrastrando problemas desde hace varias quincenas, en especial desde que comenzó el proceso de concurso. Hay atrasos constantes y ahora estamos en un punto muerto, esperando respuestas”, explicó un representante gremial. Desde el sindicato denuncian que, pese a los reclamos formales, la empresa aún no cumplió con sus obligaciones salariales.
También se suma el conflicto en la empresa Achernar, que denuncian el inició tareas de reproceso de materia prima sin convocar a su personal efectivo, incorporando “trabajadores eventuales” sin vínculo laboral estable. A esta situación, manifestó la empresa, el STIA estaría presionando para que se excluya del plantel a trabajadores que no responden al gremio y que los nuevos ingresos provengan de una nómina propia elaborada por el sindicato.
Desde Achernar indicaron que tenían previsto incorporar a 30 operarios para capacitarlos en el uso de una nueva maquinaria de pelado y desvenado de langostino, pero afirman que el sindicato intenta imponer condiciones que vulneran la libertad de contratación de la empresa. El gremio, por su parte, sostiene que esta maniobra precariza el empleo y constituye una violación de la Ley de Contrato de Trabajo y del convenio colectivo vigente.
“Este accionar precariza el empleo y excluye a quienes tienen una relación laboral formal. Es una provocación que rompe la paz social”, remarcaron desde la conducción sindical, que exige el cese inmediato de estas prácticas.
Otro de los focos de tensión se encuentra en la empresa Pescargen, donde, acompañados por el Sindicato de la Alimentación (STIA), iniciaron medidas de protesta frente a la planta para exigir el pago inmediato de salarios adeudados. La situación involucra además a la firma Arrufo, que prestaba servicios bajo convenio para Pescargen y se declaró insolvente sin abonar las liquidaciones correspondientes a nueve empleados, algunos con más de quince años de antigüedad.
Dado que estos trabajadores cumplían funciones directamente para Pescargen, el sindicato sostiene que la empresa principal es solidariamente responsable por las deudas, en línea con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. “La empresa pretende desentenderse, pero debe responder por los derechos adquiridos de sus dependientes. No vamos a permitir que ignoren sus obligaciones legales”, afirmaron desde el STIA, que ya había denunciado la situación ante las autoridades sin obtener respuestas.
La combinación de sueldos impagos, contratación irregular y el incumplimiento de obligaciones por parte de las empresas pesqueras evidencia un deterioro creciente en el entramado laboral del sector en Puerto Madryn. El malestar crece y las organizaciones sindicales sostienen que continuarán con las medidas hasta que se respeten los derechos de todos los trabajadores.
Se atraviesa una coyuntura particularmente crítica dentro del entramado productivo y manufacturero del langostino, configurándose como un episodio de alta complejidad e incertidumbre. La drástica caída de los precios internacionales ha erosionado gravemente las márgenes de rentabilidad a lo largo de toda la cadena de valor, desde la actividad pesquera en su expresión más primaria hasta los eslabones finales del circuito exportador. Esta profunda desarticulación ha desembocado en una ruptura generalizada de la cadena de pagos, propiciando demoras, incumplimientos y pérdidas que comprometen la viabilidad de numerosas empresas. En este contexto adverso, el eslabón más vulnerable no es uno en particular, sino el conjunto íntegro de actores que integran esta actividad estratégica, todos ellos arrastrados por una crisis sistémica que amenaza con desmoronar la estructura misma del sector.
