Desde el Centro de Patrones cuestionan que la ANPyN mantenga excepciones que habilitan a flotas extranjeras a competir con condiciones desiguales.
En diálogo con el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, volvió a manifestarse con dureza frente al accionar de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El dirigente consideró que el organismo “está reproduciendo por vía administrativa lo que el Congreso ya rechazó por inconstitucional e ilegal”: la apertura del cabotaje a buques de bandera extranjera con tripulación extranjera.
Según explicó Moreno, el actual Gobierno había intentado derogar la Ley de Cabotaje —que reserva la navegación entre puertos nacionales a buques de bandera argentina y con tripulación nacional— a través del Decreto 340/2025, pero esa medida fue anulada por el Congreso de la Nación tras un gran trabajo gremial, político y legislativo.
“Tuvimos más de 80 reuniones con diputados y senadores de todos los partidos. Logramos que el decreto fuera derogado por ambas cámaras. Sin embargo, la ANPyN volvió sobre el mismo concepto con la disposición 41/2025”, señaló.
Esa norma, denunció, abre nuevamente la puerta a la participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de cargas nacionales, argumentando supuestas “excepciones” que —en los hechos— se han convertido en autorizaciones permanentes para competir con la flota argentina.
Para Moreno, el problema no radica en una falta de capacidad de la flota local, sino en la búsqueda de abaratar costos a través de banderas de conveniencia.
“Estos barcos no tributan al fisco argentino, tienen otro régimen laboral y pagan salarios mucho menores. Es una competencia desleal que atenta contra la soberanía nacional y destruye el trabajo argentino”, afirmó.
El dirigente advirtió que actualmente hay al menos tres buques operando bajo este esquema en el ámbito fluvial, renovando “waivers” de forma encadenada y eludiendo la exigencia legal que impone la incorporación de personal argentino a los 30 días de actividad.
“Piden un permiso por 30 días, luego otra agencia pide otro por el mismo barco, y así sucesivamente. Es una violación sistemática de la norma, y la ANPyN lo permite. En lugar de cuidar los intereses nacionales, funciona como una agencia marítima que protege compañías extranjeras”, denunció.
El dirigente también apuntó contra la falta de transparencia en el otorgamiento de los permisos.
“Eliminaron el acceso a la información y a los trabajadores para que podamos ver qué se está haciendo. De forma solapada están generando esa posibilidad de flete a buques extranjeros, violando el carácter excepcional que prevé la ley”, explicó.
Además, advirtió que estas prácticas no solo impactan en el empleo, sino también en la formación profesional y la capacitación de los trabajadores del sector.
“Se pierde la oportunidad de que nuestros marinos se formen, naveguen y mantengan la experiencia a bordo. Cada waiver es un puesto menos para un trabajador argentino”, agregó.
El Centro de Patrones ya presentó notas formales rechazando esta nueva resolución y solicitó una reunión con las autoridades nacionales para tratar el tema.
“Si esto no se resuelve por los canales institucionales, tenemos nuestras herramientas. Si hay que ir a manifestarse, iremos a la calle a defender el trabajo y la soberanía nacional”, concluyó de manera contundente, Moreno.
ctualmente, el tema se encuentra en análisis dentro de distintos ámbitos del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, donde se evalúan los alcances de la disposición 41/2025 y su impacto en la normativa vigente. En paralelo, los gremios del sector marítimo preparan nuevas acciones institucionales para exigir su revisión y garantizar el cumplimiento de la Ley de Cabotaje, en un contexto donde la presión de las empresas extranjeras y las necesidades logísticas del comercio interior vuelven a poner en tensión al delicado equilibrio entre competitividad, trabajo con mano de obra local y soberanía nacional.
