El acta firmada por el Consejo Federal Pesquero el 9 de abril de 2026 dejó una definición acerca de la distribución de $7.813.142.427,57 del FO.NA.PE., el fondo que concentra una parte decisiva de la arquitectura financiera del régimen pesquero argentino. La cifra surge luego de descontar lo ya asignado en decisiones anteriores y vuelve a poner en evidencia que, junto con la administración del recurso, también se disputa la orientación concreta de los fondos que sostienen control, investigación, funcionamiento institucional y transferencias a las provincias.
Según el informe financiero incorporado al Acta CFP Nro.8/2026, al 30 de marzo de 2026 la recaudación acumulada en la cuenta del FO.NA.PE. ascendía a $11.543.876.324,76. De ese total, $200.028.048,01 correspondían al embarque de inspectores. Como el cuerpo ya había distribuido previamente $3.635.630.933,19, quedó disponible un saldo de $7.813.142.427,57 en recursos coparticipables y no coparticipables, además de $95.102.964,00 vinculados también al embarque de inspectores. En la escena central muestra la decisión política institucional de cómo repartir los fondos que genera el sector pesquero por su actividad , qué áreas se refuerzan, con qué intensidad y bajo qué lógica de prioridades.
La decisión fue unánime. El Consejo resolvió dividir ese saldo en dos mitades exactas. Por un lado, el 50% de los recursos no coparticipables, equivalente a $3.906.571.213,78, se orientó a cinco destinos: Autoridad de Aplicación con $866.571.213,78; INIDEP con $1.165.000.000; Patrullaje y Control con otros $1.165.000.000; el propio CFP con $550.000.000; y Capacitación con $160.000.000. Por otro, el 50% restante, también por $3.906.571.213,78, fue distribuido de manera coparticipable entre Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Nación, con $651.095.202,29 para cada jurisdicción.
En esa grilla, algunas señales adquieren un peso singular. La investigación y el control absorbieron juntos más de $2.300 millones. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero recibió $1.165.000.000 para tareas de investigación, mientras que la misma suma destinada a patrullaje y control fue dividida en partes iguales entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con $582.500.000 para cada fuerza, con el objetivo expreso de reforzar la vigilancia en la Zona Económica Exclusiva. No es un dato accesorio: el fondo no sólo financia administración, también dibuja una respuesta material frente a la presión sobre el mar argentino.
El acta también baja al terreno de la distribución a distintos organismos entre los que se destaca la Fundación Argeninta. Los $550.000.000 asignados al funcionamiento del Consejo deberán canalizarse a través de diferentes acuerdos establecidos en las diferentes Carta Acuerdo de los años 2010 y 2014.
Para la Nación, además de los $651.095.202,29 previstos dentro del tramo coparticipable, el acta ordenó transferir los $95.102.964,00 informados por embarque de inspectores. Y en un gesto que revela una preocupación persistente por la ejecución efectiva, el Consejo reiteró a la Autoridad de Aplicación el pedido para que asegure la disponibilidad de cuotas de caja necesarias para concretar la distribución total de los recursos del fondo y cumplir con las asignaciones específicas previstas por la Ley Federal de Pesca. Allí se advierte una tensión silenciosa pero decisiva: entre la decisión formal de asignar y la capacidad real del sistema para transformar esa asignación en dinero efectivamente disponible.
Así, en apenas veinte minutos de sesión, entre las 12:20 y las 12:40 del 9 de abril, el Consejo trazó un mapa preciso del poder financiero del sector. El FO.NA.PE. volvió a funcionar como un instrumento de reparto, pero también como una radiografía del presente pesquero que con su accionar impulsa la investigación para conocer, el control marítimo para custodiar, la estructura para sostener la administración de la actividad, la coparticipación a las provincias para equilibrar, y a la Nación para ordenar.
