En la misma audiencia en la que declaró el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. Durante su exposición rechazó las imputaciones que pesan en su contra y sostuvo que su función dentro de la Fuerza de Submarinos era exclusivamente de asesoramiento, sin capacidad de decisión sobre las operaciones ni sobre la zarpada de las unidades.
Alonso explicó que en 2017 integraba el Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, un órgano auxiliar cuya tarea era asesorar al comandante de esa fuerza —entonces el capitán de navío Claudio Villamide— en aspectos operativos, logísticos y de planificación. Según detalló, el equipo estaba conformado por áreas de operaciones, logística, armamento —dentro de la cual se encontraba el área de salvamento—, personal y una secretaría general, todas dependencias destinadas a asistir al comandante en la conducción de la fuerza.
En ese contexto afirmó que las acusaciones en su contra se basan en una interpretación errónea de sus funciones dentro de la estructura naval y del reglamento orgánico de la Fuerza de Submarinos, redactado en 1992 y que, según señaló, se encontraba desactualizado. Durante su declaración sostuvo que no tenía atribuciones para impedir la zarpada de un submarino ni para ordenar inspecciones técnicas, al explicar que “el único que podía hacerlo era el comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS)” y que “yo al no estar en la línea de comando no puedo pasar ni por sobre el comandante de fuerza ni por sobre el comandante del submarino”.
El oficial también se refirió al sistema utilizado por la Armada para evaluar el estado técnico de las unidades, conocido como ICEM (Índice de Calificación del Estado del Material), una herramienta que permite medir el estado de cada sistema del buque mediante una planilla técnica completada por el propio comandante y la tripulación. Según explicó, ese mecanismo determina si una unidad está habilitada o no para navegar.
En ese marco indicó que el ARA San Juan había mejorado progresivamente su calificación desde que finalizó su reparación de media vida. Según señaló durante su exposición, “cuando salió tenía un índice de 3,98 y en el último informe elevado por el capitán Fernández tenía una calificación de 4,24”, lo que indicaba que el submarino se encontraba operativo.
Alonso también abordó el nivel de adiestramiento de la tripulación. Explicó que el submarino tenía asignado un nivel de actividad “C”, correspondiente al adiestramiento mínimo requerido, que implicaba alrededor de 35 días de navegación anual. Según detalló, durante 2017 el buque había acumulado aproximadamente 43 días de navegación y más de mil horas de inmersión, superando ese estándar y acercándose al nivel considerado aceptable.
Asimismo destacó la experiencia de la dotación del submarino, señalando que la mayoría de los tripulantes llevaba varios años embarcado en la unidad y que el comandante Pedro Fernández contaba con personal con amplio conocimiento del buque. En ese sentido recordó un ejercicio realizado en abril de 2017 en el que embarcó junto al comandante Villamide y al jefe del área de armas para presenciar el lanzamiento de un torpedo de ejercicio, una maniobra que permitió evaluar el desempeño de la tripulación en condiciones exigentes. Según relató, en esa oportunidad la dotación demostró un alto nivel de preparación y afirmó que “cuando se realizan ejercicios de lanzamiento de torpedos la exigencia es mayor que en una navegación normal y la dotación tuvo un desempeño óptimo”.
Durante su declaración también respondió a los cuestionamientos vinculados con la firma de documentación relacionada con la zarpada del submarino. Explicó que firmó una orden de operaciones en ausencia del comandante de la fuerza, tal como lo permite el Reglamento General de Servicio Naval, que habilita al oficial más antiguo presente a firmar documentación administrativa cuando el titular no se encuentra disponible.
Alonso también recordó que tras el hundimiento del submarino fue sometido a un Consejo General de Guerra dentro de la Armada, instancia en la que enfrentó acusaciones similares a las que hoy se discuten en el juicio. Según explicó, ese tribunal militar concluyó que su rol dentro del Estado Mayor era de asesoramiento y que no tenía capacidad de decisión sobre las operaciones de la fuerza.
En el tramo final de su exposición respaldó las declaraciones realizadas previamente por López Mazzeo y Villamide y sostuvo que no existían indicios que indicaran que el submarino no estuviera en condiciones de zarpar. Según afirmó, el propio comandante del buque había informado que la unidad estaba lista para navegar y que las pruebas previas habían sido realizadas.
En el tramo final de su exposición, Alonso dejó de lado las explicaciones técnicas y expresó el impacto personal que le generaron las acusaciones en su contra. Recordó que muchos de los tripulantes del ARA San Juan eran compañeros de años dentro de la Fuerza de Submarinos y sostuvo que para quienes integraban la comunidad naval la pérdida fue profundamente personal. Visiblemente afectado al recordar el hallazgo del submarino —operación en la que él mismo participó a bordo del buque que lo localizó — afirmó que resulta doloroso escuchar que los mandos navales “no hicieron nada” o que abandonaron a sus camaradas, y concluyó ante el tribunal que “un marino no abandona a otro marino”.
Antecedentes. Comisión Bicameral del Senado de la Nación 19 de Marzo de 2019
SEn síntesis, la declaración del capitán de navío Héctor Anibal Alonso ante la Comisión Bicameral sobre el ARA San Juan, el 19 de marzo de 2019, giró sobre cuatro ejes: sostuvo que el submarino estaba en condiciones de navegar y operar al momento de zarpar; defendió actuaciones previas del comandante Pedro Fernández, en particular una maniobra realizada en julio de 2017 vinculada a la válvula ECO-19 y al sistema de ventilación del balcón de baterías de proa; afirmó que el episodio de noviembre de 2017 podía encuadrarse como una avería seria, aunque no necesariamente como una emergencia, y por eso consideró adecuada la orden de que el comandante resolviera según su criterio (había otras condiciones mas benévolas de mar); y además relató que, cuando debió informar lo ocurrido al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, este se mostró sorprendido, y que luego el Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), almirante Marcelo Srur le reprochó no haber “tamizado” la exposición a un nivel mas político, menos descriptivo y técnico.
La idea central de su testimonio fue que la conducción naval no veía al San Juan como una unidad imposibilitada para operar, y que las decisiones adoptadas a bordo y en tierra se encuadraban, según su visión, dentro de criterios profesionales válidos. Esa postura quedó en tensión con los cuestionamientos de legisladores y asesores de la comisión, que ya venían discutiendo posibles fallas de conducción, supervisión y evaluación del riesgo en las horas previas a la pérdida del submarino.
