El gobierno de Argentina, está analizando y preparando un decreto que podría derogar la Ley de Cabotaje Nacional Nro.19.492/44.
Esta Ley, vigente desde 1944, establece que todo el transporte de mercancías sólidas, líquidas o gaseosas con origen y destino en puertos nacionales debe ser realizado por buques argentinos con oficialidad argentina y al menos un 25% del personal subalterno de la misma nacionalidad, según sus disposiciones generales.
Art.1°. La navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos.
Art.2°. – Para que a un barco argentino se le autorice a ejercer la navegación comercial de cabotaje y tenga derecho a usar el pabellón nacional de acuerdo con las disposiciones legales, debe reunir las siguientes condiciones:
a) Estar inscripto en la matrícula nacional;
b) Ser mandado por capitán y oficiales argentinos con título argentino;
c) Ser tripulado por argentinos en una proporción mínima del 25% de su rol;
d) Usar obligatoriamente el idioma nacional en las órdenes de mando verbales y escritas y del servicio del barco y en las anotaciones y libros, y documentos exigidos por el Código de Comercio ( libro III) y las inscripciones de los transmisores de órdenes, alojamientos y compartimientos.
La derogación de esta ley implicaría el fin de las operaciones de las empresas de bandera argentina en el transporte marítimo y fluvial. Las grandes navieras internacionales, como Maersk o MSC, que operan en todo el mundo, podrían entrar a competir en el mercado argentino sin las restricciones actuales.
Esto, prima facie, tendría un impacto negativo en la economía argentina, ya que:
- Las empresas de bandera argentina perderían miles de empleos.
- Los precios del transporte marítimo y fluvial aumentarían, lo que encarecería los costos de producción y distribución de las empresas argentinas.
- La soberanía argentina en el transporte marítimo y fluvial se vería comprometida.
Todos argumentos, propios de la defensa de intereses de quienes, mediante el Estado protector, desarrollaron la actividad sin competencia alguna, y pudiendo aplicar tarifas en dolares muchas veces más altas que en el mercado internacional, y por otro lado, como toda actividad monopólica y sin competencia, ofreciendo un servicio ineficiente, al final caro, y sin ajustarse a la necesidad del usuario.
Los especialistas consultados señalan que el gobierno podría evitar este impacto negativo creando un segundo registro en la matrícula nacional de buques, que permitiría a las navieras argentinas competir en igualdad de condiciones con las internacionales.
Asimismo, la misma fuente consultada por el medio que publicó la noticia coinciden en que la derogación de la ley de cabotaje nacional sería un error estratégico para Argentina. Afirman que China, que ya tiene una fuerte presencia en la zona, se aprovecharía de la situación para aumentar su influencia en el país.
Mientras haciendo un análisis ligero de la situación, menos sectorizada, parcializada y politizada, el mundo funciona de esa manera y nadie por eso destiñó el color de su bandera.
Defensores del status quo (que todo cambie, para que nada cambie), indicaron que » ya Argentina pasó por un período de políticas desregulatorias, en la época del Ministro José Dromi en los 90′, donde sucumbio la Marina Mercante de Ultramar«, agregando que «la matriz impositiva, laboral y regulatoria de la actividad de cabotaje marítimo y fluvial bajo pabellón nacional no puede competir con el mundo«.
En conclusión, la derogación, enmienda y/o modificación de la Ley de Cabotaje Nacional sería una medida que tendría un impacto negativo en un sector minúsculo y parcializado de la actividad, que siempre vivió debajo del manto del Estado, regulando negocios y evitando la apertura al mundo como el resto de los paises civilizados, trasladando ineficiencia, burocracia administrativa y costos; sin poder estar expuestos a la libre competencia mundial en protección de un minúsculo grupo de trabajadores, gremios y empresarios del sector; algo muy similar a la retrógrada industria automotriz que paga el consumidor con pésima calidad y elevado costo.
