Aprueban ley para fomentar la investigación en el Mar Argentino; pero los barcos del Inidep siguen inactivos

En el marco de la iniciativa Pampa Azul, el Senado de la Nación aprobó ayer la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR).
La norma busca fortificar el conocimiento científico “como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos”. Entre sus objetivos también está apuntalar las innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación y el desarrollo de las industrias vinculadas al mar.
La ley, impulsada originalmente por los diputados Luis Eugenio Basterra y Guillermo Ramón Carmona (Frente para la Victoria) prevé también la creación de un fondo para sostener la iniciativa, cuyo monto inicial no podrá ser inferior a los 250 millones de pesos.
“El fondo estará destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesaria. Esto comprende contratación de personal, diseño y gestión de instrumentos de financiación, compra, reparación y mantenimiento de plataformas de investigación y formación de recursos humanos, entre otros fines”, según se informó.
Paralelamente y en contraste con la intención de los legisladores, los buques del Inidep siguen inactivos. Han estado en esa condición en el último año y medio. Las deficiencias técnicas de los buques y el paro del personal embarcado han mantenido amarradas a las tres unidades del instituto.
De esta manera, el único organismo técnico asesor del Estado nacional en materia pesquera no cuenta con campañas de investigación directas. En reemplazo, viene operando con información “precaria” proveniente de los observadores y las estadísticas de desembarques.
La problemática fue denunciada en reiteradas oportunidades por los mismos científicos agrupados en la Asociación de Profesionales del Inidep (API), los tripulantes en conflicto y los armadores, que advierten fuertes cambios en el ecosistema marino que no están siendo debidamente estudiados.
Los actores destacan que desconocer la dinámica de un recurso es hipotecar la sustentabilidad. Además, asoma un agravante: los datos no registrados se pierden para siempre, ninguna declaración o ley servirá para recuperarlos más tarde.