La industria pesquera de calamar en las Islas Malvinas enfrenta una crisis sin precedentes. En un contexto de cuantiosas inversiones en nuevos buques que rondan los U$S 265 millones, las autoridades Malvinas han decidido cerrar la segunda campaña de pesca de calamar, una medida sin precedentes que refleja la gravedad del deterioro del recurso.
Este cierre se debe a los alarmantes resultados de las prospecciones realizadas, que han arrojado la segunda peor estimación de biomasa desde 2008, muy por debajo del umbral de seguridad establecido.
El impacto económico de esta decisión es considerable, especialmente para las armadoras gallegas de Vigo y Marín, que tienen una participación significativa en la flota de 16 buques que operan en el caladero de las Malvinas. Estas inversiones, muchas de las cuales se destinaron a la renovación de la flota con unidades de última generación, ahora enfrentan una situación crítica debido a la falta de capturas y el consecuente desbalanceo financiero que ocasiona a las empresas.
El cierre de la campaña también anticipa un alza en los precios del calamar, lo que repercutirá en el consumidor final. A pesar de las millonarias inversiones y los esfuerzos por rejuvenecer la flota, la crisis del recurso podría forzar a las armadoras a explorar otras pesquerías en aguas internacionales, donde las capturas de especies como la merluza han sido más favorables, ergo con la consecuente desleal competencia en mercados compartidos por argentina, con posible fuerte impacto en Mar del Plata, a futuro.
El sector, ya golpeado por la subida de costes en construcción naval, combustible y licencias, se enfrenta a un panorama incierto. Aunque la asociación de armadoras FIFCA (Falkland Islands Fishing Companies Association), es decir joint ventures cuya participación mayoritaria se funda en empresas constituidas en las Islas Malvinas y el resto societario principalmente españolas, ha advertido sobre la gravedad de la situación, las expectativas de una reducción en los costos de las licencias son bajas. Por el contrario, se espera que la escasez de calamar en el mercado impulse los precios, profundizando la crisis tanto para las empresas como para los consumidores.
El tema de las licencias pesqueras en las Malvinas añade una capa más de tensión a una industria ya golpeada por múltiples factores. La gran incógnita que flota en el aire es si las autoridades de las islas reconsiderarán el exorbitante incremento del 22% que aplicaron este 2024, elevando el costo total de las licencias a unos U$S 18 millones.
La secretaria ejecutiva de la Asociación de Compañías de Pesca de las Islas Falkland, FIFCA, Cheryl Roberts hablando en nombre de los Productores del Grupo Loligo dijo, ”se trata de una situación por demás desafiante tras el cierre temprano de la segunda temporada en 2023; en efecto son los altos precios del combustible, los elevados costos de la cadena global de suministros con una pauta en materia inflacionaria no experimentada por años, y las sostenidas altas tasas de interés sobre préstamos justo cuando algo así como el 20% de la flota de captura del Loligo está en proceso o a punto de ser renovadas, con un costo significativo. No existen precedentes en la pesquería del Loligo que se movilicen barcos para la temporada y luego que la pesquería sea suspendida. El Grupo de Producción de Loligo reconoce la necesidad de un enfoque de precaución para la protección de las futuras temporadas. Pero una vez que estos factores se han acumulado, es altamente probable que el 2024 verá una caía en los beneficios de las empresas y de los aportes fiscales del sector y para ello actualmente estamos trabajando con nuestra membrecía para mejor comprender la situación. Permanecemos comprometidos a seguir trabajando en colaboración con el Departamento de Pesquerías en el tema a la búsqueda del mejor desenlace posible para la pesquería”, sentenció la señora Cheryl.
Sin embargo, entre los actores de la industria consultados, la esperanza de una reducción es prácticamente nula. La fe parece estar depositada únicamente en un eventual repunte del estado de la pesquería, lo cual se traduce en una nueva ironía: confiar en que la naturaleza corrija lo que la gestión no ha logrado prever.
Para el consumidor final, el panorama es desolador. Ante la incertidumbre de capturas y la escasez proyectada, se avecina un aumento en los precios del calamar, que inevitablemente repercutirá en los bolsillos de quienes disfrutan de este producto en su dieta. En un mercado donde la lógica de la oferta y la demanda no perdona, las armadoras parecen resignadas a trasladar estos incrementos a la cadena comercial, profundizando una crisis que cada vez más huele a mar revuelto.
Con respecto a la flota que aún permanece en la zona, las decisiones operativas estarán dictadas por la conveniencia y el pragmatismo. No se descarta que buena parte de los pesqueros migren a aguas internacionales, donde la captura de merluza o incluso del propio calamar está dando resultados más alentadores. Es una jugada que, si bien resuelve de forma temporal la ecuación económica, no deja de ser un parche a un problema estructural más profundo: la escasa previsión y adaptación de la industria a las fluctuaciones de un recurso tan volátil como el calamar.
No obstante, según lo ocurrido en la zafra de calamar dentro de la ZEEA, donde hubo un defasaje temporal anticipándose las capturas y un final casi nulo (muy al contrario del año 2023), esta situación en las Islas podría tener el mismo patrón por lo que los prejuicios podrían desdibujarse para el año próximo.
En resumen, mientras las autoridades malvinas parecen aferradas a su política de recaudar a cualquier costo, la industria pesquera intenta capear un temporal de incertidumbre con maniobras que van desde la especulación de precios hasta la búsqueda de otros caladeros. Lo cierto es que, en este juego de tensiones y márgenes ajustados, los verdaderos perdedores podrían ser tanto los productores como los consumidores.
