Un proyecto para instalar granjas de salmón en aguas circundantes a las Islas Malvinas ha abierto un debate que combina cuestiones ambientales, económicas y de soberanía. La iniciativa, impulsada por la firma Unity Marine —empresa de capitales británicos y daneses— propone una producción inicial de 50.000 toneladas anuales, con la meta de cuadruplicar esa cifra en el futuro.
La inversión estimada para la fase inicial es de 5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 6,7 millones de dólares) e incluye la instalación de ocho centros de cultivo ubicados entre tres y siete kilómetros de la costa de Isla Soledad, además de dos criaderos terrestres con sistemas de acuicultura de recirculación en Puerto Yegua y Puerto Nuevo.
La empresa, asociada con la consultora danesa F-Land ApS, ha realizado estudios sobre corrientes marinas y oleaje para identificar zonas óptimas y sostiene que aplicará tecnología avanzada y métodos sostenibles, con infraestructura alimentada parcialmente por energía eólica. El proyecto contempla el uso de redes antidepredadores, barcazas de alimentación a distancia y la importación de ovas y alimentos balanceados. Según su director, James Wallace, la iniciativa diversificaría la economía isleña, reduciría su dependencia de la pesca del calamar, -en franco retroceso-, y crearía empleos calificados que podrían favorecer el retorno de jóvenes formados en el exterior.
La decisión final no será inmediata. El legislador electo Mark Pollard informó que » la definición sobre la cría comercial de salmones quedará en manos de la próxima Asamblea Legislativa, que asumirá tras las elecciones generales«. Este órgano recibirá información técnica detallada y podrá decidir, si lo considera útil, realizar en enero de 2026 un viaje a países productores para evaluar sus experiencias. De concretarse, la consulta pública se iniciaría en febrero de ese año y se extendería por ocho meses. Las respuestas serían evaluadas entre abril y mayo, y el Consejo Ejecutivo elaboraría un informe final hacia junio de 2026. Conforme a un acuerdo judicial de junio de 2024, la decisión definitiva deberá adoptarse antes del 7 de marzo de 2027.
En Argentina, organizaciones como Por el Mar y Malvinas Libres de Salmón han expresado un rechazo frontal, advirtiendo sobre el riesgo de replicar impactos ya registrados en Chile, como contaminación por nutrientes, uso intensivo de antibióticos, escapes de peces y daño a ecosistemas nativos. Estos antecedentes fueron determinantes para que la provincia de Tierra del Fuego sancionara en 2021 la primera ley en el mundo que prohíbe la salmonicultura, estableciendo un precedente de protección ambiental en la región.
El debate trasciende lo productivo. La instalación de granjas de salmón se interpreta en sectores argentinos como una explotación unilateral de recursos en un territorio en disputa, sumándose a otras actividades extractivas en el archipiélago, como la pesca y la exploración de hidrocarburos.
En este escenario, la futura Asamblea Legislativa deberá ponderar los potenciales beneficios económicos frente a los riesgos ambientales y las implicancias geopolíticas, en un proceso que, según el calendario trazado, definirá el rumbo de la salmonicultura en el Atlántico Sur hacia mediados de la próxima década.
