Argentina atraviesa un momento de redefiniciones profundas en tres frentes decisivos: el mercado laboral, el régimen previsional y el sistema impositivo. Los cambios ya no son promesas: están en curso, instalados en la agenda legislativa y en las decisiones ejecutivas que orientan el rumbo del país. La Ley de Bases 27.742 y el extenso DNU 70/2023 marcaron un antes y un después, y lo que asoma en los próximos meses es la consolidación —y posible radicalización— de esa estrategia, según el propio gobierno.
El discurso oficial es claro: flexibilidad, simplificación y previsibilidad como ejes para incentivar el empleo, ordenar las jubilaciones y aliviar el esquema tributario. Pero detrás de esa narrativa, crece la tensión política y social: sindicatos en alerta, jubilados judicializando, provincias y municipios defendiendo recursos.
1) Mercado laboral: flexibilidad ampliada y nuevas reglas de juego
La primera ola de reformas ya dejó huellas visibles:
- El período de prueba se extendió a 6 meses en la mayoría de los casos, y puede llegar a 8 o incluso 12 en empresas pequeñas. Esto traslada riesgos de la contratación hacia el trabajador.
- Se blanqueó la validez de la tercerización, al reconocer la registración realizada por el empleador directo, despejando un terreno históricamente conflictivo.
- Nació la figura del independiente con colaboradores, que habilita a un autónomo a contratar hasta tres personas sin que exista relación laboral formal.
El Gobierno ya anticipó que tras las elecciones legislativas de octubre buscará avanzar en una segunda ola de reformas, –que debiese ser mas eficaz, profunda y decisiva que la tibieza con que se manifestó hasta ahora-: esquemas de primer empleo, pasantías, cambios en licencias gremiales y, especialmente, regulaciones sobre el derecho de huelga. De hecho, este año ya se endurecieron las exigencias de “servicios mínimos” durante paros en algunas actividades esenciales, medida que tensionó el vínculo con los sindicatos.
La dirección es inequívoca: mayor flexibilidad en las contrataciones, mayor formalidad en los esquemas freelance y part-time, y menor poder de presión sindical en sectores clave.
2) Régimen previsional: movilidad atada a la inflación y fin de la moratoria
El sistema previsional atraviesa una transformación estructural con tres puntos clave:
- Movilidad por inflación: desde abril, los haberes se actualizan mensualmente por IPC. La regla otorga previsibilidad fiscal, pero en un escenario de desinflación implica aumentos más bajos y pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.
- Fin de la moratoria previsional: a partir de marzo de 2025 ya no se puede “comprar aportes”. Quienes no completan 30 años de contribuciones solo acceden a la PUAM (80% del haber mínimo desde los 65 años). Esto achica la cobertura y empuja a una franja creciente hacia beneficios reducidos.
- Choque político: en julio, el Congreso aprobó un aumento extraordinario que fue vetado por el Presidente, consolidando el conflicto entre el Ejecutivo y la oposición en torno a los ingresos de los jubilados.
Lo que se proyecta es un esquema más contributivo y proporcional, con menos margen para beneficios extraordinarios y un inevitable aumento de la judicialización; es decir, el sistema que se está diseñando busca ser más equitativo, es decir, que cada persona aporte de manera proporcional a sus ingresos o posibilidades. Esto también implica que habrá menos oportunidades para obtener ganancias excesivas o beneficios desmedidos dentro del sistema. Sin embargo, como consecuencia, es probable que aumenten los conflictos legales (más personas y empresas acudirán a los tribunales para discutir o cuestionar las reglas).
3) Régimen impositivo: el regreso de Ganancias y la promesa de simplificación
En materia tributaria, los cambios también son de fondo:
- Ganancias sobre salarios volvió a aplicarse desde 2024, con escalas más progresivas y mínimos actualizados recientemente en julio de 2025.
- Se reforzaron controles de facturación y se exige mayor transparencia en la discriminación de impuestos, con la intención de exponer la verdadera carga tributaria.
El próximo paso será más ambicioso: una reforma tributaria integral que elimine tributos considerados distorsivos —como Ingresos Brutos y tasas municipales en cascada— para concentrar la recaudación en un “súper IVA”.
Esta agenda tropieza de inmediato con un obstáculo evidente: la resistencia de provincias y municipios, cuya supervivencia política depende de recursos obtenidos a través de presupuestos inflados y de una recaudación voraz que rara vez se traduce en servicios reales. El desfasaje es grotesco: mientras las arcas locales se engrosan con tributos que se multiplican bajo todo pretexto, la contrapartida para la sociedad es cada vez más pobre y degradada.
El ejemplo es palpable: en nuestra ciudad se cobra una tasa cada vez que se carga combustible en las estaciones de servicio del Partido de General Pueyrredón, supuestamente destinada a la reparación vial. Sin embargo, basta recorrer las calles para constatar la farsa: baches, asfaltos quebrados, destruidos e intransitables, veredas deshechas. Más tributos, peores servicios: la ecuación perfecta del fracaso estatal, sostenida por un aparato que exprime a los contribuyentes mientras devuelve miseria y deterioro en la vida cotidiana.
El Gobierno confía en que el superávit fiscal generado por el ajuste y el retorno de Ganancias le dará margen para negociar. Sin embargo, la pulseada política por la coparticipación y la autonomía provincial será decisiva.
Un mismo patrón: flexibilidad, previsibilidad y tensión social
Los tres frentes —laboral, previsional e impositivo— responden a una misma lógica: reducir rigideces, bajar costos y formalizar.
- En el trabajo: contratos más cortos, part-time y freelance con mayor cobertura legal, y límites crecientes al poder sindical.
- En jubilaciones: un esquema más estricto, contributivo y atado a la inflación, con la PUAM como piso mínimo.
- En impuestos: menos tributos dispersos, más recaudación concentrada y un retorno al impuesto sobre salarios altos.
La apuesta oficial es clara: generar empleo registrado, aliviar la presión fiscal sobre las empresas y garantizar equilibrio fiscal. Pero la contracara también lo es: riesgo de precarización laboral, jubilaciones más bajas en términos reales y una confrontación política con provincias y sindicatos que difícilmente se atenúe.
En este escenario, el sector pesquero y la industria procesadora vinculada se ven interpelados de manera particular. Se trata de un rubro intensivo en mano de obra estacional, con alta rotación de personal y fuerte dependencia de regímenes especiales de exportación e incentivos fiscales.
La flexibilización en los períodos de prueba y la habilitación de esquemas de contratación por horas o por proyectos encajan de lleno en la lógica de las flotas y plantas de procesamiento, que deben adaptarse a ciclos de captura y demanda internacional fluctuantes. La posibilidad de tercerizar formalmente servicios, desde estibaje hasta fileteado, ofrece un respiro legal a prácticas habituales que antes operaban en la informalidad y eran foco de litigiosidad.
Sin embargo, este rediseño laboral también abre interrogantes: la reducción de costos para los armadores y frigoríficos puede convivir con una mayor precarización del trabajador pesquero, cuya exposición a condiciones duras de faena y alta accidentabilidad exige marcos de protección más sólidos que los que garantiza la simple proporcionalidad de derechos.
En paralelo, la eventual reforma tributaria —concentrada en IVA y en la quita de tributos distorsivos— impactará en la competitividad exportadora del sector, que podría ganar agilidad impositiva, pero también perder beneficios diferenciales que históricamente sostuvo bajo regímenes específicos.
En síntesis, la pesca y su cadena industrial se insertan en este nuevo mapa como un sector beneficiado en términos de flexibilidad y costos, pero amenazado en términos de estabilidad laboral y previsibilidad social.
En definitiva, la Argentina de 2025–2026 se mueve hacia un modelo que privilegia la flexibilidad económica por sobre la protección social. El desenlace dependerá no solo de la eficacia técnica de las medidas, sino también de la capacidad política para sostenerlas frente a la resistencia de los actores que se sentirán desplazados; mientras todo pende de una vida macroeconómica donde evitar el endeudamiento y la emisión equilibrando a cero el déficit fiscal es condición necesaria, pero no suficiente para impulsar el desarrollo del país aletargado por 40 años de desidia, populismo y falsos profetas.
